Los obispos redoblan la presión al Congreso para regularizar inmigrantes: “Trabajan por el bien común”

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, ha llamado este viernes al entendimiento “entre los dos grandes partidos”, refiriéndose al PP y al PSOE, para aprobar la Iniciativa Legislativa Popular admitida a trámite hace más de un año que pide la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes. El proyecto recogió casi 612.000 firmas validadas por la Oficina de Censo Electoral, por lo que ha declarado que su tramitación en el Congreso de los Diputados es “por madurez democrática”. García Magán ha manifestado en la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria de los obispos que estas personas “trabajan por el bien común” y ha puesto especial énfasis en el papel de la mujer migrante, que “se encuentran en muchos casos en una situación de fragilidad laboral y vulnerabilidad”.

El secretario de la CEE ha recordado que la legislación actual “hace casi imposible el reagrupamiento familiar” y ha afeado que dicha legislación “sea demasiado exigente” a la hora de conceder el estatuto de refugiado. Muy contundente, el obispo ha incidido en que España “fue un país de emigrantes y de emigración”, cuando en los años cincuenta y sesenta había españoles en “Suiza, Francia o Alemania, trabajando para conseguir un mejor bienestar a su familia”.

Respecto a la postura de Vox, un partido autodeclarado católico y con una postura antiinmigración marcada, sobre esta cuestión, ha reiterado que “la Iglesia no tiene un partido político” y que ninguna fuerza parlamentaria “agota el Evangelio”. Ha recordado que los católicos “tienen la libertad” de apoyar la formación política que consideren.

Estas palabras reiteran la postura proinmigración de la Iglesia católica. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, instó en una rueda de prensa el pasado lunes a PP y PSOE a impulsar esa regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes. Esta iniciativa legislativa popular fue admitida a trámite en el Congreso de los Diputados hace más de un año. La Iglesia, a través de la CEE, Cáritas y Confer (entidad colegiada que reúne a las más de 300 órdenes y congregaciones religiosas) fue una de sus principales impulsoras. Además de la cuestión humanitaria, Argüello expuso que aprobar esta propuesta “es también una llamada a superar polarizaciones estériles y abordar los graves problemas comunes desde legítimas diferencias, pero buscando puntos de encuentro” y ofreció que el clero actúe como “un cauce que facilite el encuentro y el diálogo”.

La Iglesia ha incidido numerosas veces en su postura proinmigración. Hace ya más de un año, el mismo César García Magán, declaró que “las fronteras no las puso Dios” y arremetió contra la relación entre la migración irregular y la delincuencia a la que la ultraderecha recurre constantemente: “No se puede hacer la ecuación: Inmigrante es igual a delincuente, es igual a ladrón, es igual a violador. Es una injusticia identificar inmigración ilegal con eso”. Argüello, llegó a decir ante la prensa que “ningún ser humano es ilegal”.

Apoyo “total” al diálogo por la resignificación del Valle

Un camión del pseudosindicato ultra Hazte Oír conducía alrededor de la sede de la CEE en Madrid. En sus pantallas se podían leer consignas como “resignificación es profanación”, refiriéndose al proceso de diálogo abierto entre el Ejecutivo y la Iglesia para desprenderse de los vestigios franquistas en el Valle de Cuelgamuros. Preguntado por esto, García Magán ha manifestado el respaldo “total y unánime, sin ninguna voz discrepante” de los obispos en el proceso de diálogo con el Gobierno. El portavoz de los obispos también ha asegurado que en ese proceso “los monjes han participado” y que le consta que José Cobo, arzobispo de la diócesis de Madrid, “se ha entrevistado” con ellos.

Con respecto a los escraches y la manifestación en la puerta de la CEE de grupos contrarios a este proceso, el obispo ha señalado que “la realidad de las personas que había era muy heterogénea”. “Había gente que vino a hablar, gente que vino a escuchar y gente que vino a gritar y a insultar, algunos con actitud un poco violenta”, ha subrayado. En la misma línea, ha destacado que estas personas provienen de “distintas pertenencias eclesiales y extraeclesiales”. Ha remarcado que el derecho a manifestación “es un derecho fundamental”, pero siempre “dentro del respeto debido”.

García Magán ha declarado que “hay unas notas intercambiadas con el Gobierno”, pero que aún no se han materializado en un acuerdo. Entre las exigencias de la Iglesia están la conservación de la basílica y el mantenimiento del culto católico, la “presencia de una comunidad monástica en el lugar” y no destruir la cruz. De estos tres puntos, solo ha trascendido que el acuerdo del Ejecutivo con la Santa Sede permite que la comunidad benedictina permanezca allí, un hecho para el que “no había alternativa”, como señalaron fuentes del Ministerio de Presidencia a EL PAÍS.