Feijóo acusa a Sánchez de alterar el censo con los inmigrantes pese a que no podrán votar de forma inmediata

El Partido Popular se ha hecho eco de una teoría que prende en las redes sociales promovida sobre todo por Vox y que agita el miedo a un supuesto aumento masivo del censo electoral a consecuencia de la regularización extraordinaria de inmigrantes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez “no tiene derecho a aumentar el censo en más de 800.000 personas”, pese a que los extranjeros regularizados no podrán votar en las próximas convocatorias electorales: ni en las municipales ni en las generales previstas para 2027.

Como norma general, los inmigrantes que obtengan ahora un permiso de residencia tendrán que esperar cinco años para poder ejercer el derecho al voto, y solo en las elecciones municipales y los que procedan de países con un convenio de reciprocidad con España. Los migrantes que procedan de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o sefardíes, después de dos años de residencia podrán solicitar la nacionalidad española, en virtud de la cual sí podrían votar. Esto es, como mínimo en 2028. En todo caso, ni unos ni otros llegarían a tiempo de las convocatorias de 2027.

Feijóo ha cargado hoy desde Figueruelas (Zaragoza) contra la regularización extraordinaria que el Gobierno ha aprobado por decreto tras el impulso por parte de la Iglesia católica y otras entidades sociales a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegó al Congreso con más de medio millón de firmas. Y lo ha hecho replicando los argumentos de que esta medida motivará un “efecto llamada” (que no se ha comprobado con procesos de Gobiernos anteriores), y añadiendo uno nuevo: que detrás hay un supuesto “objetivo electoral y electoralista”, subrayan fuentes de Génova, por un incremento del censo electoral que, sin embargo, no afectará de forma directa al Gobierno, porque no operará en las elecciones municipales ni generales previstas para 2027. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ido más lejos y ha manifestado que la regularización de migrantes es “una trampa” que “puede alterar el censo electoral”.

Feijóo ha criticado que la regularización “va contra la mayoría del Congreso y contra la política europea pactada” y ha instado a Sánchez a “llevarla al Congreso, que se debata y que se vote”, aunque no es necesario porque se ha aprobado por decreto. Y ha añadido: “No tiene derecho [el Gobierno] a incrementar el censo con la ley de nietos y con la regularización de la inmigración de más de 800.000 personas”.

El líder del PP ha mezclado dos cuestiones: la regularización aprobada esta semana por el Gobierno y la concesión de nacionalidades en virtud de la ley de memoria histórica, que comenzó en 2007 y ha seguido en la ley de 2022 con nuevos requisitos. Sin embargo, en el primer caso, el de la regularización, los extranjeros que se acojan no podrán votar en las elecciones generales de 2027 ni en las municipales de ese año. Pese a que el Gobierno de Sánchez no podría beneficiarse de forma inmediata (en el supuesto de que todas esas personas decidieran votar al PSOE), Génova insiste en que la medida “busca rédito electoral” a base de “comprar una deuda de gratitud para futuros votantes”.

Todos los Gobiernos desde la restauración de la democracia, salvo el de Mariano Rajoy, han aprobado regularizaciones de inmigrantes. José María Aznar (PP) regularizó aproximadamente a medio millón de personas en varios procesos, y los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero a unas 570.000 y Felipe González a otras 140.000.

En las municipales de 2023 tuvieron derecho a voto un total de 455.024 residentes en España nacionales de 13 países extracomunitarios.

El segundo supuesto, el de la concesión de nacionalidades, está previsto en la Ley de memoria desde 2007, aunque en 2022 se añadieron nuevos requisitos. La Disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática establece que “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil”.

El Gobierno de España, según datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha concedido hasta el momento 237.145 nacionalidades a descendientes de exiliados republicanos, en virtud de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Desde la aprobación de la Ley en octubre de 2022, se han presentado un total de 876.321 solicitudes en las oficinas consulares. El país que ha registrado un mayor número de peticiones es Argentina.