Hacienda constata la existencia de irregularidades en contratos de obra pública de la trama de Ábalos y Cerdán

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno un informe en el que apunta a la existencia de irregularidades en la adjudicación de 11 contratos de obra pública del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos al frente del departamento. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, analiza cinco licitaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y seis de la Dirección General de Carreteras entre 2018 y 2021 bajo sospecha de haber sido amañados a cambio de supuestas mordidas por el entonces ministro, su exasesor Koldo García y el que fuera número tres del PSOE Santos Cerdán. Los expertos de Hacienda apuntan a la existencia en la mayoría de ellos de un patrón de irregularidades que se tradujo en el pago de sobrecostes. Los autores del documento no individualizan responsabilidades políticas y señalan únicamente a la dirección de obra y a los órganos de contratación de ADIF por supuestamente no ajustarse a la normativa vigente.

Uno de los elementos utilizados para los supuestos amaños fue darle más importancia durante la licitación a los “criterios evaluables como juicios de valor” hasta permitir a empresas que presentaban ofertas menos ventajosas económicamente para la administración superar las de otras con precios más bajos. La IGAE considera que este hecho condicionó de forma decisiva el resultado final del concurso público. Esta supuesta irregularidad ya fue puesta de manifiesto por la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en un informe del pasado junio incidía en la utilización, por parte de los presuntos implicados, de “una arbitraria sobrevaloración de la nota subjetiva” que les permitía “otorgar una puntuación global suficiente para ganar la adjudicación”. “De esta forma, únicamente requerirían que las notas de la valoración subjetiva fueran lo suficientemente altas con respecto al resto de licitadores, para compensar cualquier diferencia surgida de la puntuación obtenida de las ofertas económicas”, apostillaba entonces el documento policial en la misma línea apuntada ahora por la IGAE.

El informe también pone el foco en lo que califica de “mucha celeridad” con la que se aprobaron algunos expedientes, como el del soterramiento de las vías de tren a su paso por la ciudad de Murcia, en el que el proyecto, el gasto y los pliegos se validaron en pocos días de julio de 2018, cuando Ábalos llevaba semanas al frente de Transportes. “El expediente se inicia el 30 de julio de 2018, el pliego de cláusulas administrativas se informa el 30 de julio de 2018 y se aprueba el expediente, el gasto y el pliego el mismo 30 de julio de 2018 por el Consejo de Administración de Adif”, exponen los expertos de Hacienda.

La IGAE también detecta supuestas irregularidades en la fase posterior a la adjudicación de algunos de los contratos. Así, por ejemplo, ha constatado que en al menos tres de las obras examinadas se hicieron modificaciones del proyecto antes incluso de se comenzaran los trabajos con el argumento de que habían aparecido “defectos” en el planteamiento inicial de las obras. Los expertos de Hacienda destacan que estos cambios, que no estaban amparados por la ley de contratación pública, supusieron un incremento significativo del presupuesto inicial de la obra.

Sobre el supuesto amaño del contrato para de ampliación del Puente del Centenario en Sevilla ―una de las obras que cercan a Cerdán―, el informe de Hacienda destaca que el proyecto registró un sobrecoste de algo más de 5 millones de euros por una sobreestimación del precio del acero precisamente en una de las modificaciones del contrato. El contrato, licitado en septiembre de 2020 y que se adjudicó en mayo de 2020 a una unión temporal de empresas (UTE) en la que participaba Acciona, tenía un coste inicial de 88 millones de euros pero terminó elevándose dos años después por encima de los 102 millones.

Según un informe de junio, Ábalos y su exasesor iban a recibir presuntamente por esta adjudicación y otras dos más una mordida de 450.000 euros, que Koldo García reclamó a Cerdán sin éxito, según el contenido de las grabaciones realizadas por aquel e incorporadas a la causa. Cuando declaró en el Tribunal Supremo, Cerdán negó cualquier actuación irregular por su parte y justificó su interés en acelerar la obra del puente de la capital andaluza por su deseo de favorecer la campaña del candidato socialista en las elecciones municipales que se iban a celebrar en mayo de aquel año, Juan Espadas, para que repitiera como alcalde de Sevilla.