La sentencia a 40 años de cárcel de Alma Salazar tras cobrar una tanda en el Estado de México: “Yo ni sabía lo que era una extorsión”

Alma Abigail Salazar Castillo responde al teléfono en un lugar ruidoso y con la voz entrecortada desde una cárcel del Estado de México. Una compañera le ha prestado una tarjeta con más minutos disponibles para contar cómo el 28 de abril de 2023 cambió su vida y la de su familia para siempre, de un momento a otro y después de depositar su confianza en una mujer que le debía dinero y que la citó en su casa para devolvérselo. Al domicilio llegaron policías vestidos de civil que la detuvieron y se la llevaron a la Fiscalía. Salazar, de 41 años, fue condenada en septiembre de 2024 a una pena de 40 años de cárcel por presuntamente extorsionar a su vecina con una cantidad de 1.000 pesos (unos 58 dólares al cambio actual) correspondientes, según ha contado, a una tanda que la mujer había organizado. En febrero de 2025, la sentencia fue reducida a 10 años, pero su defensa busca la libertad inmediata de la mujer.

“Del lado de la víctima no había pruebas, más que su dicho. Porque la policía llega y no ve ni escucha la supuesta extorsión, la víctima solo dice: ‘es esta señora’, y se la llevan”, ha relatado Carlos Olvera, uno de los abogados, junto con Mariel Avendaño, que tomó el caso de Salazar Castillo poco antes de que recibiera la sentencia. Gracias a la apelación que presentaron, la pena fue reducida en 2025 de 40 a 10 años de cárcel. Sin embargo, señala, no ha sido gracias a que el proceso haya sido justo: “No se la bajan por las pruebas, sino por un tema de proporcionalidad. Es decir, que han revisado y concluyen que la pena es muy alta en cuanto a la proporcionalidad de la extorsión. Una pena demasiado alta para el hecho”, explica.

Salazar Castillo lleva una década trabajando en albañilería. Es la madre de tres hijos que tienen actualmente 20, 19 y 17 años, y que ha criado y sustentado ella sola, aun desde la cárcel. Su voz, baja y serena, comienza a quebrarse cuando habla de ellos y de las razones por las que la mayor ha decidido estudiar Derecho penal. “Ella quería ser bióloga marina, pero las circunstancias la orillaron a estudiar leyes y mis otros dos hijos solo llegaron a la secundaria, ya no estudiaron porque tenían que solventar sus gastos”.

Una detención irregular

A Salazar Castillo la detuvieron el 28 de abril de 2023, justo cuando estaba en la puerta de la casa de su vecina Ana [nombre ficticio, para proteger la identidad de la presunta víctima], en Teoloyucan, Estado de México. Una mujer a la que conocía de muchos años atrás porque trabajaba como conserje en la escuela en donde sus hijos estudiaban. Según el relato de Salazar, Ana la invitó a ser parte de una tanda (una forma de ahorro popular e informal en el que un grupo de personas aporta periódicamente una cantidad de dinero que una de ellas recolecta y que va turnando en cada entrega. Se basa, sobre todo, en la confianza) de 100 pesos por semana, y cuando llegó su turno de recibir sus ahorros, la mujer le dijo que no tenía su dinero y se negó a entregárselo en varias ocasiones.

Cuando finalmente Ana accedió a entregar lo adeudado, la citó en su casa. Salazar acudió a la cita con su hija, que entonces tenía 16 años. “Le toqué la puerta y salió su suegro, la esperé dos minutos. Salió ella y me dijo que la esperara, pero cuando se metió de nuevo a su casa llegó un carro color negro y se bajaron unas personas, eran puros hombres vestidos de negro, con armas y con chalecos. Nos comenzaron a jalonear para meternos al coche. Yo lo único que hice fue decirles que yo me subía, pero que dejaran a mi hija, que no le hicieran nada”, relató.

Salazar asegura que no sabía lo que estaba sucediendo, y en los momentos posteriores a su “arresto”, tanto ella como su familia dieron por hecho que se trataba de un secuestro. “Me subieron al carro, me empezaron a pegar, me preguntaron que dónde estaban mis cómplices, me escupieron en la cara. Me hacían preguntas que no entendía”, recuerda. Además, Salazar ha contado que durante un viaje de aproximadamente 40 minutos, en el que la mantuvieron agachada con una chamarra encima de la cabeza para que no viera nada, los hombres le dijeron que nunca volvería a ver a sus hijos.

