Los negociadores de la paz con las FARC piden garantías para la oposición política en Colombia

Romper de una vez por todas el vínculo entre política y armas en Colombia era uno de los principales propósitos del proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC, hoy desarmada y convertida en un partido político con representación en el Congreso. Por eso, el magnicidio del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido la madrugada de este lunes en el hospital de Bogotá donde era atendido después de sufrir un brutal atentado hace dos meses en un acto de campaña, “es también un durísimo golpe” a los históricos acuerdos sellados a finales de 2016, han advertido este martes Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, los arquitectos de esa negociación.

Miguel Uribe era una de las mayores figuras de la oposición política en Colombia, al ser el primer renglón de la lista al Senado del Centro Democrático, el partido de derecha fundado por el expresidente Álvaro Uribe, recuerdan De la Calle y Jaramillo en un duro comunicado en el que ventilan una vez más sus reparos a la política de paz de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea. Es “imperativo” que el Gobierno se tome en serio su responsabilidad de proteger a los líderes de oposición, concluyen.

El llamado de los antiguos negociadores de paz llega en momentos de creciente zozobra de cara a la incipiente campaña para las elecciones legislativas y presidenciales del 2026. Entre los muchos pronunciamientos, se destaca el del secretario general de la ONU, António Guterres, quien instó este lunes a las autoridades colombianas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar unas elecciones nacionales pacíficas, incluyendo garantías para la seguridad de todos los candidatos. “En un Gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición”, concedía el propio presidente Petro en sus condolencias. “Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el Gobierno, la prioridad”, valoraba en ese mensaje.

“Siempre dijimos que un principio y un objetivo fundamental del Acuerdo era romper el vínculo entre política y armas. Eso supuso, por una parte, el desarme de las FARC y su tránsito a la vida civil en el marco de un acuerdo que deja sin piso cualquier noción de lucha armada”, recuerdan en su comunicado De la Calle y Jaramillo, los jefes negociadores del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018). Y por la otra, subrayan, el propio acuerdo de paz dice que “en un escenario de fin del conflicto se deben establecer las máximas garantías posibles para el ejercicio de la política”, y en particular “unas mayores garantías para el ejercicio de la oposición política”.

“Era evidente para nosotros que con el fin del conflicto armado la política se haría más álgida, y que al mismo tiempo existirían riesgos, como en todos los procesos, de que disidentes o enemigos del proceso cometieran hechos violentos”, escriben De la Calle y Jaramillo. Por eso, en desarrollo de los acuerdos, los delegados del Gobierno se comprometieron a pasar por el Congreso un Estatuto de Garantías para el ejercicio de la Oposición Política y a crear un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Ese Estatuto fue aprobado por el Legislativo en 2018, y es gracias a él que los partidos que se declaran en oposición adquieren derechos como responder al discurso del presidente de turno en la instalación del Congreso y en sus alocuciones. También, obtener un escaño legislativo cuando no ganan una elección, como ocurrió con el propio Petro cuando perdió la segunda vuelta del 2018 ante Iván Duque –copartidario de Miguel Uribe en el Centro Democrático, férreo opositor a los diálogos de paz–.

Los negociadores enfatizan que “de todos estos derechos de la oposición tal vez ninguno es más importante en Colombia que el derecho a la protección”, y por eso el Estatuto establece programas de protección y seguridad para las organizaciones políticas declaradas en oposición. El acuerdo también requiere “la promoción de la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización”, para que “se promueva el respeto por quienes ejercen la oposición política”. “Estas no pueden seguir siendo palabras sin sentido”, se lamentan De la Calle y Jaramillo en una de sus críticas más de fondo. La actitud del presidente Petro frente al Sistema Integral de Seguridad y la promoción de la convivencia, se lamentan, “ha sido la misma que ha tenido frente a todo el Acuerdo: de desdén e indiferencia, por no decir de desprecio”.

Los máximos representantes del Gobierno Santos en los diálogos con las FARC han ventilado en más de una ocasión sus reparos a la política de paz total, con la que Petro se proponía negociar en simultáneo con todos los grupos armados. Tanto De la Calle como Jaramillo se han mostrado particularmente críticos con la idea de reabrir mesas con las llamadas disidencias, grupos que se apartaron del acuerdo de paz. Aunque la Fiscalía ha sido cauta con respecto a las investigaciones por el magnicidio de Miguel Uribe, y no descarta ninguna hipótesis, otras autoridades han apuntado a la Segunda Marquetalia, la disidencia de Iván Márquez, el otrora jefe negociador de los rebeldes que retomó las armas.

En lugar de implementar el acuerdo de paz, el Gobierno de Petro “empodera a las bandas y disidencias sentándose con ellas sin unos propósitos y métodos claros y sin un marco legal”, le reclaman De la Calle y Jaramillo. “Y si resulta cierto, como todo indica, que los responsables del crimen atroz son las disidencias y en particular la llamada Segunda Marquetalia, veremos toda la dimensión de esta terrible equivocación. Que les caiga todo el peso de la ley”. El Ejecutivo, concluyen, debe tomarse en serio “su responsabilidad legal y constitucional de proteger a la oposición política, como a los firmantes de paz, implementando el Sistema Integral y fortaleciendo las tan debilitadas capacidades de inteligencia del Estado”.