El desahucio de una mujer con tres hijos y víctima de violencia de género lleva al choque total al Ejecutivo de Sánchez y al de Ayuso

8 de julio. Torrejón de Ardoz (Madrid). S. C., una mujer soltera y madre de tres hijos, es desahuciada de una casa de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. Hasta allí ha llegado tras iniciar una relación sentimental con el adjudicatario, quien fue condenado por violencia de género y debe cumplir una orden de alejamiento. Ella y sus hijos llevan ya un tiempo como únicos moradores en la residencia, donde están empadronados. Pero ninguno de esos datos, aportados a este diario por la delegación del gobierno, evita su expulsión, a la que apenas acompaña la promesa de una ayuda por parte del Ayuntamiento de la localidad. En consecuencia, Francisco Martín, el delegado del Gobierno nacional, ha mandado este lunes una dura carta de protesta a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Pero esta ni siquiera llega a leerla: Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, la frena y deja sobre su mesa. Otro pulso entre las dos administraciones.

“Me dirijo a usted con profunda indignación ante la falta de soluciones, responsabilidad o, básicamente, de humanidad con la que han reaccionado sus consejeros a cargo de Política Social y de Vivienda a raíz de lo sucedido en la mañana del pasado 8 de julio en el número 14 de la avenida Carmen Laforet, en Torrejón de Ardoz“, arranca su misiva Martín. ”La medida se ejecutó el citado día 8 de julio sin ofrecer una alternativa habitacional estable, dejando a una madre y tres menores en situación de desamparo“, critica. ”Señora Presidenta (...), hablamos de una familia vulnerable a la que han dejado sin techo y de la que no pueden ni deben desentenderse”, sigue el delegado. Y reclama: “Le ruego reconsidere su decisión y asuma con extrema urgencia las competencias que le corresponden a este respecto”.

Las relaciones entre Ayuso y Martín están rotas desde hace meses. El Gobierno regional ha dejado de contar con el nacional para sus actos. Aunque las fricciones vienen de antes, pues ya saltaban las chispas cuando Mercedes González ocupaba la delegación (2022), el desencuentro nunca se había concretado tan explícitamente como ahora.

Sin invitación para los actos regionales, Martín ha empezado a organizar ceremonias paralelas a las de la Comunidad en fechas tan señaladas como la que celebra la Constitución. Al tiempo, se ha llegado a presentar sin haber sido citado en el acto de homenaje a las víctimas de los atentados del 11-M. Con la relación institucional absolutamente contaminada por la polarización política, y los consecuentes reproches cruzados, el desahucio de Torrejón provoca que se dé un nuevo paso en la confrontación. Del diálogo lleno de reproches se pasa al diálogo de sordos. La misiva de Martín ni siquiera llega a la mesa de Ayuso.

“Hemos recibido su carta de 14 de julio que no voy a enviar a la presidenta de la Comunidad de Madrid para su conocimiento por su falta de respeto”, le contesta por escrito Miguel Ángel Rodríguez, el poderoso jefe de gabinete de la líder conservadora. “Le ruego escriba a la presidenta con el decoro que implica su cargo de usted”, se queja. “Si no es capaz de entender lo que usted representa, no vuelva a enviar cartas con esa mala educación”.

¿Cómo se llega hasta aquí? El 7 de julio, antes del desahucio, Martín se pone en contacto con Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, del que depende la AVS. Pide afrontar conjuntamente la situación de las viviendas públicas de la avenida Carmen Laforet de Torrejón de Ardoz, conocidas por su conflictividad, y en la que un día después se produce el desahucio de S. C. “Desde hace años [este edificio] presenta un gran deterioro”, describe.

La respuesta, no por esperada, satisface al delegado. “La problemática existente en la mencionada promoción se deriva, en gran medida, de la falta de seguridad ciudadana, materia que compete a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bajo la coordinación de esa Delegación del Gobierno”, le reprocha.

El mismo 8 de julio, Martín le escribe a la consejera de Políticas Sociales, Ana Dávila. “Como usted bien sabe, los principios de la Ley 2/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid establecen que debe garantizarse una atención a unidades familiares en situación de vulnerabilidad, en especial cuando hay menores de edad implicados”, le recuerda. “No podemos asumir como aceptable que una madre con tres hijos menores, empadronados y sin alternativa habitacional quede en situación de calle por inacción de las administraciones competentes”.

Dávila ni siquiera responde. En su lugar lo hace el director general de servicios sociales e integración, Ignacio Ayres. “Me permito recordarle que, conforme a la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, corresponde a los Ayuntamientos, a través de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria, la atención directa en este tipo de situaciones”, escribe. “En este caso concreto, nos consta que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz han actuado diligentemente”, añade. “Así, desde el consistorio transmiten que llevan meses ofreciendo una alternativa habitacional a la familia, y que esta fue finalmente aceptada por la madre y sus tres hijos el pasado día 8, con apoyo económico municipal para su sostenimiento”, sigue, pese a que la familia está ahora mismo en un hostal, según el gobierno central, ya que apenas cuenta con la promesa de que se le pague un piso durante unos meses, tras lo que tendría que afrontar el alquiler con el único ingreso del ingreso mínimo vital. “Gracias a esta respuesta, no fue necesario activar el Servicio de Emergencia de la Comunidad de Madrid, aunque estaba disponible en caso de requerirse”.

Y así se llega a la situación actual: S. C. A. ya no está en la casa que moraba con sus tres hijos escolarizados, y las administraciones, mientras tanto, se echan los tratos a la cabeza.