La búsqueda contra reloj de los migrantes víctimas de la dana: “Vivía en una casa afectada, pero no lo puedo demostrar”

“¡Salta!”, escuchó Tatiana Quimbaya en las horas más críticas de la dana de Valencia. Esta mujer colombiana de 45 años recorrió a pie el municipio de Alfafar cuando la enfurecida corriente desarmaba todo a su paso. Cuenta que, con el agua hasta la cintura, sorteó el flujo de vehículos y muebles arrastrados para reunirse con su hija de 15 años en Benetússer. “¡Yo te agarro, tú salta!”, le gritó un residente que la ayudó a cruzar en estas condiciones. Quimbaya se aferra a este relato y al testimonio de un par de vecinos para demostrar que vivía en una zona afectada por la riada. Sin documentos que acrediten su residencia en este municipio —como el empadronamiento fundamentalmente, pero sin otras pruebas como certificados médicos o escolares—, no podrá acogerse al recurso de regularización extraordinaria que planteó el Gobierno central para dotar a la población migrante de un permiso de residencia por un año.

La medida entró en vigor el 14 de febrero de este año y estableció como plazo máximo para la presentación de solicitudes el 14 de mayo. En principio, solo aquellos extranjeros empadronados (o con cita para hacerlo) en algunos de los 83 municipios afectados antes del 4 de noviembre podrán acogerse a este recurso. Aunque un comunicado posterior de la Oficina de extranjería de Valencia declaró que también se aceptaría partes favorables de los ayuntamientos —conocidos como informes de residencia efectiva—, siempre que estos se encontrasen previamente validados por Servicios Sociales o el mismo ayuntamiento. A mediados de abril, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comunicó que había recibido 23.000 solicitudes, de las cuales el 95% tenían una resolución favorable.

“Hay un problema muy grave y es que mucha gente no ha podido ni podrá beneficiarse de esta regularización porque no puede acceder ni al padrón ni al documento facilitado por el ayuntamiento”, explica Ana Ferrer desde las oficinas de la asociación Valencia Acoge, una organización dedicada al apoyo de migrantes. En la mesa de Ferrer se acumulan las carpetas de migrantes que buscan a contrarreloj obtener estos documentos para no quedarse fuera de la regularización extraordinaria. ”Hemos recibido cerca de 400 solicitudes y aproximadamente un tercio no dispone de empadronamiento”, expone. En un comunicado reciente, Extranjería aclaró que incluso con un certificado de residencia efectiva válido, se rechazarán los casos de migrantes no empadronados en la provincia de Valencia.

El problema de fondo está en el tipo de vivienda al que pueden acceder los extranjeros en situación irregular, apunta Ferrer. “Al carecer de una fuente de ingresos demostrable, deben acudir a un mercado de vivienda precario, donde abundan pisos patera con hasta 12 inquilinos en departamentos de dos o tres habitaciones y donde, por obvias razones, no se pueden empadronar todos. También hay casos de migrantes cuyos arrendatarios reciben ayudas del Estado y que, en teoría, no pueden alquilar su vivienda a nadie, por eso se niegan a registrar a sus ocupantes; y otros espacios que simplemente no tienen cédula de habitabilidad como sótanos o almacenes, que son arrendados a familias enteras”, plantea la educadora social.

Este fue el caso de Leidy Piedrahita, que aterrizó en España el 23 de septiembre de 2024 desde Armenia, una ciudad al oeste de Colombia. Piedrahita y sus dos hijos llegaron a alojarse en el monasterio de los Dominicos, en la parte alta del municipio de Torrent, en un espacio que una mujer alquilaba sin permiso de los religiosos. Varios inquilinos que pasaron por el lugar denunciaron las duras condiciones de los cuartos arrendados. Piedrahita abonaba hasta 400 euros por una habitación que compartía con su familia y durante el primer mes vivió bajo la promesa de que pronto recibiría una cita para empadronarse.

“El empadronamiento es un derecho para quienes llegan a vivir a España, posean papeles en regla o no”, esclarece Pilar Serrano, abogada de Valencia Acoge, “les permite tener acceso a prestaciones esenciales como sanidad o educación para tus hijos, pero muchos migrantes creen que no pueden reclamar nada dada su condición administrativa”. Un estudio de Oxfam calcula que en la Comunidad Valenciana residen cerca de 40.000 ciudadanos en condición irregular. Esta cifra supera el censo de localidades como Paiporta (25.000), Catarroja (30.000) o Aldaia (32.000).

