Claves | ¿El veto del PP y Vox a las fiestas musulmanas en Jumilla es inconstitucional? ¿Es antiislámico?

El ambiente islamófobo que ha recorrido en los últimos meses la Región de Murcia se ha materializado en una primera medida municipal: la enmienda aprobada la semana pasada por el Ayuntamiento de Jumilla (de 27.263 habitantes) que busca vetar las celebraciones musulmanas en las instalaciones públicas deportivas para defender las “costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas”.

La moción presentada por Juan Agustín Navarro, el único concejal de Vox instaba “a prohibir la celebración pública de la denominada Fiesta del cordero y otras conmemoraciones similares ajenas a nuestras tradiciones por tratarse de prácticas incompatibles con la identidad y usos y costumbres de la nación española”.

El PP enmendó el texto por contener puntos que vulneraban la Constitución (como el de “instar a las autoridades competentes que impidan la consolidación de prácticas culturales foráneas”) y reformuló los “acuerdos” para recogerlos en dos medidas: una, que hace referencia explícita a la defensa de la “identidad”, “los valores” y “manifestaciones religiosas tradicionales” de España; otra, en la que insta a modificar el Reglamento de Uso y Funcionamiento de Instalaciones Deportivas Municipales para que se usen “exclusivamente para el ámbito deportivo” y no para “actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento”. Finalmente, el texto del PP salió adelante con los votos de los 10 concejales del partido del gobierno municipal y la abstención de Vox.

La medida se ha sentido como un ataque directo dentro de la comunidad musulmana española. Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas explicó este miércoles a este periódico, cuando trascendió la noticia, que “es una normativa discriminatoria para que solo los musulmanes no puedan disfrutar de sus fiestas”. En Jumilla unos 1.500 de los vecinos profesan dicha confesión.

La aprobación de una medida que puede afectar al derecho al culto de una minoría religiosa, ¿no vulnera la Constitución? José María Contreras, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Pablo de Olavide y que desempeñó, entre otros cargos, el puesto de director general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia entre 2008 y 2010 lo explica con detalle: “No, porque no prohíbe un acto religioso en concreto, sino todos. Sería inconstitucional si se hubiera aprobado el texto que se presentó primero [el de Vox], porque ningún poder público puede optar en favor de una creencia frente a otro. Está violando el principio de igualdad”.

Contreras afirma que este discurso es antiislámico, porque va dirigido contra un grupo que profesa esa religión concreta. Y añade que en los últimos años no ha habido un proyecto deficiente de inclusión, que no solo depende del esfuerzo de la persona inmigrante, sino también de los residentes. “Tenemos que adoptar unos valores donde todos nos sintamos identificados”, dice el especialista, que presagia que “estos conflictos que estamos viendo estos meses irán a más”.

Preguntado por cómo afecta esta medida de forma particular a la comunidad musulmana, que es la única confesión que hasta ahora había solicitado para grandes celebraciones el uso de estas instalaciones, Contreras destaca que su aprobación, en todo caso, podría entenderse como “discriminación indirecta”. Es decir, “aquella medida que se sabe que solo puede afectar a un grupo. Aquella que aparentemente es neutral, pero va dirigida contra un grupo determinado. Pero eso es más difícil de demostrar”.

El que fuera director general de Relaciones con las Confesiones señala que una de las claves puede estar en qué sucederá cuando lleguen las fechas de estas celebraciones (el próximo marzo y junio de 2026) y si esta comunidad podrá ejercer su derecho al culto religioso. “¿Lo celebrará en la calle?“, dice Contreras. En esos casos, el permiso para reunirse se solicita a delegación del Gobierno. ¿O si, por el contrario, el Ayuntamiento concede el permiso a una entidad privada para hacer un evento que no sea deportivo? Ahí se vería si la medida es una discriminación indirecta”, añade.

Las celebraciones en cuestión son el Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán, y el Eid al-Adha o la fiesta del cordero, que rememora la prueba de fidelidad Dios a Abraham cuando le ordenó que sacrificase en su nombre a su primogénito (Isaac en el caso de la tradición judeocristiana e Ismael para la islámica). Justo antes de que el patriarca bíblico asestase una puñalada a su hijo, un ángel le detuvo por orden divina y le entregó un carnero para que lo inmolara. Ambas son efemérides religiosas importantes para los musulmanes (la del cordero, por su carácter de reunión familiar, comparte rasgos con la Navidad) que, tradicionalmente, arrancan con un rezo colectivo. De ahí que cada año las comunidades musulmanas se agrupen en grandes espacios de todo el mundo para pronunciar conjuntamente sus oraciones.

En Madrid, por ejemplo, unas 5.000 personas se congregan en las pistas deportivas del parque Casino de la Reina, en el barrio de Embajadores. Pero las asociaciones musulmanas de la capital llevan años acusando al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida de “discriminación religiosa” por poner trabas administrativas. Este año, que la fiesta cayó el 6 de junio ―como ocurre con el calendario litúrgico católico, las celebraciones siguen el calendario lunar― el Consistorio solo le ofreció el espacio para un día después. En Ceuta y en Melilla, territorios españoles, ambas celebraciones son festivos locales.

La aprobación también ha provocado el rechazo de activistas, expertos y los partidos políticos de la oposición, que tildan la aprobación como una escalada institucional a raíz de los eventos de Torre Pacheco, la localidad murciana donde a finales del pasado julio estalló una oleada de disturbios xenófobos por grupos de extrema derecha.

Paulino Ros, experto y autor del blog Islam en Murcia recalca que no es la primera acción de este tipo del partido de extrema derecha: “Vox siempre va a máximo. El objetivo de hacer ruido lo ha conseguido. Esto no es nuevo, llevan mucho tiempo con propuestas de este tipo en la Región de Murcia. De hecho, quieren cambiar el día de la región, el 9 de junio, al 2 de febrero para rememorar cuando Jaime I conquistó la ciudad”. Ros añade que el fin de la formación ultra es “sembrar odio” a toda la cultura marroquí.

El experto subraya que estas “trabas” se extienden por toda España. En su región, cita una lista de municipios donde las comunidades sufren “discriminación religiosa” y la “pinza” de PP y Vox hace “todo lo posible por dificultarle la vida”, especialmente a la hora de realizar festividades en lugares públicos o abrir una mezquita. “En Loca llevan años con un local alquilado y por la negativa de los vecinos y ahora del Gobierno del PP y Vox no pueden abrir. Es un lugar de rezo, no de terrorismo como dicen”.