Operación Borraska: la investigación que ha provocado el arresto del ex secretario de Estado de Seguridad del PP

Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad durante los gobiernos del PP, permanece este miércoles detenido por la Policía Nacional y, según fuentes jurídicas, pasará el jueves a disposición de la magistrada María Tardón, instructora de la Audiencia Nacional. El ex alto cargo popular fue arrestado el martes por su presunta colaboración en el blanqueo de dinero procedente de una trama de compraventa de datos robados, por la que también se ha capturado al pirata informático José Luis Huertas, alias Alcasec; al youtuber Álvaro Martín (detenido en Andorra); y a un supuesto socio, Adrián Molina. Los investigadores han bautizado las pesquisas como Operación Borraska.

La Audiencia Nacional mantiene la causa bajo secreto de sumario. Pero el tribunal y la Policía Nacional han facilitado este martes algunos nuevos detalles de la trama. La investigación arrancó en 2024. Según los agentes, “tras detectarse una serie de ciberataques sistemáticos y sostenidos en el tiempo contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas”. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) llegó a denunciar que sufrió un acceso ilícito a sus servicios informáticos, “lo que originó la exfiltración masiva de datos personales de titulares de líneas de teléfono móvil”. Y, entonces, comenzaron las indagaciones.

La tesis de los investigadores es que la trama conformó una “organización criminal” para el desarrollo de “una infraestructura tecnológica sofisticada y altamente compartimentada”, que les permitía el robo de información sensible. Posteriormente, se ponían esos datos a la venta en el mercado negro y los beneficios ilíticos obtenidos se blanqueaban posteriormente a través de “estructuras societarias”. Según fuentes próximas a las pesquisas, el nombre de Francisco Martínez irrumpe en ese punto. Fuentes de su entorno explican que se le atribuye la creación de empresas para Alcasec; pero añaden que él solo se limitó a constituir esas mercantiles, debido a su trabajo como abogado —ambos se conocían porque el ex secretario de Estado de Seguridad fue su letrado defensor cuando el hacker fue detenido por primera vez en 2020, cuando aún era menor de edad—.

La complejidad de la trama resulta abrumadora, según los investigadores: se usó un sistema cifrado de extremo a extremo, identidades interpuestas, transacciones con criptoactivos, herramientas de anonimato... “A partir de esa acumulación progresiva de datos, la organización elaboraba perfiles detallados de personas e instituciones con el objetivo de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible”, añaden fuentes de la Audiencia Nacional. “Ofrecían servicios personalizados de consulta a terceros, que accedían a través de un bot cifrado [programa informático automatizado que realiza tareas repetitivas o complejas] en una conocida red social”, continúa la Policía. “Toda la operativa estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”, añade.

Sobre los cuatro detenidos, la Policía Nacional remacha: “El grupo mantenía relaciones personales y profesionales de larga trayectoria, que fueron instrumentalizadas para expandir su estructura, legitimar socialmente su actividad y proyectar servicios de inteligencia privada encubiertos, como consultoría tecnológica”.

La Comisaría General de Información (CGI) de la Policía ha desarrollado la investigación, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, encabezado por la magistrada María Tardón. Además, se ha contado con la ayuda del Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y de las autoridades de Andorra y Suiza, donde también operó la red. “Su cooperación ha sido esencial para el seguimiento de flujos económicos transnacionales”, subrayan los agentes.

Los investigadores celebran que la operación ha permitido “desmantelar los servidores principales” de la trama, “así como recuperar las bases de datos alojadas en la nube”. “Esta actuación ha permitido salvaguardar información sensible vinculada a millones de ciudadanos, entre la que se incluían datos personales procedentes de sistemas educativos, el registro civil, registros de mascotas, abonos de transporte, registros telefónicos y plataformas de facturación de compañías eléctricas”, dice la Policía.

Dos viejos conocidos

Martínez y Alcasec son dos viejos conocidos de la Audiencia Nacional, donde ambos permanecen investigados en varias causas. En el caso del ex secretario de Estado de Seguridad, su nombre aparece en sumarios vinculados a la red parapolicial que operó en Interior durante la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz, de quien fue mano derecha. Por un lado, la Sala de lo Penal prevé juzgarlo en 2026 por el caso Kitchen, la operación irregular urdida en 2013 en Interior para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de robarle documentación que perjudicara al PP. Según el juez instructor Manuel García-Castellón, él “asumió la coordinación” de esa trama y se la encomendó al entonces máximo responsable de la Policía Nacional, el comisario Eugenio Pino.

Pero, además, Martínez se encuentra actualmente imputado en otras pesquisas paralelas del magistrado Santiago Pedraz, que investiga la guerra sucia impulsada contra Podemos en época de Rajoy. Pedraz admitió a trámite una querella de Podemos por las maniobras contra la formación. En su denuncia, el partido aseguraba que un grupo de policías, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial” sobre los miembros de la fuerza política, con el objetivo de filtrar después informaciones falsas o tergiversadas a la prensa para desprestigiarlos. Martínez ha rechazado todas estas acusaciones y ha defendido su inocencia.

Por su parte, el juez José Luis Calama, también juez instructor de la Audiencia Nacional, procesó en 2023 a Alcasec por perpetrar en octubre de 2022 una intrusión en el Punto Neutro Judicial (PNJ), la red de telecomunicaciones que conecta los órganos judiciales con otras instituciones del Estado, con el objetivo de robar información de más de medio millón de contribuyentes, que luego transfirió a dos servidores alojados en Lituania para ponerlos a la venta a través de una plataforma con pagos en criptomonedas. Por ello, el magistrado ordenó su detención e ingreso en prisión provisional, pero quedó en libertad tras confesar y, actualmente, se encontraba a la espera del juicio.