La reubicación en la Península de menores migrantes llegados a Canarias apenas alcanzó el 30% el año pasado

La situación de hacinamiento de menores migrantes llegados a Canarias ocasionó el año pasado un cambio en la normativa que obligaba al resto de comunidades autónomas a hacerse cargo de forma solidaria de un porcentaje de estos chavales. Pero no se ha avanzado mucho. Los datos presentados este viernes por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, indican que apenas se han reubicado a 157 menores, un 29,6% “de los que se podría haber trasladado”, es decir, de los 529 expedientes que el Gobierno ya ha finalizado. Ceuta y Melilla presentan mejores cifras, con un 74,4% y un 72,4% de reubicaciones, aunque el número de chicos en estos casos es mucho menor. El Gobierno se queja de la lentitud de Canarias y Canarias se defiende alegando que envía al Gobierno entre 50 y 60 expedientes semanales, pero que no logran reubicar a los menores por la negativa de algunas comunidades autónomas a aceptar las resoluciones, lo que ha obligado incluso a acudir a los tribunales, como en el caso de Madrid, dicen. El cruce de acusaciones reedita casi de forma idéntica las discrepancias que ya mantuvieron el Gobierno y las islas a finales de 2024 para el traslado a la Península de los menores no acompañados que habían solicitado asilo.

A instancias del Tribunal Supremo, que dio un plazo ineludible al Gobierno para acoger a esos menores, la cuestión del asilo se fue resolviendo a toda prisa, y el año pasado salieron hacia la Península 436 muchachos que habían solicitado protección internacional; otros 131 se quedaron en las islas en centros acondicionados por el Ministerio de Migraciones. Pero muchos otros menores han ido llegando a las islas y a Ceuta y Melilla, hasta sobrepasar por tres veces la capacidad de acogida de estos territorios. Cuando eso ocurre, hay que efectuar un reparto solidario, en virtud de una ley que se aprobó con el voto en contra de Vox y del PP. Las comunidades del PP se han resistido a recibir a estos niños y han llevado su reclamación a los tribunales. Así lo han hecho Madrid, Baleares, Aragón, Andalucía, la Comunidad Valenciana y la de Castilla y León. A ellas se sumó Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page. Los intentos de Madrid por frenar esta llegada de menores no han tenido éxito en los tribunales. Sin embargo, los mandatos judiciales se enredan en la maraña burocrática de los expedientes de traslado de los migrantes, algunos de los cuales van cumpliendo la mayoría de edad y saliendo de la lista.

Ángel Víctor Torres ha asegurado este viernes en Las Palmas de Gran Canaria que un total de 877 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla han sido reubicados en otras comunidades autónomas en los últimos cuatro meses tras la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. El Gobierno defiende que la medida —que ha introducido un mecanismo para derivar a estos chavales que se encuentren en una comunidad con declaración de contingencia migratoria— ha permitido aliviar el hacinamiento en los territorios de frontera.

La reforma de la ley de extranjería establecía, además del reparto de menores migrantes no acompañados que ya estaban en territorio español, la reubicación en un plazo máximo de 15 días de aquellos que siguieran llegando con esa misma condición. Para los que ya estaban antes de la reforma legal de agosto de 2025, se estableció un límite de un año, que expira en marzo de 2026.

El Gobierno prevé completar dentro de plazo todas las reubicaciones cuyos informes autonómicos fueron emitidos hasta noviembre de 2025. En total, ya se han reubicado más de 1.300 menores, combinando los procedimientos de extranjería y los vinculados al sistema de asilo. Estas cifras reflejan un proceso de reorganización en curso, que avanza hacia la descongestión de los territorios más afectados y la garantía de una atención más equilibrada y adecuada en todo el país, según el Gobierno.

El ministro ha atribuido parte del retraso en Canarias a la falta de remisión de expedientes por parte de la Administración autonómica. En el caso canario, afirmó que el Ejecutivo regional debía haber enviado antes del 21 de noviembre del año pasado un total de 2.133 expedientes para cumplir los plazos legales fijados hasta marzo de 2026, pero solo se remitieron 432. “Si tuviésemos todos los expedientes, estaríamos ya trabajando con ellos”.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha contestado que la comunidad autónoma está cumpliendo con el envío de expedientes de menores migrantes no acompañados al Estado y ha precisado que no se trata de 400, sino de más de 700, casi 800, los expedientes que se remiten de forma continuada al Gobierno, a un ritmo de 50 a 60 semanales.

La situación canaria contrasta con la de Ceuta y Melilla. En la ciudad autónoma de Ceuta, el 80% de los expedientes ya resueltos han derivado en traslados efectivos, mientras que en Melilla la ejecución supera el 70%, según los datos oficiales presentados.

En cuanto a los menores solicitantes de asilo, Torres ha manifestado que el Gobierno ha dado “cumplimiento completo” a los autos del Tribunal Supremo. De los 567 menores identificados como solicitantes de protección internacional en Canarias, 436 ya se encuentran en el territorio peninsular y el resto permanece de forma temporal en las islas por razones de arraigo o proximidad a la mayoría de edad, en coordinación con la Fiscalía.

El ministro ha defendido la continuidad del real decreto ley que modificó el artículo 35 y ha advertido de que su pervivencia depende del respaldo parlamentario. Aunque ha evitado anunciar cambios normativos inmediatos, ha reiterado la voluntad del Gobierno de seguir aplicando la ley más allá de marzo de 2026 y mantener un sistema “estructural y solidario” de distribución de menores entre comunidades.

Torres ha anunciado además nuevas reuniones de coordinación en Ceuta en febrero y en Melilla en marzo, con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento y reclamar el envío de los expedientes pendientes. “La cooperación institucional es imprescindible para que esta política funcione”.

El ministro ha cargado también contra el Partido Popular y Vox, a los que responsabiliza de poner en riesgo la continuidad del nuevo sistema de reubicación de menores. Torres ha recordado que ambas formaciones votaron en contra de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería y ha advertido de que su eventual derogación supondría “volver a concentrar a los menores en Canarias, Ceuta y Melilla”, sin mecanismos de solidaridad interterritorial. “El riesgo de que este avance no se mantenga en el tiempo tiene nombre y apellidos”, afirmó, en referencia directa a los dos partidos.

El titular de Política Territorial ha citado además varias resoluciones judiciales recientes que han avalado la actuación del Gobierno frente a los recursos presentados por administraciones gobernadas por el PP, como la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Según Torres, los tribunales han dado prioridad “al interés superior del menor y a la defensa de los derechos humanos” frente a las iniciativas para frenar los traslados, y rechazó los discursos que vinculan la llegada de menores migrantes con problemas de convivencia o aumento de la delincuencia. “Cerca de mil menores han sido reubicados con normalidad en el conjunto del país”.