García Harfuch descongela la relación de México con la DEA tras las tiranteces del sexenio de López Obrador

Disimulada por el puente festivo del natalicio de Benito Juárez, la visita de Omar García Harfuch a Washington, este fin de semana, ha abierto una nueva etapa en las relaciones entre México y Estados Unidos. O, más bien, entre México y la DEA, la agencia antidrogas de aquel país, caída en desgracia al sur del río Bravo hace cinco años y medio por la detención en Los Ángeles de Salvador Cienfuegos, jefe del Ejército durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). García Harfuch se ha reunido con Terrance Cole, director de la agencia, encuentro que unos y otros han publicitado en sus redes sociales, todo un símbolo del cambio de paradigma en la relación binacional y en la lógica de la lucha contra el crimen.

No era la primera vez que el secretario de Seguridad mexicano iba a la capital de EE UU. Todo lo contrario. Desde que asumió el cargo, en octubre de 2024, García Harfuch se ha trasladado a menudo a la capital del vecino del norte a trabajar en la relación con las diferentes agencias del law enforcement estadounidense, principalmente el FBI y la CIA, patas de seguridad interior y de inteligencia del aparato de seguridad de aquel país. El coordinador del Gabinete de Seguridad mexicano ha destacado en este tiempo la fluidez en el intercambio de información, sobre todo con el FBI, igual que han hecho sus pares allí, incluyendo a altos funcionarios del Departamento de Justicia, y a su titular, Pam Bondi.

Con la DEA, la situación ha sido algo más complicada. Cuando la justicia estadounidense detuvo a Cienfuegos en octubre de 2020, el Gobierno mexicano, dirigido entonces por Andrés Manuel López Obrador, montó en cólera. Después del titubeo inicial, el mandatario exigió la vuelta de Cienfuegos al país, señalando que la Fiscalía General de la República (FGR) se encargaría de analizar las pruebas en su contra. De ser contundentes, el caso prosperaría en tribunales mexicanos y Cienfuegos, acusado de ayudar a un grupo de narcotraficantes de Nayarit, Estado del Pacífico norte, enfrentaría a la justicia en su país.

Polémico como pocos, el caso Cienfuegos se marchitó apenas tocó suelo mexicano. El Departamento de Justicia de EE UU mandó su batería de pruebas a la FGR. Semanas más tarde, la dependencia, que hizo públicos los documentos que mandaron sus pares al norte de la frontera, decidió que no había indicios siquiera para procesar al jefe militar. Antes de que acabara el año, el escándalo Cienfuegos había muerto. Pero López Obrador, poco amigo de la presencia de agentes extranjeros en el país, aprovechó para anunciar una revisión de las condiciones que permitían su estancia en México. En 2021, el presidente empujó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, precisamente para restringir sus actividades en territorio nacional.

En el último trienio de López Obrador, la DEA, dirigida entonces por Anne Milgram, se dedicó a denunciar la expansión de los grupos criminales mexicanos en ambos países, principalmente el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa, causantes, a su entender, de la epidemia de sobredosis por opiodes en el país. El presidente mexicano rechazaba las acusaciones de la DEA, señalando que el único interés de la agencia era buscar culpables a la epidemia fuera de Estados Unidos. “Hay quienes sostienen, y yo los respeto, que lo que hay que hacer es usar la fuerza o que es con medidas coercitivas como se va a resolver el problema. Yo pienso que no se puede enfrentar el mal con el mal”, llegó a decir el mandatario.

En ese tira y afloja se agotó el mandato de López Obrador. Pero con la llegada de Sheinbaum al poder y la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, México ha restablecido la colaboración con las diferentes patas de las agencias de seguridad estadounidenses, también con la DEA. Los motivos son variados. Por un lado, Sheinbaum ha aumentado la presión sobre el crimen de la mano de García Harfuch, policía de carrera, que ya obtuvo buenos resultados como secretario de Seguridad de Ciudad de México. Por otro lado, y a diferencia de lo que hizo en su primer mandato, cuando se centró en la migración, Trump ha colocado ahora en la mira al crimen organizado continental.

Así, la foto de García Harfuch con Terrance Cole certifica el viraje de ambos países. Agencia siempre sospechosa en México, la DEA sube al mismo escalón en que figura el resto. Eso en un momento complicado y un tanto contradictorio. En el último año, México ha detenido o matado a decenas de integrantes del Cartel de Sinaloa, del CJNG, de grupos de extorsionadores de Michoacán, Chiapas, Guanajuato y otros Estados. El Gobierno ha aprehendido a varios de la lista de los más buscados en Estados Unidos, entre ellos Ryan Wedding, criminal que señalaban como el nuevo Chapo Guzmán. Y pese a ello, Trump repite la vieja cantaleta de que hay que hacer algo contra los carteles.