Piedrahita, de 30 años, acudió al ayuntamiento para obtener certificado de padrón varios días después de la riada, pero su nombre no constaba en la lista de turnos de la casa municipal, pese a la promesa de la supuesta arrendataria. “Nos dijeron que si la mujer que nos alquilaba no se apersonaba en el trámite, no podían hacer nada”. A los pocos días tuvo que abandonar la habitación y desde entonces vive en Pobla Llarga, a 80 kilómetros de la Valencia, a la espera de una llamada de Servicios Sociales que finalmente certifique que fue afectada por la dana. “Le han denegado el padrón pese a que residía en un inmueble, en teoría, gestionado por el Ayuntamiento de la ciudad”, señala Ferrer. Torrent aparece citado en el informe de Síndic de Greuges de 2024, un documento con recomendaciones a la Administración, por “no ofrecer información correcta personas en situaciones de especial vulnerabilidad” en su obtención del padrón. Hasta la publicación de este reportaje, el municipio no ha respondido a la solicitud de información emitida por este diario.

Según Ferrer, hay oficinas municipales que son más flexibles a la hora de realizar el informe de vivienda efectiva, pero que hay otras que se “están desatendiendo por completo”. Considera que Extranjería ha dejado a criterio de las administraciones locales la decisión de emitir o no informes que los migrantes afectados puedan adjuntar en sus solicitudes, lo que ha derivado en una especie de “lotería” de certificados entre los pueblos afectados por el episodio climático. La asociación Por ti mujer advierte sobre la preocupante situación que este panorama crea: “Obliga a muchos extranjeros, especialmente mujeres y sus familias, a depender de intermediarios que cobran tarifas abusivas a cambio de agilizar la obtención de estos documentos, pero sin ninguna garantía”.

Desde la Plataforma Intercultural de España, una entidad que reúne a más de 80 asociaciones compuestas por migrantes, comparten el malestar. Su presidente, Eduardo Bejar, manifiesta que es cierto que hay algunas administraciones locales que se han mostrado flexibles, pero suscriben que ante “el miedo a un efecto llamada” —que inunde de solicitudes las oficinas municipales—, algunas otras están denegando el certificado, incluso si los migrantes poseen pruebas de que vivían en la zona durante y antes de la noche de la riada. Los solicitantes han llegado a las oficinas de Servicios Sociales con toda la evidencia que han podido juntar, añade Ferrer; certificados del centro de salud cercano, denuncias, documentos firmados por la Cruz Roja, fotos o vídeos. A Ferrer le consta que algunos ayuntamientos han firmado informes teniendo en cuenta estas pruebas.

Francisco Mora, presidente del Observatorio Valenciano de Migraciones, ratifica que la oficina de Extranjería está siendo flexible a la hora de aceptar documentos oficiales de los municipios o pedanías afectadas que no son precisamente certificados de empadronamiento. Posee, como evidencia, un expediente resuelto favorablemente por Extranjería donde un solicitante únicamente adjuntó una carta firmada por el alcalde de una pedanía afectada por la dana.

Quimbaya no desiste en la misión de conseguir uno de estos documentos. Se mudó a Benetússer a penas cinco días antes de que ocurriera la dana que dejó 228 muertos el pasado 29 de octubre. Y se encontraba a la espera de que el dueño del inmueble, que vive fuera del país, le enviara una copia del contrato para formalizar el empadronamiento. Pero tras la inundación, no constaba en las listas municipales como vecina de Benetússer. Relata que perdió su trabajo, que cobraba sin un contrato de por medio, en una empresa de servicios de limpieza en Paiporta. Se esfuerza en enseñar evidencia en el móvil de los días previos a la tragedia. “Sí ve, esta es mi hija ayudando a repartir comida en el pueblo”, describe junto a un vídeo donde aparece la menor de edad entregando víveres a los afectados. Una vecina de su piso en Benetússer confirma que Quimbaya se había mudado al edificio días previos a la riada. La oficina de Servicios Sociales de este municipio se ha negado a realizar declaraciones para EL PAÍS tras ser consultada sobre este caso.

“Vamos a gastar los últimos cartuchos disponibles”, comparte Ferrer. La asociación se ha dedicado, en una primera fase, a entregar todos los expedientes que tenían todos los documentos en regla, incluyendo el certificado de empadronamiento. Durante lo que resta de días hasta la fecha límite se enviarán el resto de solicitudes adjuntando las pruebas que han traído los solicitantes. “Llegan y nos piden que quieren intentarlo de todas maneras”, zanja. Una respuesta afirmativa podría marcar el inicio de una nueva vida en España.