La Fiscalía del Estado de México aceptó como verdaderas las declaraciones de Ana, quien aseguró que Salazar Castillo, junto con dos hombres desconocidos, le cobraban cuotas semanales de dinero a cambio de no hacerle daño. En un comunicado publicado por la dependencia, el 12 de septiembre de 2024, la Fiscalía —escribiendo incluso incorrectamente el apellido de Salazar— lanzó: “…El 27 de abril, la hoy sentenciada acudió al inmueble de la víctima y le dijo ‘quiero las cuotas que faltan’ por lo que esta refirió no tener dinero, lo que generó su molestia y le reiteró la amenaza [de hacerle daño a ella o a su familia], además le indicó que regresaría al día siguiente por lo que le debía”.

La dependencia estatal publicó el comunicado, después de que el caso de Salazar Castillo saltara a las pantallas de la televisión, alegando que la presunta extorsión era debido a una tanda de solo 1.000 pesos. “Es importante señalar que en relación con las afirmaciones que realizaron diversos medios de comunicación sobre el caso, en el sentido de que fue acusada de extorsión y sentenciada por ir a cobrar una tanda, no fueron acreditadas durante el procedimiento penal, ya que la defensa no aportó probanza alguna tendente a comprobar dicha afirmación”, concluyeron.

Olvera, uno de los abogados, ha contado que la familia de Salazar fue víctima, durante los primeros meses, de una abogada que les prometió trabajar en el caso y que solo se aprovechó de ellos y les cobró sin hacer nada por defender de forma adecuada a la mujer. Además, la actual defensa asegura que nunca se comprobó la existencia de los supuestos cómplices que, según el relato de la víctima, habían acudido varias veces con Salazar para amenazarla y presuntamente extorsionarla.

Avendaño, la otra representante legal de Salazar, precisa: “La autoridad no consideró en ningún momento que Alma acudió al lugar para cobrar una tanda: una actividad usual entre mujeres, especialmente en zonas de bajos recursos. La Fiscalía y el Poder Judicial omitieron analizar con perspectiva de género esta dinámica desde la realidad de las mujeres que recurren a microfinanzas informales como forma de supervivencia”.

Los abogados refieren que, en su primera declaración, Ana declaró no conocer de nada ni haber visto nunca antes a Alma Abigail ni a los hombres con los que supuestamente habían ido a buscarla a su casa. Pero en un dictamen psicológico de la propia Fiscalía, aseguran, Ana contó que sí conocía a Salazar, y se refirió a ella como “Abi”, confirmando también que se trataba de una vecina. La sentencia a Salazar, según han explicado sus abogados, fue de 40 años porque consideraron que el delito era agravado: “Le dan 40 años de cárcel porque en el Estado de México si la víctima es una mujer, se agrava con hasta 40 años o 70 años, o incluso prisión vitalicia”, explica Olvera.

Pasaron tres días a partir de su detención, para que Salazar Castillo finalmente, ya en la cárcel y a través de una videoconferencia, supiera que estaba ahí acusada de extorsión: “Yo no sabía en ese momento lo que era una extorsión hasta que llegué aquí al penal. Mientras, no sabía ni de qué se trataba”, recuerda. La fundación Mujeres Unidas por la Libertad A.C. fue la única institución que se interesó en el caso de Salazar y que se acercó para tenderle una mano, a través de ellas, los nuevos abogados tomaron el caso y esperan que pronto logren lo que parecía imposible, la libertad definitiva de Salazar.

Tras dos años y nueve meses en la cárcel, Salazar Castillo solo pide que las autoridades hagan bien su trabajo: “Yo solo quiero justicia. Porque aquí la mayoría de las personas que estamos presas somos inocentes. Hay tanta gente afuera que realmente mata, que se dedica a extorsionar, que siguen libres”.

La defensa de Alma promovió un amparo directo ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Estado de México, cuya resolución está a cargo de la magistrada Lorena Basurto Lucas, quien deberá revisar la legalidad de la sentencia de apelación en los próximos meses.