La Policía detiene al ex secretario de Estado del PP Francisco Martínez por una trama de blanqueo y delitos informáticos

Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes a Francisco Martínez, quien fuera secretario de Estado de Seguridad durante los gobiernos del PP de Mariano Rajoy, y al pirata informático José Luis Huertas, alias Alcasec, en un operativo contra una supuesta trama de compraventa de datos robados y blanqueo, según detallan fuentes policiales y jurídicas. El operativo, adelantado por El Independiente y confirmado por EL PAÍS, se ha saldado con otros dos arrestados: el youtuber Álvaro Martín ―que ha sido detenido en Andorra y para el que se pedirá a la justicia de este país su extradición― y un cuarto individuo llamado Adrián Molina, según detallan estas mismas fuentes.

Esta operación de la Policía se enmarca dentro de una investigación secreta que dirige la magistrada María Tardón, instructora de la Audiencia Nacional. Según fuentes próximas al caso, la juez mantiene abiertas unas pesquisas por delitos de blanqueo, organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos por intrusismo en un sistema informático, apoderamiento y cesión de datos reservados. La tesis que manejan los agentes es que la trama se dedicaba a la exfiltración de datos de entidades públicas y privadas, para luego comercializarlos y blanquear los beneficios.

Los efectivos de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía han detenido a Martínez este martes por la mañana, en su domicilio de Madrid. Según fuentes de su entorno, en su caso, la investigación le atribuye la creación de empresas para Alcasec; quien presuntamente las utilizó posteriormente para esconder el dinero que obtenía con sus actividades delictivas. Según defienden fuentes del entorno del ex secretario de Estado de Seguridad, este se limitó a crear dos mercantiles, por las que el hacker ―al que conocía porque fue su abogado defensor cuando fue detenido por primera vez en 2020, cuando aún era menor de edad― le pagó 1.500 euros.

Según estas mismas fuentes, los agentes han irrumpido en la casa del ex alto cargo del PP y han estado mirando el contenido de su ordenador, en busca de información sobre las empresas que ayudó a constituir.

Martínez está en la actualidad procesado también por su presunta participación en la Operación Kitchen, el despliegue policial montado para espiar sin control judicial al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas y arrebatarle la documentación comprometedora que pudiera tener contra los dirigentes de este partido. Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pide para él 15 años de cárcel. La Sala de lo Penal tiene previsto juzgarlo por ello el próximo año. Sin embargo, no es su única causa judicial pendiente. El que fuera número dos del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz se encuentra actualmente imputado en otras pesquisas paralelas del magistrado Santiago Pedraz, que investiga la guerra sucia impulsada contra Podemos en época de Rajoy.

Sin embargo, la investigación por la que ahora ha sido detenido el expolítico tiene un cariz muy diferente a esas dos. En esta ocasión, las pesquisas de la Policía se centran en la supuesta sustracción de datos confidenciales de entidades públicas y privadas a través del pirateo informático. Esta información reservada luego era vendida a terceros y, posteriormente, los beneficios se blanqueaban a través de un entramado societario, según fuentes de la Audiencia Nacional. Fuentes policiales añaden que la trama utilizó criptomonedas para sus tejemanejes.

Estos hechos son similares a los que han motivado, en los últimos cinco años, la detención en media docena de ocasiones de Alcasec. Su actuación más conocida se produjo en octubre de 2022, cuando el hacker perpetró una intrusión en el Punto Neutro Judicial (PNJ), la red de telecomunicaciones que conecta los órganos judiciales con otras instituciones del Estado, y se hizo con información de más de medio millón de contribuyentes, que luego transfirió a dos servidores alojados en Lituania para ponerlos a la venta a través de una plataforma con pagos en criptomonedas. Por ello, el juez José Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, ordenó su detención e ingreso en prisión provisional —pero luego lo dejó en libertad tras confesar—. Una vez acabada esta instrucción, el magistrado lo procesó en 2023 por un delito continuado de revelación de secretos; y se encuentra a la espera de que se celebre el juicio.

En julio de 2024, el pirata informático también fue detenido por usurpar las credenciales de empleados de una compañía distribuidora de electricidad y hacerse con información sensible (tanto de la empresa como de sus clientes y usuarios) para venderla.

Tras ese arresto, la Policía constató que, pese a no tener actividad laboral conocida, Huertas llevaba una vida de lujos que incluía viajes caros, vehículos de alta gama, ropa de marcas exclusivas y visitas a locales de moda de ocio y restauración. Según reveló ya entonces la investigación, Alcasec convertía en moneda física gran parte de los beneficios de su actividad ilícita a través de una compleja estructura de ocultación del dinero con criptomonedas para borrar cualquier vínculo entre los fondos que cobraba y él. Las fuerzas de seguridad consideran que, en contra de la imagen que él intentaba mostrar en internet, “no es ningún Robin Hood”, y que su principal objetivo es el lucro.