El PSOE pide el ingreso en prisión provisional del ex número dos de Interior en vísperas del juicio de Kitchen
Los socialistas, que también solicitan la reclusión del comisario que asesoró a Dolores de Cospedal, aprecian un incremento del riesgo de fuga


El PSOE ha solicitado este lunes a la Audiencia Nacional que ordene el ingreso en prisión provisional de dos de los principales acusados en el juicio del caso Kitchen, cuyo comienzo está previsto para el próximo 6 de abril. Los socialistas, personados como acusación popular, han pedido que se encierre a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy y mano derecha de Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior; y al comisario Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de María Dolores de Cospedal, antigua secretaria general del PP. Con esta medida, el partido de izquierdas quiere “asegurar” la presencia de ambos en la vista, ya que considera que su riesgo de fuga se ha incrementado.
La formación impulsa esta iniciativa cuando apenas falta una semana para el inicio del juicio sobre Kitchen, que se sumergirá de lleno en la operación policial desplegada en 2013 para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas, con el objetivo de robarle supuestamente material sensible que aún pudiera guardar del PP, que entonces se encontraba acorralado por la investigación sobre el caso Gürtel (por la que acabaría condenado). Al acabar sus pesquisas, el juez instructor Manuel García-Castellón envío al banquillo por Kitchen a una decena de personas de la antigua cúpula del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional: entre ellos, a Francisco Martínez y a Andrés Gómez Gordo.
Ninguno de estos dos acusados ha estado nunca en prisión provisional por el caso Kitchen, pero el PSOE considera que las “circunstancias” han cambiado y reclama su reclusión para garantizar su presencia en la vista. Entre otros argumentos, los socialistas apuntan que la “inminencia” del juicio eleva el “riesgo de fuga” (una tesis que fue utilizada, por ejemplo, por el Tribunal Supremo para encarcelar al exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas). Además, la acusación popular incide en que ambos tienen otras causas pendientes con la justicia y se enfrentan a importantes penas.
De cara al juicio sobre el espionaje a Bárcenas, la Fiscalía Anticorrupción reclama que se condena a Martínez y a Gómez Gordo a 15 años de cárcel. El ministerio público solicita la misma sentencia para Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; y para Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, que también se sientan en el banquillo.
En el escrito enviado este lunes a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el PSOE ahonda también en que el ex secretario de Estado de Seguridad se encuentra imputado actualmente en otros dos sumarios abiertos en la Audiencia Nacional: uno sobre la guerra sucia urdida contra Podemos en época del Gobierno de Rajoy; y otro sobre por una presunta trama de venta de datos robados encabezada por el pirata informático José Luis Huertas, alias Alcasec (que, precisamente, llevó a Martínez a prisión provisional en 2025).
Por su parte, los socialistas recuerdan que la Audiencia Nacional ya ha condenado al comisario Andrés Gómez Gordo a una pena de inhabilitación por prevaricación administrativa en el juicio sobre las irregularidades detectadas entre 2005 y 2011 en la construcción del Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid. En esta línea, la acusación popular remacha: “Resulta difícil de explicar cómo el procesado puede hacer frente al coste de su defensa letrada en varias causas penales de especial complejidad, ejercida por un despacho de reconocido prestigio y elevada minuta profesional [...] Esta circunstancia permite inferir, al menos indiciariamente, la posible existencia de fuentes de ingresos adicionales no esclarecidas, extremo que [...] refuerza el riesgo de fuga”.
El PSOE pide a la Audiencia Nacional que, en el caso de que no decrete el ingreso en prisión de ambos acusados, les imponga una fianza, les retire el pasaporte y les prohíba salir del país.
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