20 años sin justicia para las mujeres de Atenco: “No hay un solo policía que haya pisado la cárcel”

Yolanda Muñoz, a sus 66 años, aún no concilia el sueño. El insomnio es la última trinchera de una batalla que comenzó hace dos décadas. A su lado, Ana María Velasco, de 52, lidia con amenazas telefónicas. Edith Rosales, de 71, recorre con sus dedos las cicatrices de su cabeza. A las tres las une algo más que la frustración: forman parte del grupo de personas que, en mayo de 2006, fueron golpeadas, agredidas sexualmente y encarceladas por la policía en San Salvador Atenco (Estado de México). En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo responsable al Estado mexicano por lo sucedido y lo obligó a investigar a toda la cadena de mando, después de que ellas, junto con otras ocho, llevaran su caso ante la justicia internacional. Ocho años más tarde, el fallo no ha significado nada. Una audiencia de seguimiento de la sentencia, celebrada este jueves en Costa Rica, ha confirmado que la Fiscalía no ha avanzado en la investigación y las medidas de reparación han quedado como papel mojado.

El 3 y el 4 de mayo de 2006 un operativo del Gobierno del Estado de México —encabezado por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto— con agentes municipales y federales, lanzado para reprimir unas protestas, sembró el terror en la comunidad de San Salvador Atenco. Los uniformados arremetieron contra vecinos y activistas que se manifestaban contra la construcción de un aeropuerto internacional en Texcoco. Al menos 200 personas fueron detenidas y trasladadas a distintos penales. Decenas fueron torturadas sexualmente. Dos menores murieron. No hay un solo condenado.

El caso de Atenco es otro más en donde la justicia mexicana nunca llega. Nueve de cada diez delitos jamás se resuelven. El Estado, según la histórica sentencia de la Corte, tuvo un plazo original de dos años para mover ficha. Pero la sentencia solo acumuló polvo en la Fiscalía del Estado de México, que hasta entonces contaba con el sumario. Fue en 2023 cuando, tras un amparo presentado por las víctimas, el Ministerio Público local remitió el expediente a la instancia federal.

De acuerdo con Eduardo Guerrero, del Centro Pro, los fiscales han presentado hasta cuatro pliegos de consignación —una petición a un juzgado para procesar a sospechosos de un crimen— contra 19 policías federales. En ninguna ocasión avisó a las víctimas y todas fueron rechazadas por un juez. La última ocurrió en septiembre. “Nosotras queremos, sobre todo, que se castigue a los autores intelectuales. No solo los materiales”, resalta Velasco. Pero no solo eso. La Fiscalía federal solo reconoce en su carpeta a tres de las 11 denunciantes. Para Rosales es la gota que colmó el vaso: “¿Y las otras qué son? ¿Nada?”.

En 2025, la Suprema Corte tomó cartas en el asunto y determinó, por unanimidad, que el Gobierno tiene que acatar la resolución de la Corte Interamericana. Aunque también se lavó las manos. Los jueces concluyeron que, para intervenir, la Fiscalía primero tiene que terminar sus investigaciones. “Se están aventando la bolita unos a otros”, lamenta Rosales. En ese sentido, el Centro Pro anticipa que, próximamente, el tribunal internacional publicará una resolución en la que constará que el Estado mexicano no ha cumplido con las obligaciones que le dictaron en 2018.

Ana María Velasco vive atrapada entre la batalla legal y el maltrato de las instituciones. A eso se suma el estrés de recordar, una y otra vez, el dolor de Atenco. Sin embargo, en medio del desgaste de estos 20 años, la idea de la justicia se le ha cruzado por la cabeza. Aunque sea solo “por unos ratitos”. “Sería como quitarme este peso enorme de encima. Saber que los que nos hicieron tanto daño están en la cárcel”, cuenta mientras se humedecen sus ojos.