Cristóbal Montoro, imputado por crear “una red de influencias” para beneficiar a empresas gasistas cuando era ministro de Hacienda

El titular del Juzgado número 2 de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda del Partido Popular Cristóbal Montoro por supuestamente beneficiar a empresas gasistas mientras ocupaba esa responsabilidad bajo los gobiernos de Mariano Rajoy. La investigación, abierta en 2018 y que hasta ahora permanecía bajo secreto de sumario, ha hecho que el magistrado constate “la existencia de una organización en la que muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración central, desde donde habrían creado una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico”. La forma de actuar, según el auto que ha acabado con la imputación de 28 personas, entre las que hay miembros de su cúpula ministerial, consistía en que las empresas se valían de las influencias de Montoro en el Gobierno para lograr reformas legislativas que les beneficiaban, pasando siempre antes por el despacho de abogados Equipo Económico (EE), ahora llamado Global Afteli, fundado por el exministro popular en 2006. Las beneficiarias de esas actividades, englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), habrían logrado la aprobación de al menos dos rebajas fiscales, en 2013 y 2018.

El juez considera en el auto, avanzado por La Vanguardia, que Montoro nombró entre sus altos cargos ministeriales “a personas estrechamente vinculadas al despacho EE”, de forma que anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos “se redactasen ‘a demanda” de las empresas investigadas tras un pago. Eso permitía, a su vez, que “el control de los órganos con competencias decisivas” quedase vinculado al despacho que él había fundado y del que fue presidente y consejero hasta 2008. De su equipo en Hacienda también constan como investigadas 14 personas, entre las cuales destacan Miguel Ferré, exsecretario de Estado de Hacienda; Pilar Platero, que fue subsecretaria de Estado de Presupuestos; Rogelio Menéndez y José María Buenaventura, exasesor y exdirector del gabinete del ministro, respectivamente, y Santiago Menéndez, que fue director general de la Agencia Tributaria. Hay 14 personas más imputadas, de Equipo Económico y del resto de empresas implicadas, que afrontan acusaciones por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Las pesquisas judiciales, abiertas en 2018 tras el “hallazgo casual” de unos correos electrónicos de 2013, afectarían a la actividad de Montoro durante su segunda etapa como ministro, entre 2011 y 2018, cuando presidía el Gobierno Mariano Rajoy. Desde el ministerio, Montoro y gente de su equipo, según el auto, tejieron una red de influencias, que implicaría a empresas como Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos, también investigadas por el juez. Según el auto judicial, esas compañías y la patronal AFGIM pagaron entre 2011 y 2019 un total de 779.705 euros a Equipo Económico, que multiplicaba por diez los ingresos respecto a la consultora que confeccionó los informes.

El auto dictado el 19 de junio expone que las diligencias judiciales practicadas durante la instrucción constatan la “existencia de una organización” que, a cambio de “importantes pagos y con presunto abuso del ejercicio de la función pública”, trabajaba en las modificaciones legislativas que las asociadas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) demandaban. “Esa trama, organización u operativa gira en torno a la mercantil Equipo Económico” y sus socios, según suscribe el juez en la interlocutoria, que subraya que al menos en dos ocasiones los asociados de la patronal acudieron a la antigua Equipo Económico para utilizar su “red de influencias” para que “se legisle en base a sus intereses”. La contratación de esa consultoría consiguió los efectos que anteriormente no habría generado el paso por otras empresas similares: una rebaja del impuesto especial sobre la electricidad en 2013 y una rebaja fiscal en el impuesto de Actividades Económicas en 2018 que habría beneficiado a las empresas gasísticas.

“La vía más directa es pagar a EE”

En el primer caso, tras intentar introducir enmiendas legislativas con la interlocución del Grupo Parlamentario Popular y remitiendo una carta a la Secretaría de Estado de Hacienda, AFGIM decidió la vía de Equipo Económico, “un gabinete económico que tuviese acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva”, según señalaba uno de los correos electrónicos intervenidos. En concreto, en ese correo señala: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este EE que tiene contacto directo con el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”. En paralelo, se contrata a otra consultora, EY, para que hiciera el “trabajo efectivo con el que ocultar presuntamente la falta de consistencia del informe elaborado por EE”. El juez sostiene que los pagos de AFGIM a Equipo Económico buscan acceder a Montoro y a su secretario de Hacienda. En poco más de un mes se consiguieron las modificaciones de dos normas.

En el segundo caso, en abril de 2015 la AFGIM volvió a crear un grupo de trabajo para homogeneizar el IAE pagado por las distintas plantas industriales de sus asociados. Las consultas a la Dirección General de Tributos acabaraon sin resultados y “solo con la intervención de EE, mediando pago —concluye el juez— culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas”, una vez el despacho entra en juego en febrero de 2017. EY también fue contratada para redactar un informe. En un bloque de correos electrónicos intervenidos, se acredita que las empresas gasistas enviaron las redacciones de las modificaciones legales que buscaban a Óscar del Amo Galán, entonces subdirector general de Tributos Locales, que las contactó con llamadas telefónicas para aclarar dudas sobre las propuestas de sus textos.