El Supremo envía a la Audiencia Nacional la investigación a Cerdán, Ábalos y Koldo García sobre amaño de obra pública

El Tribunal Supremo ha enviado a la Audiencia Nacional la investigación por el supuesto amaño en la adjudicación de obras públicas que implica a los ex secretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El magistrado Leopoldo Puente, que investigaba esta causa, ha tomado esta decisión después de que Ábalos renunciara la semana pasada al escaño como diputado del Congreso, lo que supone que deja de estar aforado y el Supremo pierde la competencia para instruir este caso. A partir de ahora, será el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno quién llevará la investigación.

El caso que llega ahora a la Audiencia Nacional empezó siendo una parte, aparentemente complementaria, de la investigación abierta por la supuesta trama de corrupción en el Ministerio de Transporte durante la etapa de Ábalos, pero ha acabado convirtiéndose en una causa independiente que ha aumentado la presión contra el PSOE porque implica a los dos primeros secretarios de Organización de Pedro Sánchez en el partido. Tras el paso dado por el Supremo, la Audiencia Nacional acumula tres investigaciones sobre la supuesta corrupción en el Ministerio de Transportes y el PSOE en la etapa de Ábalos y Cerdán: las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19 que no afectan Ábalos; la abierta por los pagos en metálico en el PSOE; y las supuestas adjudicaciones de obras públicas a cambio de comisiones. El Supremo, por su parte, se queda solo con la parte de las mascarillas que implica al exministro de Transportes; a quien fuera su asesor, Koldo García; y al excomisionista Víctor de Aldama, una investigación que ya está terminada y solo está pendiente de que se fije la fecha para el juicio.

En un auto dictado este lunes, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente explica que un acuerdo de pleno de la Sala Segunda, del 2 de diciembre de 2014, establece que en las causas contra aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal que debe juzgar el caso, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado. Esto, en el caso de Ábalos supone que el caso de las mascarillas se tiene que juzgar en el Supremo, ya que el exministro dimitió cuando el instructor ya le había mandado juicio; en cambio, la investigación por el amaño de obras públicas, que todavía tiene mucho recorrido por delante, ya no es competencia del alto tribunal.

En la causa que quedará ahora bajo la dirección del juez Moreno están investigados, además de Cerdán, Ábalos, Koldo García y Aldama, ocho empresarios que, supuestamente, participaron en el supuesto amaño de obras públicas a cambio de comisiones; José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC); los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR); Fernando Merino, Justo Vicente Pelegrini y Manuel García Alconchel y Tomás Olarte, de Acciona; y Joseba Antxon Alonso, de Servinabar, una empresa navarra de la que, según los investigadores, Cerdán tenía el 45% de las participaciones.