Quién es quién en el ‘caso Montoro’: dos cúpulas de Hacienda imputadas de un plumazo

El auto del juez de Tarragona imputa de un plumazo a altos cargos del Ministerio de Hacienda de las dos etapas en que Cristóbal Montoro fue ministro de Hacienda: primero con José María Aznar y luego, con Mariano Rajoy. Algunos de los responsables del ministerio en la primera etapa pasaron al sector privado en un despacho fundado por el propio exministro. Cuando Montoro fue recuperado para el Gobierno por Mariano Rajoy, se quedaron en esa oficina, que adoptó el nombre de Equipo Económico. Así, el primer equipo económico de Montoro trabajó desde el sector privado para lograr que el segundo equipo económico cambiase la legislación y beneficiar de esta forma a las empresas gasistas que contrataron sus servicios, según el juez.

El auto imputa a 28 personas, entre las que la mayoría son altos cargos de la segunda etapa de Montoro en Hacienda. También están responsables de su primer paso por el ministerio y directivos y asesores de empresas privadas. Las empresas beneficiarias de esta “red de influencias”, englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), habrían logrado la aprobación de al menos dos rebajas fiscales, en 2013 y 2018.

Estos son los perfiles de los imputados que aparecen en el auto que formaron parte del Ministerio de Hacienda o de Equipo Económico:

Cristóbal Montoro. Ministro de Hacienda en dos ocasiones con el PP, entre 2000 y 2004 en el Gobierno de José María Aznar y de 2011 a 2018 con Mariano Rajoy, fue socio fundador de Equipo Económico (EE) —creado en 2006—, presidente y consejero hasta abril de 2008. Ocupó el cargo de máximo responsable de Hacienda justo en los años en los que se tramitaron las normas de las que se habrían supuestamente beneficiado empresas, señala el auto, “presuntamente” haciendo “uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE”.

“El uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”, continúa el auto. El juez hace hincapié en que Montoro, desde su posición, nombró entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas con Equipo Económico, asegurándose que elaboraran normas “a demanda de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello”. “Así, los nombramientos efectuados por Cristóbal Montoro permiten que el control de los órganos con competencias decisivas en la tramitación de las normas de referencia quedase vinculado al despacho”, agrega.

Miguel Ferre Navarrete. Fue secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016, nombrado a propuesta de Montoro. El juez afirma que está probada su relación con Equipo Económico y empresas vinculadas al despacho y subraya que ocupaba uno de los “cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento a elevar recogieran las pretensiones concertadas con las gasistas”. El auto señala que así lo confirman los correos intervenidos en la investigación, en los que Ferre Navarrete aparece “reiteradamente” mencionado.

Destaca que, en un correo de octubre de 2013, comunicó al director general de Feique (Federación Empresarial de la Industria Química Española) las razones por las que no cabía atender sus pretensiones. “Estas razones desaparecen unos meses más tarde, coincidiendo con la intervención de EE”, continúa. Y añade que, poco antes de iniciarse la tramitación de una de las normas que cristalizaron la reforma fiscal de 2014 —Ley 28/2014, del 27 de noviembre—, Ferre “se reúne con las gasistas”.

Pilar Platero Sanz. Funcionaria de carrera, fue subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas entre 2011 y 2016, así como socia de Equipo Económico entre 2009 y 2011 —al salir de la subsecretaría del ministerio, fue designada presidenta de la SEPI— Según el juez, habría supuestamente participado en los hechos investigados al ocupar, al igual que Ferre, un cargo decisivo para que los anteproyectos de ley y reglamentos recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas.

“Este hecho se manifiesta especialmente relevante si se tiene en cuenta que la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas/Función Pública, es el órgano encargado del impulso y la coordinación normativa”, insiste el auto.

Felipe Martínez Rico. Ocupó el cargo de subsecretario de Hacienda y Función Pública en 2016 en sustitución de Platero. Fue anteriormente jefe de gabinete de Montoro. Según el juez, al igual que Platero y Ferre, ocupó puestos “decisivos” cuando se redactaron las normas investigadas.

Diego Martín-Abril Calvo. Director General de Tributos entre 2012 y 2016, el juez considera que “habría participado activamente” en los hechos investigados, “ostentando uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas como evidencian los mails intervenidos en la causa”. El juez subraya que era director general de tributos cuando se aprobaron las normativas en cuestión, “siendo el interlocutor con EY en el periodo de tiempo en que la AFGIM [Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales] intentaba la modificación de los epígrafes del IAE [impuesto sobre actividades económicas]”, constando numerosos mensajes dirigidos a su persona.

