El Gobierno apuesta ahora por la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes

Lo que ayer era una medida innecesaria que la Unión Europea no permitiría, hoy es una salida inevitable. La regularización de inmigrantes —estancada en el Congreso desde hace más de un año― nunca fue una apuesta del sector socialista del Gobierno, pero en las últimas semanas ha ganado una fuerza inesperada. Ahora corre prisa. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a unos 400.000 extranjeros se plantea ahora, según confirman a EL PAÍS varias fuentes gubernamentales y parlamentarias, como la vía ideal para corregir los agujeros que ha dejado el nuevo reglamento de extranjería, que puede empujar a miles de personas a la irregularidad.

La regularización extraordinaria empezó a tramitarse en el Congreso en abril del año pasado. Tras la recolección de 600.000 firmas y con el respaldo de 900 organizaciones sociales, la iniciativa lograba la luz verde de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox. Ni el PP ni el PSOE eran muy partidarios de la medida, pero a los primeros los presionó la Conferencia Episcopal y a los segundos sus socios de Gobierno. Ninguno quedaba bien en la foto impidiendo su trámite parlamentario. Así, el PSOE se abrió al debate, apostó por que se tramitase, pero su postura partía de que la reforma del Reglamento de Extranjería, que se estaba elaborando en ese momento, era la verdadera solución estructural para resolver la situación de los extranjeros en situación irregular. Ni siquiera la ministra de Migraciones, Elma Saiz, quiso comprometer el apoyo de su partido. En una entrevista con EL PAÍS realizada en noviembre, Saiz evitó hasta en cuatro ocasiones responder a si el PSOE apoyaría la regularización si se votaba en el Congreso.

Con muchas discrepancias entre los grupos, las negociaciones han ido avanzando, pero muy lentamente. Hasta hoy, que varios ministros socialistas (Justicia, Hacienda y, ahora, Migraciones) han puesto el pie en el acelerador.

¿Por qué ahora el PSOE apuesta por una medida que nunca terminó de gustarle? Parte de la respuesta se encuentra en La Moncloa. Dos fuentes distintas explican que Pedro Sánchez ha mostrado un especial interés en medidas relacionadas con los extranjeros. Las considera prioritarias. No solo por sacar a un número importante de personas de la irregularidad, sino porque son constantes los llamamientos de sectores productivos quejándose de falta de mano de obra, afirman estas fuentes.

Una búsqueda en Google lo constata. En una charla informativa del pasado 1 de abril, la Secretaría de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, reveló que Sánchez animó a acelerar la aprobación del nuevo Reglamento de Extranjería, que entrará en vigor este martes. “No lo hicimos con el tiempo que nos hubiera gustado, porque hubo un momento en que una decisión política que emana del propio presidente del Gobierno nos dice que es algo prioritario y que tiene que estar cuanto antes en vigor”, dijo Cancela. Y, según las fuentes consultadas, ha habido otras intervenciones presidenciales que no han trascendido. Entre ellas, la que ha provocado este giro del PSOE. Sánchez animó a que se aplicase a todo el territorio la regularización de los 23.000 inmigrantes afectados por la dana.

La voluntad del presidente se convirtió de repente en el mecanismo idóneo para enmendar los fallos que había dejado el reglamento, un texto que elimina obstáculos, pero que abrió grietas que perjudicarán a miles de personas. El texto, recurrido por varias organizaciones ante el Supremo, entrará en vigor el próximo 20 de mayo y hay poco margen para mejorarlo por las vías convencionales.

La nueva norma aligera los trámites en muchos supuestos y facilita la obtención de permisos, pero perjudicará a miles de solicitantes de asilo que acabarán sin papeles y tendrán que abandonar sus puestos de trabajo para sumergirse en la clandestinidad. Actualmente, hay más de 275.000 personas que alegaron que su vida está en riesgo si volvían a sus países y que esperan una respuesta a su solicitud de asilo en España. A la mayoría se les denegarán sus solicitudes por no cumplir con los requisitos, pero hasta ahora, esa negativa no era un problema tan grave. Tras años viviendo y trabajando en España, lograban con cierta facilidad una autorización de residencia y trabajo por arraigo. Hasta que el reglamento ha complicado esta vía. A partir del martes se les obligará a pasar entre seis meses y dos años en la irregularidad para obtener sus papeles.

El texto también impone nuevas barreras a los jóvenes migrantes tutelados y extutelados que verán cómo se endurecen los requisitos para conseguir sus autorizaciones de residencia y trabajo. El caso de este colectivo es paradigmático porque uno de los últimos cambios de este reglamento fue precisamente para facilitarles los trámites, con unos resultados que la propia ministra de Migraciones ha celebrado.

La ILP, dependiendo de cómo se redacte, puede ejercer de coche escoba y rescatar a todos los que se queden fuera de los canales formales. “Tenemos un problema si no sale”, reconocen fuentes socialistas. “Y debería ser antes del verano. Después, todo [en referencia a la agenda política y parlamentaria] se complicará”. Es una apuesta arriesgada, teniendo en cuenta el clima de rechazo contra los inmigrantes que se ha impuesto en medio mundo y no se descarta el tirón de orejas de la UE, pero su propia naturaleza popular sirve de escudo, destacan fuentes gubernamentales. “Es una medida que emana del Parlamento, no del Gobierno”.

El runrún ya está instalado en los diferentes grupos políticos y en las organizaciones que impulsaron esta iniciativa. Según dos diputados involucrados en la negociación, el Gobierno ha planteado un nuevo texto cuya redacción aspira a incluir al mayor número de beneficiarios posibles para poner el contador a cero. El texto está siendo negociado primero con Podemos —que difícilmente podrá rechazarlo a pesar de estar en pie de guerra contra el Ejecutivo— pero es cuestión de tiempo que llegue al resto de los grupos. Una de las claves a partir de entonces estará entonces en qué hace el PP y cuánto le aprietan los obispos.