El PSOE acepta la oferta de los obispos para reunirse y tratar la regularización de inmigrantes

El Grupo Parlamentario Socialista ha aceptado la oferta de los obispos españoles de mantener un encuentro para “valorar” la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la regularización de inmigrantes. “Estaríamos encantados de vernos, si es posible, el próximo 10 de junio, a las 18 horas, en el Congreso de los Diputados”, dice una carta fechada este lunes y firmada por Montserrat Mínguez, secretaria general del grupo socialista. La misiva llega casi dos meses después de que el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo Luis Argüello, enviase una carta a los grupos mayoritarios del Congreso para intermediar entre ellos y llegar a un acuerdo que impulsase la aprobación de la regularización de más de medio millón de inmigrantes. “Es también una llamada a superar polarizaciones estériles y abordar los graves problemas comunes desde legítimas diferencias, pero buscando puntos de encuentro. Queremos promover una alianza social que lleve la esperanza a quienes están excluidos de la regularización y viven en una tierra de nadie que no propicia nada bueno. Estamos dispuestos a ofrecer un cauce que facilite el encuentro y el diálogo”, dijo Argüello durante el discurso inaugural de la plenaria de los obispos de marzo.

Cuando el líder de los obispos reclamó al PSOE y al PP que impulsaran la IPL —que son propuestas de cambio legislativo impulsadas por al menos 500.000 ciudadanos—, tanto los socialistas como los populares se habían instalado en el no. El PP porque mantenía un discurso más cercano a Vox y contrario a este tipo de iniciativas, y el PSOE porque se escudaba en que en ese momento estaban en plena reforma del Reglamento de Extranjería.

Ahora, tras el cambio de las normas del reglamento, el PSOE apuesta por sacar adelante la ILP, en parte para corregir los agujeros que ha dejado la reforma y que puede empujar a miles de personas a la irregularidad, tal y como ya le advirtieron numerosas entidades que pasaría, entre ellas, la Conferencia Episcopal Española.

Así dijo Argüello en marzo: “Quienes no cumplan el requisito de dos años de permanencia o personas que no puedan demostrar fehacientemente su estancia durante ese periodo; las personas indocumentadas sin posibilidad de recibir documentos de su país de origen; las personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad o enfermedad crónica; quienes estando en posibilidad de trabajar no pueden aceptar una propuesta de empleo por no estar ‘regularizados’ ni pueden ‘regularizarse’ por no aportar un contrato laboral; los solicitantes de protección internacional, a quienes se deniega su solicitud; y las familias con niños y adolescentes que estén en situación de irregularidad administrativa”.

La Iglesia española fue una de las grandes impulsoras de la ILP, promovida por centenares de organizaciones. Bajo el paraguas eclesiástico se encontraban Cáritas, la CEE y la Confer, esta última es la entidad colegiada que reúne a las más de 300 órdenes y congregaciones religiosas de España. El proyecto recogió casi 612.000 firmas validadas por la Oficina de Censo Electoral. La iniciativa se paralizó en noviembre tras la modificación del Reglamento de la ley de extranjería y ahora está a la espera de ser votada. Pero, de momento, tanto Junts como el PP —a pesar de que votaron a favor de su toma en consideración en 2024— han adelantado que no la apoyarán. El PP, que también recibió una carta de la Conferencia Episcopal Española, se ha negado a responder a este periódico por qué no ha contestado a los obispos.

Un acuerdo entre PSOE y PP sería “un ejercicio de regeneración democrática”, ha subrayado Argüello desde el registro de la ILP Argüello. El arzobispo ha recordado en varias ocasiones que la CEE reconoce “el derecho del Estado de regular los flujos migratorios” —en colaboración con los países de origen y combatiendo las mafias”—, pero siempre defendiendo la dignidad humana. “Ante la situación de estos miles de personas, especialmente niños, enfermos, trabajadores, ¿qué hacer, expulsarlos a todos o abordar la manera de regularizar su situación?”, dijo el pasado marzo.