Países Bajos e Islandia se sumarán al caso del Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por genocidio en Gaza

El Ministerio neerlandés de Asuntos Exteriores ha anunciado este jueves que presentará argumentos ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) en el caso de genocidio contra Israel por la guerra en Gaza. Las alegaciones jurídicas de Países Bajos se centran en el desplazamiento forzado, el trato a los niños y la retención de la ayuda humanitaria, que pueden llegar a constituir actos de intención genocida, según anunció el TIJ. En 2023, Sudáfrica acusó a Israel de incumplir sus obligaciones respecto a la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948).

Países Bajos espera que los jueces “tengan en cuenta que el hambre o la retención deliberada de la ayuda humanitaria se ha producido con una intención específica”. Y que cuando esto ocurre, “es sobre la base de un plan concertado de un patrón de conducta coherente”. El genocidio es el crimen más difícil de probar porque requiere un alto nivel de evidencias: la intención específica de destruir a un grupo concreto. A escala internacional, la postura del Gobierno es más directa, aunque se ha opuesto, en el ámbito nacional, a demandas de ONG palestinas y neerlandesas por el suministro de armas a Israel durante el conflicto.

Sudáfrica abrió este caso ante el TIJ en 2023, acusando a Israel de incumplir sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948. Establecida tras el Holocausto, tipifica dicho delito como “la destrucción intencionada, total o parcial, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Es un tratado internacional emanado de la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha sido ratificado o al que se han adherido 153 estados. Israel hizo ambas cosas en 1948, y cualquiera de los países firmantes puede intervenir ante el TIJ cuando esté en disputa su interpretación.

En 2024, durante la fase de audiencias, Sudáfrica señaló la existencia de una “retórica genocida” entre los líderes políticos y militares de Israel que permeó hasta llegar a los soldados sobre el terreno. Esa oratoria, que incluía llamamientos a denigrar y destruir a los palestinos, demostraba, según Sudáfrica, la intención necesaria para cometer genocidio. Israel, que acudió a La Haya, sede del TIJ, para defenderse, negó en 2024 que la guerra en Gaza constituya un genocidio. Calificó de infundado el caso y alegó que, de no repeler a la milicia islamista Hamás, quedaría indefensa.

En un proceso separado, el Tribunal Penal Internacional (TPI) —que es otro tribunal con sede en La Haya, pero que juzga a individuos, no Estados— ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por utilizar el hambre como arma de guerra. El argumento aquí es el bloqueo de la ayuda humanitaria y otros suministros, aunque la acusación es por crímenes de guerra.