En las viviendas públicas de Madrid donde se mezclan okupas, narcopisos y vecinos vulnerables: “Sobrevivo desviando la mirada”

Sheila C. L., una mujer soltera madre de tres hijos que el 8 de julio fue desahuciada por la Comunidad de Madrid de una vivienda pública, vuelve periódicamente al bloque de la avenida Carmen Laforet, en Torrejón de Ardoz, en el que vivía hasta ahora. Su puerta, cuenta, ya no está. La sustituye una de seguridad que deja una rendija que la permite divisar sus muebles. Su vida sigue dentro desde que la echaron de una vivienda en la que ha residido nueve años, y a la que llegó de la mano de su expareja, que a su vez entró en ella porque su pareja previa era la adjudicataria.

La puerta que separa a Sheila de sus enseres no es una excepción. En esta promoción hay 151 viviendas. De ellas, 13 están ocupadas ilegalmente, y 17 se encuentran cerradas con medidas de seguridad destinadas a evitar entradas ilegales. Aquí anidaron integrantes de la banda de los Trinitarios. Abundan, también, los conflictos entre vecinos. Y el menudeo de drogas. Es, según describen quienes se mueven por allí todos los días, un proyecto fallido de vivienda pública.

“La Comunidad de Madrid, sorpresivamente, desaloja a familias con menores y permite la existencia de narcopisos ocupados que no denuncia”, asegura Javier Castillo, portavoz del PSOE en Torrejón, un municipio de 140.000 habitantes al este de Madrid que ahora protagoniza un nuevo encontronazo entre el Gobierno regional y el nacional a raíz del desahucio de Sheila. “Esos pocos delincuentes dificultan la vida al resto”, añade sobre los 121 pisos en los que sí residen adjudicatarios que pagan su alquiler a la Agencia de Vivienda Social (AVS).

“El abandono de la Comunidad de Madrid a través de la AVS, que es quien gestiona esas viviendas, lo complica todo hasta el extremo”, añade. “Los elementos comunes están en pésimas condiciones, con portales con cristales rotos, suciedad y sobre todo puertas de acceso rotas para que cualquiera pueda subir a comprar droga a cualquier hora del día y de la noche”, describe. Y añade: “Estos delincuentes han quemado coches en el garaje, han amenazado y agredido a vecinas, son muy pocos, pero actúan dentro de la seguridad que les da el hacerlo en una finca privada ante la impasividad del propietario”.

Esa es la parte nuclear del pulso. La Comunidad de Madrid señala a la Delegación del Gobierno como responsable de la seguridad. “La problemática existente en la mencionada promoción se deriva, en gran medida, de la falta de seguridad ciudadana, materia que compete a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bajo la coordinación de esa Delegación del Gobierno”, le reprochó el titular regional de Vivienda, Jorge Rodrigo, al delegado Francisco Martín, en una carta fechada el 9 de julio a la que accedió EL PAÍS. “La erradicación de las actividades delictivas en el entorno de la mencionada promoción excede las competencias de la Agencia de Vivienda Social”.

Quizá por eso este martes los vecinos de la promoción pasan de puntillas sobre el caso de Sheila, o se niegan a dar información “para no buscarse problemas”. Una mujer que sale de la portería espeta al otro lado de la valla en nombre de todos los vecinos: “Ni la conocemos, ni nos importa”. Tienen, parece, otros problemas.

Varios de los vecinos opinan que este es un edificio conflictivo. Margarita, vecina de la finca desde que se entregaron estas viviendas sociales a los primeros beneficiarios en diciembre 2009, dice que ella ha sobrevivido 16 años allí “desviando la mirada”.

Ella, que emigró a España desde su Polonia natal en 1999, llevaba varios años viviendo en el centro de Torrejón de Ardoz cuando consiguió un piso social dados sus bajos ingresos. Hoy, con 54 años, sobrevive como puede, con los trabajos que le van saliendo al paso y que, a veces, no le alcanzan ni para pagar su alquiler a precio reducido.