José Alberto García Valera. Director General de Tributos entre 2016 y 2018, cuando se modificaron los epígrafes del IAE. “Bajo su mandato y una vez que entró en escena EE, el Subdirector General de Tributos Locales, en contra de lo expresado en anteriores ocasiones, consideró viable introducir la modificación del IAE en la Ley de Presupuestos para el año 2018″, destaca el auto. Ese mismo año, pasó a ser socio de EY, consultora “que intervino en los hechos investigados y que se prestó a participar en los supuestos trabajos técnicos de aparente soporte para las citadas reformas legales de favor”.

Óscar Del Amo Galán. Subdirector General de Tributos Locales nombrado en 2011, cargo que ostentaba cuando se modificó el IAE y que ocupó tanto con Martín-Abril Calvo como con García Varela. “Los correos intervenidos revelan que mantuvo contacto y reuniones con las gasistas, en las que les comunica la imposibilidad de atender a sus pretensiones respecto de la modificación de los epígrafes del IAE. Poco después y tras la intervención de EE, se producen nuevos contactos y reuniones, esta vez, las gasistas sí lograron la reforma legal pretendida”, recoge el auto.

Del Amo Galán, según el juez, no solo recibió de las gasistas las redacciones del texto legal a reformar, “sino que además contactó telefónicamente con ellas para aclarar dudas sobre dichos textos, lo que permitiría concluir no sólo que dicha redacción del texto fue consensuada sino también que sería impuesta por los pagadores del despacho”.

Rogelio Menéndez Menéndez. Fue asesor del Gabinete del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas entre 2013 y 2015, e intervino en una reunión celebrada en marzo de 2014 entre Montoro y representantes de AFGIM.

José María Buenaventura Zabala. Nombrado en 2012 director de Gabinete del secretario de Estado de Hacienda, en 2014 se reunió con las gasistas en la sede del ministerio y les solicitó ayuda para la redacción del artículo que habría de incluirse en el proyecto de ley que iba a beneficiarlas. Según el auto, habría recibido retribuciones de Equipo Económico y de empresas vinculadas al despacho.

Santiago Menéndez Menéndez. Director general de la Agencia tributaria de 2013 a 2018 y hermano de Rogelio. “En 2010 y 2011 recibe dinero de EE. Ocupó la dirección de la AEAT [Agencia Tributaria] en los dos períodos en los que la AFGIM contrató a EE”, señala el auto.

A continuación, el juez enumera a varios imputados, todos “socios y administradores de derecho” de Equipo Económico que supuestamente, “a cambio de precio, habrían utilizado sus influencias en el Ministerio de Hacienda, a fin de obtener modificaciones legislativas favorables para sus clientes”.

Ricardo Martínez Rico. Hermano de Felipe Martínez Rico, es socio fundador de Equipo Económico y su presidente ejecutivo desde 2008. Con anterioridad, ocupó diversas posiciones relevantes en los ministerios de Comercio, Economía y Hacienda y en 2003 fue nombrado Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos.

Manuel De Vicente Tutor Rodríguez. Socio director de Equipo Económico, ocupó distintos cargos de responsabilidad en la Agencia Tributaria y formó parte entre 2001 y 2004 de su Comité de Dirección como director del gabinete de su director general.

Salvador Mariano Ruiz Gallud. Socio director del Área Fiscal de Equipo Económico, fue director General de la Agencia Tributaria desde agosto de 2001 hasta abril de 2004.

Francisco Piedras Camacho. Socio Director de Equipo Económico, fue director general del Gabinete Técnico en el Ministerio de Hacienda.

Covadonga Gómez Garrido. Trabajadora del departamento de administración de Equipo Económico, era quien se encargaba de realizar la facturación de la sociedad y reclamar su pago, además de ser apoderada o representante en prácticamente todas las empresas presuntamente instrumentales vinculadas a los socios del despacho, de las que recibió ingresos entre 2009 y 2017.

El juez imputa, por tanto, además del propio exministro, a nueve altos cargos de la segunda etapa de Montoro al frente del Ministerio de Hacienda y a cuatro de de la primera época, estos últimos por su actuación desde Equipo Económico. Junto a ellos, están imputadas las empresas Equipo Económico/Global Afteli, Air Liquide España, Praxair España, Carburos Metálicos, Abelló Linde y Messer Ibérica de Gases y algunos de sus directivos.