El centro de Ayuso para hombres víctimas de violencia sexual echa a andar: ocho empleados y con el ‘chemsex’ en la diana

Casi un año después de que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunciara la puesta en marcha del primer Centro de atención integral especializado en España para hombres víctimas de violencia sexual, ya hay fecha para su arranque: será el 1 de octubre, en un local con un mínimo de 150 metros cuadrados radicado previsiblemente en alguna de las zonas premium de la capital (Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán o Chamberí), y con ocho empleados, según documentación gubernamental consultada por EL PAÍS. El proyecto cuenta con la oposición de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que lo considera “una perversión” y “una ocurrencia frívola”. Los partidos de izquierdas ven en el plan un argumento más para la guerra cultural que ha emprendido Ayuso, y que le permite neutralizar a Vox. Y emplean una estadística para señalar que el centro no es urgente: en España, el 87% de las víctimas que sufrieron agresiones y abusos sexuales en 2023 fueron mujeres (11.311 de 12.981), según datos del Ministerio del Interior.

“La sanidad pública madrileña atiende a 100 hombres aproximadamente al año víctimas de violación”, justificó Ayuso su apuesta por este centro, que anunció en la Asamblea durante el último debate sobre el estado de la región, celebrado en septiembre. “Tendencia en aumento y cifras que irían a más, si no fuera porque muchos ni lo cuentan ni denuncian por miedo a ser estigmatizados”, añadió. “Ahora tendrán dónde pedir ayuda”.

Así le contestó Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid: “Es una burla a las víctimas y una provocación al movimiento feminista”.

Tras la polémica consecuente, el Gobierno regional afirmó que su nuevo programa no implicaba detraer ningún recurso de los asignados a las mujeres. Al tiempo, la administración autonómica argumentó que en los primeros nueve meses del pasado año llevaba atendidos a casi 250 niños varones, agredidos mayoritariamente por adultos.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid no proporcionó entonces el dato de cuántas niñas o mujeres habían sido atendidas por las mismas agresiones en el mismo periodo, por lo que no fue posible hacer una comparativa. Según los datos de Interior, la comunidad dónde se registraron más delitos contra la libertad sexual en 2023 fue Cataluña, seguida por Andalucía. Madrid fue la tercera con 3.066.

Ahora, el Gobierno de Ayuso justifica su iniciativa, según documentación oficial, en haber detectado “un consumo problemático de drogas emergentes y otras sustancias psicoactivas, sumisión química, etc., en entornos sexuales y de chemsex”, por lo que dirige el proyecto “a los hombres víctimas de agresiones sexuales en este y otros entornos, como el penitenciario o el laboral, los hombres en situación de prostitución, adultos que han sufrido de abuso sexual en su infancia o adolescencia y, en general, a cualquier hombre que haya sufrido violencia sexual por otros hombres en cualquier situación o entorno”.

El acceso al servicio será siempre gratuito, voluntario y confidencial, y sin que esté condicionado a la presentación de denuncia. Podrá realizarse a iniciativa propia de la persona afectada, mediante derivación desde los centros sanitarios, los de asistencia a menores, el Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI o a través de cualquier otra entidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Para atender a los usuarios, el programa será externalizado a una empresa que deberá contar con un mínimo de ocho profesionales. De ellos, tres tendrán que ser psicólogos sanitarios, dos trabajadores sociales y uno abogado. Tras la polémica por las clínicas privadas que desempeñan médicos de la sanidad pública, práctica que ha planteado prohibir el ministerio de Sanidad para los jefes de servicio, Madrid no deja ningún cabo suelto en los pliegos del contrato, que cifra en 844.000 euros su valor estimado sin impuestos, y en 464.200 el presupuesto base.

“Los profesionales que integran el servicio no podrán en ningún caso llevar a cabo ningún tipo de actividad profesional en el ámbito privado y de carácter lucrativo con las personas usuarias de los servicios de información, atención, orientación y asesoramiento del servicio”, se lee en la documentación de la licitación, que también detalla las características físicas del nuevo centro.

Así, deberá contar al menos con cuatro despachos independientes con una superficie mínima de 10 metros cuadrados cada uno, una sala polivalente para actividades de al menos 30 metros cuadrados, zona de recepción separada de la zona de espera, un espacio para archivo de la documentación custodiada y, al menos, dos aseos. Esas son las bases para que la instalación abra sus puertas a partir del 1 de octubre, alimentando una polémica que extiende la cartera de servicios sociales de Madrid, al mismo tiempo que nutre a Ayuso en su estrategia por absorber todo el voto posible de la derecha.