El Gobierno pacta con Podemos aprobar este martes una regularización extraordinaria de migrantes

Podemos ha anunciado este lunes un acuerdo con el Gobierno para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes que podría beneficiar a 500.000 personas. La medida, reclamada también por Sumar, socio del Ejecutivo, y el resto de grupos de izquierda, verá la luz verde en el Consejo de Ministros de este martes. El partido ha explicado que podrán acogerse a ella quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud a quienes puedan acreditar una residencia. Fuentes del partido han subrayado que la iniciativa, adelantada por Cadena SER, no necesita pasar por el Congreso para su convalidación, donde tendría muy difícil conseguir la mayoría.

“Hay personas que en España viven con miedo a que la policía los pare”, ha relatado Irene Montero, eurodiputada y apuesta del partido para las próximas generales, recordando el asesinato a tiros de un migrante el sábado en Estados Unidos por la policía de Donald Trump (ICE). “No podemos aceptar que haya gente que vive con miedo y sin derechos. No podemos aceptar la violencia racista. El racismo se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, asesinan, nosotras damos papeles. Traemos una noticia importante. Podemos ha conseguido un acuerdo con el PSOE para que el Gobierno apruebe de inmediato una regularización extraordinaria de personas migrantes”, ha anunciado arrancando los aplausos del auditorio en un acto sobre migración convocado aún el domingo a última hora para esta tarde y en el que se ha deshecho en halagos a la secretaria general de su formación, Ione Belarra, a quien le ha reconocido el peso de las negociaciones.

Fuentes de Podemos han precisado que el pacto se articulará a través de un Real Decreto que aprobará el Ejecutivo y que no requiere su ratificación en el Congreso. “La medida podría beneficiar a más de millón de personas, que podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio”, añaden. “Este avance, que Podemos ha negociado durante meses y que es también fruto de la movilización constante de los colectivos sociales, es una medida urgente y de justicia social que reconoce los derechos de cientos de miles de personas que viven y trabajan en nuestro país, pero a las que hasta ahora se les negaban derechos básicos en un ejercicio de racismo institucional que solo alimenta la explotación y el odio racista”.

El requisito de la permanencia en el país podrá acreditarse con documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte, por ejemplo. En el momento de presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona, y cuando se admita a trámite se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería, según explican las mismas fuentes.

La propuesta estaba contemplada en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue admitida a trámite en el Congreso en abril de 2024, pero que llevaba más de año y medio bloqueada por la falta de acuerdo de los grupos. El pasado octubre, Sumar, con quien los de Belarra mantienen una fuerte pugna electoral, reclamó al PSOE para que aprobara en el Gobierno esa regularización antes de que acabase el mes, pero el acuerdo nunca llegó. El anuncio, que ha tomado por sorpresa al socio minoritario, llega además en plena campaña aragonesa, donde el partido se mide a la coalición entre IU y Sumar.

El precedente es la regularización masiva impulsada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que afectó entonces a más de 500.000 inmigrantes. Su Gobierno había reformado un año antes la ley de extranjería para permitir ese trámite, que en ese caso contó con el consenso de todas las fuerzas políticas, agentes sociales y ONG, aunque tampoco fue necesario su paso por las Cortes.