La jueza envía a prisión al ex secretario de Estado de Seguridad del PP

Tras pasar dos días detenido por la Policía Nacional, Francisco Martínez ha ingresado en prisión provisional, según fuentes jurídicas. El exdiputado del PP, quien fuera secretario de Estado de Seguridad con los gobiernos de Mariano Rajoy y mano derecha del exministro Jorge Fernández Díaz, ha salido este jueves de la Audiencia Nacional hacia un centro penitenciario, tras comparecer ante la magistrada instructora María Tardón por su presunta implicación en una trama de compraventa de datos robados y blanqueo. La jueza ha adoptado esta medida tras escucharlo. Martínez, que ha negado su implicación en la “organización criminal” descrita por los agentes, fue arrestado el pasado martes junto al pirata informático José Luis Huertas, alias Alcasec, al que también se envía a prisión; al youtuber Álvaro Martín (capturado en Andorra y para quien se pedirá su extradición); y a un supuesto socio, Adrián Molina.

Este movimiento se produce después de que los tres detenidos en España pasaran esta mañana a disposición de la Audiencia Nacional. La Policía condujo a Martínez, Alcasec y Molina hasta la sede del tribunal. Tras sentarse ante la jueza, la Fiscalía solicitó prisión para los tres por delitos de intrusismo informático, descubrimiento de secretos, organización criminal y blanqueo de capitales. En el caso de Martínez, el ministerio público ha reclamado su reclusión sin fianza “para evitar la destrucción de pruebas”. Al referirse al hacker, la magitrada también ha apreciado el riesgo de fuga y de “reiteración delictiva”. La causa permanece actualmente secreta.

Esta investigación, bautizada como Operación Borraska, comenzó en 2024 al detectarse una potente batería de ciberataques contra organismos públicos, empresas energéticas y redes telefónicas, entre otras entidades. “Ha habido un acceso no autorizado a datos personales mediante la descarga de ficheros del Sistema de Gestión de Datos de Abonado (SGDA)”, denunció entonces la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), que añadió: “Los datos afectados corresponden a abonados al servicio telefónico y son de naturaleza exclusivamente identificativa”.

Los investigadores sostienen que la trama había diseñado una “sofisticada” infraestructura tecnológica —que incluía sistemas cifrados, identidades interpuestas, operaciones con criptomonedas, herramientas de anonimato...— para robar datos sensibles y venderlos en el mercado negro. El sumario señala que, después, blanqueaban los beneficios mediante una red societaria creada ad hoc. Y, para ejecutar todo ello, cada integrante tenía una “función claramente diferenciada”, expone la Policía: desde las actividades tecnológicas hasta la comercialización del material sustraído y el asesoramiento jurídico.

En esta línea, fuentes del entorno de Francisco Martínez explican que, cuando la Policía lo arrestó el pasado martes, los agentes buscaban información sobre sociedades constituidas por el ex secretario de Estado para Alcasec. Durante horas, los investigadores registraron su casa y su despacho profesional. Estas fuentes admiten que el exdiputado creó dos mercantiles para el pirata informático, por lo que cobró 1.500 euros; pero defienden que lo hizo como parte de su trabajo como abogado y que no está implicado en las irregularidades. Martínez conoce al hacker desde hace años: fue su letrado defensor cuando Alcasec fue detenido por primera vez en 2020, cuando era menor de edad.

Durante su declaración —en la que ha contestado a preguntas del fiscal José Perals, a la jueza y a su abogado—, Martínez ha defendido su inocencia. La tesis que mantiene el ex secretario de Estado es que él simplemente intentó ayudar y “asesorar” a Alcasec, como “abogado” y como “referente”. Asegura que nunca vio ninguna irregularidad, que desconocía para qué usaron las empresas que ayudó a crear y que nunca se enriqueció “de dato alguno al que haya podido acceder”. Según añade el exdiputado, Huertas desarrolló un buscador que, según él, servía para organizar (mediante sistemas de inteligencia artificial) una serie de información y datos procedentes de fuentes abiertas en internet. Según su tesis, en el marco de su labor de “asesoramiento legal”, Alcasec le dio acceso para probarlo, sin que encontrara nada “anormal”: “Pues todos son datos que pueden obtener en cualquier buscador comercial mercantil de pago”.

Martínez y Alcasec son dos viejos conocidos de la Audiencia Nacional, donde ambos permanecían investigados en otras causas. En el caso del ex secretario de Estado de Seguridad, su nombre aparece en sumarios vinculados a la red parapolicial que operó en Interior durante la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz, de quien fue mano derecha. Por un lado, la Sala de lo Penal prevé juzgarlo en 2026 por el caso Kitchen, la operación irregular urdida en 2013 en Interior para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de robarle documentación que perjudicara al PP. La Fiscalía le pide 15 años de prisión por ello. Según el juez instructor Manuel García-Castellón, él “asumió la coordinación” de esa trama y se la encomendó al entonces máximo responsable de la Policía Nacional, el comisario Eugenio Pino.

Pero, además, Martínez se encuentra actualmente imputado en otras pesquisas paralelas del magistrado Santiago Pedraz, que investiga la guerra sucia impulsada contra Podemos en época de Rajoy. Pedraz admitió a trámite una querella de Podemos por las maniobras contra la formación. En su denuncia, el partido aseguraba que un grupo de policías, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial” sobre los miembros de la fuerza política, con el objetivo de filtrar después informaciones falsas o tergiversadas a la prensa para desprestigiarlos. Martínez ha rechazado todas estas acusaciones y ha defendido su inocencia.

Por su parte, el juez José Luis Calama, también juez instructor de la Audiencia Nacional, procesó en 2023 a Alcasec por perpetrar en octubre de 2022 una intrusión en el Punto Neutro Judicial (PNJ), la red de telecomunicaciones que conecta los órganos judiciales con otras instituciones del Estado, con el objetivo de robar información de más de medio millón de contribuyentes, que luego transfirió a dos servidores alojados en Lituania para ponerlos a la venta a través de una plataforma con pagos en criptomonedas. Por ello, el magistrado ordenó su detención e ingreso en prisión provisional, pero quedó en libertad tras confesar y, actualmente, se encontraba a la espera del juicio.