Margarita asegura que, cuando un mes ha tenido problemas para pagar el piso, la AVS no la desahucia de su casa, sino que le acumula la deuda hasta que ella tenga solvencia, y así ha logrado pasar bajo techo varias temporadas sin trabajo. “Eso no pasaría con una hipoteca, aunque tampoco podría pagarla”, reconoce. “Ahora mismo tengo una deuda de la que voy saliendo con algunas horas que hago en un trabajo de limpieza. Por todo eso no me voy de aquí, pase lo que pase”.

Margarita asegura que la convivencia en la comunidad de vecinos se ha ido deteriorando con el paso de los años, aunque aclara que ahora no se está viviendo la peor época gracias a que ya han exulsado del edificio a varios de los conflictivos. Como los trinitarios.

Varios vecinos entrevistados por este diario hacen referencia a personas que ocupaban los pisos que quedaban vacíos, y que estos eran los mismos que provocaban altercados en la convivencia. Margarita afirma que en el piso debajo del suyo vivían de okupas “miembros de una banda latina”, que llegaron a robarle el agua del piso.

Diferencias culturales

“Otra vecina me tiraba huevos a la puerta y en una ocasión me rompieron una ventana, pero yo nunca llamé a la policía porque sabía que no harían nada”, continúa. “Pero yo seguí pasando de todo, como si nada. Los demás vecinos me preguntaban que cómo podía, pero yo lo que digo es que no puedo vivir con miedo”.

Los vecinos que entran y salen del número 14 de la avenida Carmen Laforet demuestran que en la comunidad conviven varias nacionalidades, por lo que algunos suelen señalar las diferencias culturales como una de las causas de los choques. Álex, un vecino de 23 años que baja a pasear con su perro, asegura que se ha sentido inseguro tanto en el edificio como en el barrio a causa de “la droga” y de “las bandas latinas”.

En su caso, al preguntarle cómo se manifestaba la inseguridad en el barrio, señala que “las drogas le importan menos”, y que, en realidad, lo peor es que llegó a sentirse “en otro país porque había gente escuchando cumbia por todas partes”. A pesar de que él, que llegó hace 15 años con su madre a este edificio, no ha vivido un enfrentamiento directo con ningún vecino, dice que tiene miedo de aparcar el coche en el garaje y que lo hagan “una barbacoa”, aunque tampoco tiene constancia de que esto haya sucedido antes. Ahora que su madre falleció y él se quedó solo, dice que su sueño es irse de allí “a un pueblo donde no haya gente”.

Para otro vecino de origen marroquí, que prefiere no decir su nombre, el problema está en que los que viven hoy no son las mismas familias que al principio. Él se mudó, también en 2009, con su esposa a un piso de tres habitaciones y aquí nacieron varios de sus cuatro hijos. “A cada piso han ido llegando nuevas personas, que si un primo, que si otro familiar”, señala. Y, como ya no son familias, dice él, la convivencia se deteriora.

“Hacen fiestas, ponen música alta, maltratan las instalaciones, abren huecos en las paredes de pladur”, explica. “Cada cual es responsable de su piso, pero esas personas son las que han dañado el edificio”. Es por eso que el vecino extraña aquella finca nueva y moderna que le entregaron a los nuevos inquilinos hace 16 años.

Margarita confirma que no solo ha sido la convivencia la que se ha deteriorado, sino también las propias estructuras del edificio. Dice que las paredes de su casa están descorchadas y que tienen grietas. “Ya sabes cómo son las viviendas sociales en Madrid”, remata. Otros vecinos añaden que “los trabajadores” ―en referencia a los que atienden por parte de la AVS― se han preocupado en los últimos tiempos por reparar algunos desperfectos y por limpiar las zonas comunes, además de sacar a la fuerza a los que estaban perturbando la comunidad.

Sheila, desahuciada el 8 de julio y atendida por los servicios sociales del municipio, según ha constatado la Comunidad de Madrid, vuelve este martes a la que fue su casa. Le dan igual los conflictos vecinales. Dice que se lleva bien con todos. Y por eso, plantada ante la puerta, sueña con volver.