El gran dilema de los solicitantes de asilo político ante la regularización del Gobierno

A las diez de la noche, unos disparos contra la casa colmaron la paciencia y el miedo de la familia de Zenayda Serrano, acostumbrada a meses de acoso con tipos armados frente a su puerta y en el colegio de su hija menor, en El Salvador de Nayib Bukele. Las llamadas a la policía ya no servían, nadie venía en defensa del matrimonio de abogados ambientalistas que había peleado contra la extracción de oro y minería metálica, consiguiendo una prohibición en todo el país. Agarraron sus cosas y con el apoyo de organizaciones de refugiados acabaron en el valle de Arratia, Bizkaia. Allí viven desde hace nueve meses en un alojamiento de acogida con sus dos hijas y ayuda para la alimentación. Con su proceso de asilo sin resolver y a punto de solicitar cita para prorrogarlo, ha llegado la regularización de medio millón de migrantes que ofrece ahora el Gobierno, una lotería para muchos extranjeros que a la familia de Zenayda le representa un dilema: seguir con la solicitud de protección internacional o tratar de regularizar su vida de otra forma. “Es un gran dilema, sí, nos alegramos mucho por todos los que tienen ahora una puerta abierta para conseguir sus derechos y un salario justo, pero nosotros necesitamos que se reconozca que hemos huido de un país que no respeta los derechos humanos y tenemos documentación robusta para demostrarlo”, dice Zenayda por teléfono desde el País Vasco.

España recibió el año pasado 144.396 peticiones de protección internacional y aunque resolvió más de 160.000 de ese y otros años, solo resultaron favorables unas 17.900. Aún quedan 230.000 por estudiar, según Interior, un gran atasco tras años de máximos consecutivos en solicitudes. Más de tres años lleva esperando por su estatus de refugiada la cubana Marta María Ramírez, nieta de republicanos españoles que acabaron en la isla buscando lo mismo que ahora busca ella, protección internacional. La simple solicitud de asilo permite la estancia regularizada en el país con ciertos derechos, como un permiso de trabajo, y, como los trámites se alargan por años, algunos inmigrantes están usando esa vía para conseguir formalizar sus papeles. Un “coladero”, han criticado algunos. Pero también llegaban miles huyendo de guerras y persecuciones, de modo que el sistema ha experimentado un colapso que deja sin el cobijo merecido a muchas personas vulnerables.

La regularización anunciada ahora los ha metido a todos en el mismo saco, si quieren utilizar esa vía, pero Marta María se resiste a ello. “No he tomado una decisión todavía, pero no quiero renunciar a mi derecho de asilo. Llevo tres años con la solicitud y no me dan cita. Estoy con la incertidumbre de no apuntarme a la regularización y que después no me concedan tampoco la condición de asilada. Y más con las declaraciones que se oyen en España por parte de la ultraderecha, que quieren cazarnos, dicen, esa ha sido la palabra”, cuenta horrorizada esta periodista, que vive en Madrid con su hija de siete años.

“Si renuncio al asilo, el peligro para mí permanece ahí, porque me siguen intimidando con amenazas por redes sociales, el Estado cubano tiene tentáculos por todas partes. ¿Cómo lograremos reconstruir Cuba un día si no hay memoria ni registro de que hemos sido perseguidos?”, lamenta. Opina que el Estado español debe tomar ese compromiso: “No quiero vivir al margen de los derechos internacionales y eso solo es cuestión de voluntad política”, asegura. La regularización, afirma, le ha puesto entre la espada y la pared y de las voces que pasan por su cabeza no sabe si atender a la de mujer extranjera que necesita una estabilidad o a la de activista perseguida que busca el reconocimiento de sus derechos: “No quiero aguarle la fiesta a los que conseguirán ahora regularizar su situación, considero que esas 700.000 firmas [de la iniciativa legislativa popular que dio origen a esta regularización] son una gran victoria de la sociedad civil, pero a los refugiados nos obligan a irnos otra vez al margen”, añade.

Y piensa en los que están por entrar a España como ella entró un día, dejando atrás a la policía apostada en su puerta, los interrogatorios, las amenazas de quitarle a su hija y tantas otras cosas. “¿Cómo defenderemos la democracia en nuestros países si hemos renunciado a nuestros derechos? Sentaríamos un pésimo precedente, pero en España, con Cuba se mira para otro lado”, critica.

“La presentación de la solicitud supondrá la paralización con suspensión de cualquier plazo que esté pendiente de cualquier otra solicitud de protección internacional […]”, dice el decreto del Gobierno para la regularización de medio millón de extranjeros que no tienen papeles legales. Así pues, son dos procesos incompatibles, como denuncia la jurista especializada en protección internacional Adilia de las Mercedes, quien reclama que el nuevo decreto de regularización “indique expresamente la compatibilidad con el derecho al asilo, ya que esta omisión podría suponer retrocesos en los casos de personas perseguidas en sus países de origen y rebajaría la protección efectiva que debe brindarles el Estado español en cumplimiento de sus obligaciones internacionales”.

De las Mercedes, cofundadora de DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos, opina que “la ausencia de compromiso del Gobierno de coalición con la protección de las personas refugiadas se demuestra con la práctica imposibilidad de obtener citas para solicitar asilo desde 2018, mientras ahora ofrece tramitar entre 500.000 y casi un millón de expedientes de personas extranjeras en solo tres meses”, compara. No obstante, la abogada se muestra satisfecha con el “enorme avance” que supone la anunciada regularización para “el reconocimiento de los derechos para los migrantes”, pero que, para el caso de las personas refugiadas, dice, “cualquier vía que no sea el estatuto de asilo supone la ausencia de reconocimiento de graves vulneraciones de derechos humanos y la impunidad de los Estados que persiguen a defensores y activistas”, entre otros casos. “La autorización de residencia que la regularización extraordinaria plantea es solamente por un año, frente a la residencia permanente que las personas refugiadas obtienen cuando se les reconoce la protección internacional”, explica.

España es el tercer país de la Unión Europea con más peticiones de asilo, por detrás de Alemania y Francia, y en 2024 se alcanzó un récord, con 167.366 solicitudes, que el año pasado cayeron un poco, hasta las 144.396. Venezuela y Malí son ahora los países que más usan ese proceso, pero también Colombia, Perú o Senegal. Y nunca faltan quienes llegan huyendo de dictaduras como la cubana o la nicaragüense o de las condiciones opresoras de El Salvador. Zenayda y Marta María siguen esperando a que España les resuelva un procedimiento que, como explicó la ministra de Migraciones, Elma Saiz, muchas otras veces lo necesitaron los españoles que tuvieron la mala suerte de pasar una guerra o un exilio forzado.