El Gobierno afirma que ya ha dado asilo en sus centros a los niños extranjeros de Canarias

La Secretaría de Estado de Migraciones afirma que ya ha concluido con los requerimientos del Tribunal Supremo, que en su último pronunciamiento de octubre dio de plazo hasta este viernes para que el Gobierno se hiciera cargo de unos 600 menores extranjeros que estaban en Canarias y habían solicitado protección internacional. El Gobierno se ha visto obligado a adaptar en un tiempo récord numerosas instalaciones para alojar a estos chicos, cuya tutela siempre recayó en las comunidades autónomas a las que llegaban. Canarias, desbordada por las llegadas de embarcaciones, llevó al Supremo la situación de quienes piden protección internacional y el alto Tribunal dictaminó que ya fueran adultos o menores, el asilo debía correr a cargo del Gobierno.

Una nota de la Secretaría de Migraciones informa de que se han abierto en total 817 plazas donde se ha ido reacomodando a chicos y chicas que provienen de realidades “especialmente vulnerables”. Hasta la fecha, indican, tienen sitio para un centenar de personas más, que no tardarán en llegar a medida que arriben embarcaciones a las costas canarias y el gobierno de la comunidad “vaya realizando los traslados y trámites pertinentes”.

El Ministerio de Migraciones y la Administración canaria han acumulado malentendidos que han demorado el traslado de esos muchachos, pero ahora la situación parece discurrir con suavidad: “Hoy ponemos fin a un proceso, pero continuamos con el trabajo de colaboración entre administraciones para, mientras no exista un pronunciamiento en firme del Tribunal Supremo, seguir trasladando, si es el caso, a otros niños y niñas solicitantes de protección internacional, a nuestro sistema”, señala la secretaria de Migraciones, Pilar Cancela, en la nota emitida. Y añade: “No podemos olvidar que el Gobierno canario sigue siendo el tutor de los menores de edad y, por tanto, la colaboración es fundamental para garantizar su acogida plena y las necesidades de cada uno de los niños y niñas”.

La Secretaría no ha querido desglosar cuántos chavales han sido trasladados a la Península ni cuántos permanecen en Canarias. Ha indicado solamente que “además de abrir numerosos centros en diversas localidades peninsulares”, ya disponen “de dos recursos” en las islas con “carácter de permanencia vinculado a las necesidades individualizadas de cada menor”, donde también se valorará la integración de los muchachos en Canarias y, si procede, su tránsito a la vida adulta. El centro estatal Canarias 50, tradicionalmente para adultos, ha sido adaptado también para ir recibiendo a menores que eran evaluados antes de efectuar su traslado.

El auto del Supremo, que tenía la virtud de aliviar una situación complicada en Canarias por la vía del asilo, ha generado, sin embargo, tensiones en las islas en las últimas semanas. Muchos adolescentes recibían la noticia de la noche a la mañana de que serían trasladados hasta el Canarias 50 para ser evaluados y eventualmente trasladados a la Península, lo que ha ocasionado las críticas de educadores, cuidadores y familias que les prestan cobertura humanitaria. Muchachos que llevaban varios años en un centro educativo, de repente se veían obligados a abandonarlo y partir sin que ese fuera en absoluto su deseo. Pidieron protección internacional, pero no que les desubicaran de sus pueblos donde ya tenían cierta estabilidad y arraigo, explican los abogados extranjeristas. Pero el Gobierno no podía hacer ya gran cosa en este último plazo de tiempo, puesto que estaba obligado a alojar a menores para los que no cuenta con infraestructura adecuada. Son las comunidades quienes suelen proveer estos centros. Tras los primeros autos del Supremo se liberaron 40 millones de euros para esta misión, cuya declaración de emergencia se ha extendido ahora hasta el 31 de marzo de 2026 y se le ha sumado otra partida de 300.000 euros. No solo se trata de infraestructura, sino de alimentación y cobijo adecuados.

La opacidad en los datos que se ofrecen sobre el lugar donde se reubica a estos muchachos se debe en buena medida a las protestas vecinales que se suscitan cuando se informa de la apertura de un espacio para ello. Estos adolescentes provienen de países en guerra, algunos, de haber sufrido violencia sexual o esclavitudes laborales, otros, y la discreción impide que a todo esto sumen la airada inconformidad de quienes no quieren tenerlos a su lado.