La Corte Interamericana condena a México por no prevenir ni investigar el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade hace 25 años

Han hecho falta casi 25 años para que Norma Andrade consiga que un tribunal le ofrezca justicia. Su hija Lilia Alejandra García Andrade, de entonces 17 años, fue torturada sexualmente y asesinada en Ciudad Juárez en febrero de 2001 y desde este viernes México es responsable internacionalmente por no haberlo prevenido ni tampoco haberlo investigado debidamente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha fallado contra el Estado por segunda vez en un expediente de feminicidio, tras el precedente del denominado caso Campo algodonero, de la misma ciudad, cuya sentencia fue emitida en 2009. Esta vez, el tribunal internacional ha condenado además al país por no proteger a la madre de la víctima, quien sufrió dos atentados por buscar justicia para su hija, ni investigar o perseguir a los responsables. Finalmente, considera a México culpable de no proteger a los dos hijos de Lilia Alejandra, Jade y Caleb, de dos años y seis meses, respectivamente, cuando se produjo el brutal crimen.

“Ha sido un proceso muy largo pero finalmente llegamos y lo logramos”, ha celebrado Norma Andrade, sensiblemente emocionada, en una rueda de prensa posterior a la condena, en la que ha agradecido a los jueces “su empatía y solidaridad” con el caso. La sentencia de este viernes supone una victoria histórica para la familia de la joven, que cierra un ciclo que se ha alargado medio cuarto de siglo sin que los tribunales nacionales le brindaran ningún resultado. El 14 de febrero de 2001 Lilia Alejandra salió de la planta maquiladora en la que trabajaba y no llegó a casa. Su madre denunció la desaparición pero las autoridades le conminaron a esperar 72 horas para poner la denuncia. La joven apareció muerta una semana después, entre dos avenidas principales de la ciudad y con claras muestras en el cuerpo de haber sido torturada. El peritaje demostró que la muchacha, que entonces solo contaba 17 años, había fallecido apenas unas horas antes, tras una semana secuestrada y sometida a sus agresores.

Solo hay un detenido por los hechos, sin pruebas claras en su contra, según el equipo legal de la familia, y sin una sentencia por este caso desde que fue aprehendido en 2018. El sospechoso cumple condena en la cárcel por otros casos de violencia de género, algunos relacionados con el de Lilia Alejandra y otros, no.

El carácter serial de los agresores era uno de los puntos más relevantes para los abogados de la familia García Andrade. El caso de Lilia Alejandra se relaciona por lo menos con otros tres de la misma época, todos cometidos entre 1995 y el 2005. “Este es el primer caso en Juárez que está probado científicamente como feminicidio serial. Durante 10 años este mismo agresor junto con otros agresores estuvieron desapareciendo y asesinando a mujeres en la ciudad. Hemos logrado probar el patrón sistemático”, explica David Peña, del equipo legal, a este periódico la tarde antes de la sentencia de la Corte IDH. El abogado enfatiza además la importancia de este expediente, que les permite evaluar “cómo ha funcionado o no ha funcionado la política pública en México” después de la sentencia de Campo algodonero, la primera de esta naturaleza, y en un país en el que son asesinadas aproximadamente 10 mujeres al día.

La impunidad por el feminicidio de Lilia Alejandra resuena en la misma impunidad con la que actuaron los atacantes de su madre, quien se convirtió en activista tras el asesinato y fundó la organización Nuestras hijas de regreso a casa. Además de sobreponerse al homicidio de su hija, Norma Andrade ha sobrevivido a dos intentos de asesinatos contra ella, uno en Ciudad Juárez y otro en la Ciudad de México, adonde tuvo que exiliarse con sus nietos por la persecución que sufría en su localidad natal. En el primer episodio, le descerrajaron cinco tiros a quemarropa mientras caminaba hacia su coche. En el segundo, la apuñalaron en el cuello en su nuevo domicilio en la capital.

No hay detenidos ni condenados por ninguno de los dos atentados, y por ello también ha sido condenado el Estado mexicano, a quien la Corte Interamericana conmina a avanzar en las investigaciones en Ciudad Juárez y a reabrir la causa en Ciudad de México. Además, el tribunal internacional obliga a México a integrar “expresamente” las categorías específicas de madres buscadoras, persona buscadora y madre de víctima de feminicidio en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La sentencia, que la Corte IDH considera una medida de reparación en sí misma, incluye la obligación de que el Estado realice un acto público de reconocimiento de la responsabilidad que se le imputa, que incluye la falta de protección de los dos huérfanos, apenas unos bebés cuando perdieron a su madre.

Norma Andrade vive rodeada de escoltas las 24 horas del día desde que fue doblemente atacada. El Estado deberá mantener la protección asignada mientras exista un riesgo y rendir un informe en el plazo de un año con los avances en el cumplimiento de la sentencia de este viernes, que incluye actualizar los Protocolos Alba, de localización de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, y tomar las medidas legales necesarias para garantizar la protección de los hijos menores de víctimas de feminicidio. La Corte Interamericana no dará carpetazo al caso hasta que México haya cumplido íntegramente la sentencia. “Le ha puesto la vara muy alta al Estado mexicano”, ha aplaudido el equipo legal. Este es el segundo golpe de la CoIDH al país en una semana, tras la condena este martes por la muerte en 2007 de una mujer indígena de 73 años, víctima de una agresión sexual a manos de militares.