Abascal ataca a los obispos por Jumilla: “No sé si su posición es por los ingresos públicos que reciben o por los casos de pederastia”

A Santiago Abascal no le ha sentado nada bien que la Conferencia Episcopal saliera públicamente en defensa de la comunidad musulmana de Jumilla (Murcia) y advirtiera de que la moción promovida por el partido ultra y enmendada por el PP para impedir que celebre sus festividades religiosas en el polideportivo municipal atenta contra el principio de libertad religiosa y los derechos humanos. El líder de Vox ha arremetido contra “una parte” de la jerarquía eclesiástica, según sus palabras, llegando a sugerir que está comprada y que su falta de críticas al Gobierno se debe a las subvenciones públicas que recibe, directamente o a través de las organizaciones caritativas que atienden a los inmigrantes. Incluso ha insinuado que la Iglesia no avala muchas posiciones de su partido porque está “amordazada” por los casos de pederastia denunciados en su seno.

Abascal nunca ha ocultado sus discrepancias con la posición de la Iglesia católica ante la inmigración y siempre se mostró displicente con el anterior pontífice, el papa Francisco, al que se refería como el “ciudadano Bergoglio”, mientras cultivaba relaciones con los sectores más reaccionarios de la curia, aunque tuvo exquisito cuidado de evitar cualquier choque con el episcopado, consciente de que la mayor parte de sus votantes son católicos. Sin embargo, las críticas de la Conferencia Episcopal a la escalada islamófoba emprendida por su partido, con los disturbios de Torre Pacheco o la moción de Jumilla, le han hecho responder con una virulencia sin precedentes.

“La verdad es que estoy perplejo y entristecido ante una parte de la jerarquía eclesiástica”, ha declarado a Bipartidismo Stream, un canal de Youtube de extrema derecha. “No es solo su posición en materia de inmigración o frente al islamismo extremista que avanza, sino su silencio ante muchas políticas de este Gobierno. De las políticas de género se habla poquito, del derecho a la vida de los no nacidos, de los ancianos al final de su vida”, ha enumerado, en alusión al derecho al aborto o la eutanasia. “Cuando Vox propuso que se escuchara el latido fetal”, ha recordado, refiriéndose a la propuesta que hizo el entonces vicepresidente castellano-leonés Juan García Gallardo, “recibimos el reproche del secretario general de la Conferencia Episcopal. Por eso digo ‘una parte de la jerarquía’. Me refiero a una persona en este caso, su posición ante el Valle de los Caídos, su posición ante tantas cosas”, ha continuado.

El señalado por Abascal es Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), quien defendió el acuerdo alcanzado entre la Iglesia y el Gobierno para mantener el culto católico en la basílica de Cuelgamuros despojando al recinto de su simbología franquista.

“No sé a qué se debe. No sé si se debe a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos”, ha proseguido Abascal, adentrándose ya en el terreno de las insinuaciones. “No sé si se refiere esta debilidad o este silencio a los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayuda a la inmigración ilegal, donde probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas [los inmigrantes] sino también al sostenimiento de estructuras” de la Iglesia, como Cáritas.

Dando un paso más, ha añadido: “No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia que la tienen absolutamente amordazada ante las acciones de determinados gobiernos liberticidas que van contra nuestra identidad, incluso contra la libertad religiosa y contra la fe en muchos casos. No sé por qué es, pero asisto perplejo a estas posiciones”. En realidad, los obispos han mantenido un duro pulso con el Gobierno, que aún no se ha resuelto, sobre cómo reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia. El Ejecutivo mantiene la propuesta plateada por el Defensor del Pueblo de crear un fondo para indemnizar a las víctimas que sea supervisado por un organismo público. Pero la jerarquía eclesiástica no solo se niega sino que lo ve como un ataque directo.

No parece, en todo caso, que las críticas de la Iglesia vayan a hacer mella en Abascal o hacerle cambiar de posición respecto a los musulmanes que viven en España. Al contrario. Tras declararse “católico”, asegura que él tiene “una responsabilidad política y la va a ejercer”. “Cada palo que aguante su vela”, ha dicho. Para concluir con una velada advertencia a los obispos: “Si otros no ejercen su responsabilidad, tendrán que dar cuentas ante otras personas o en otras instancias”.

Demanda de la federación islámica

Por su parte, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) ha anunciado este domingo que interpondrá una demanda de impugnación “ante los tribunales competentes para restablecer el derecho de la comunidad musulmana a utilizar los espacios públicos en igualdad de condiciones con el resto de confesiones religiosas” en la localidad murciana de Jumilla, cuyo Ayuntamiento aprobó a finales de julio una enmienda que busca vetar las celebraciones musulmanas en las instalaciones públicas deportivas. EL objetivo de la medida (aprobada por el gobierno municipal del PP con la abstención de Vox) es defender las “costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas, como ‘la Fiesta del Cordero”.

El presidente de la FEERI, Mounir Benjelloun, firma el comunicado difundido este mediodía por la entidad musulmana “en representación de miles de fieles musulmanes en todo el territorio nacional”, donde manifiesta " su profunda preocupación y rechazo" ante la moción aprobada por el consistorio jumillano y pide su “inmediata revocación”. Así lo justifica Benjelloun en el documento: “Esta decisión supone un acto de discriminación institucional, contrario al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe cualquier discriminación por razón de religión. Asimismo, vulnera el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, así como la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa y el Acuerdo de Cooperación entre el Estado Español y la confesión musulmana (Ley 26/1992), que le reconoce el derecho a celebrar actos religiosos en espacios públicos en igualdad de condiciones que otras confesiones”.

La FEERI solicita, del mismo modo, ”la adopción de medidas activas contra el discurso de odio y la islamofobia“. En una entrevista a este periódico publicada este domingo, Benjelloun afirmó que la entidad que preside ya estaba estudiando tomar medidas en los tribunales. También aseguró que el caso de Jumilla no es asilado. Unas declaraciones que vuelve a incluir en el comunicado de este domingo. “Estos hechos no son aislados: se producen en un clima de discurso de odio promovido por sectores de la ultraderecha, en especial Vox, y respaldado de forma muy preocupante por el Partido Popular en determinadas localidades. Este discurso busca enfrentar a los ciudadanos y estigmatizar a comunidades religiosas enteras, vulnerando los valores democráticos y la convivencia pacífica que defiende nuestra Constitución”, dice el presidente islámico, que también ofrece al partido de ultraderecha sentarse para tener un “diálogo constructivo” “en favor de una España plural, respetuosa con todas las creencias”.