La Agencia Tributaria intentó registrar la casa del presidente de LaLiga tres días antes de los acuerdos por los derechos televisivos

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro conoció de primera mano la inspección que la Agencia Tributaria había abierto al presidente de LaLiga, Javier Tebas, por presunto fraude fiscal. Según consta en tres correos electrónicos del caso Montoro, a los que ha accedido EL PAÍS, su jefe de gabinete, Felipe Martínez Rico, le informó de que Hacienda había solicitado la entrada y registro en casa de Tebas y de su hijo y daba por hecho que iba a producirse en junio de 2015. El registro, que no se produjo porque el juez no lo autorizó, se solicitó para el 16 de ese mes, solo tres días antes de una asamblea extraordinaria de LaLiga en la que se trató sobre los derechos televisivos del fútbol. Tebas, que intenta personarse como acusación particular en el caso Montoro (por ahora, sin éxito), cree que el ministerio de Montoro buscó, con el registro, un golpe de efecto que le obligase a dejar sus responsabilidades y aplazase la asamblea.

En los tres correos, escritos desde su cuenta corporativa, el jefe de gabinete da cuenta puntual al ministro del caso que afectaba a Tebas. El 13 de febrero de 2015, le explica que la Agencia Tributaria ve “indicios de delito”, aunque “por un importe muy reducido”, tanto que “llegaba justo a la cuota de delito” [120.000 euros]. El organismo, añade, ha acudido a la Fiscalía Anticorrupción, pero tras recibir un portazo (“no ha admitido a trámite la denuncia”) ha “insistido” y ha acudido a la Fiscalía de Madrid, que según transmite sí la estudiará. “La AEAT sospecha que pueden probar delitos más graves ligados a la corrupción”. No consta qué contestó Montoro, si es que lo hizo.

Dos meses más tarde (16 de abril), Martínez Rico matiza que por ahora la Fiscalía “no ha aceptado la denuncia”. Y el 2 de junio, finalmente, le informa de un avance significativo. “La investigación del caso Tebas ha llegado al punto de solicitar autorización judicial para entrada y registro. Se producirá a lo largo de este mes”. El jefe de gabinete sabía ya que, apenas siete días después, la Agencia Tributaria iba a enviar un escrito a los juzgados contencioso-administrativos de Madrid, que debían autorizar la medida “sin audiencia del interesado”.

En el escrito, al que ha accedido este diario, Hacienda pide registrar el despacho profesional y el domicilio particular de Tebas, así como el domicilio de su hijo. El objetivo era recabar “documentos, libros, contabilidad, ficheros, facturas, archivos informáticos”, etcétera, para evitar la “destrucción de pruebas”. Según el relato de los inspectores, Tebas participó en la “negociación y gestión” de los acuerdos para ceder los derechos del fútbol “en los que se pactaron ingentes cantidades de dinero con las plataformas audiovisuales”. Y también en “la intermediación de jugadores y entrenadores” a través de sociedades indirectamente controladas por él. El escrito concluía que Tebas no había incluido, en su declaración de la renta, todos los ingresos, por lo que había eludido el pago de impuestos (IRPF, patrimonio, IVA y sociedades).

El juez rechazó la medida porque no la vio “proporcionada”, ya que había otras formas de obtener esa información. La decisión fue ratificada, tras el recurso de Hacienda, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), según la documentación consultada. En conversación con este diario, Tebas considera que el registro tenía como objetivo ocasionarle “un daño a la reputación” para apartarlo de La Liga “justo antes de la asamblea extraordinaria”. Y denuncia que es víctima de una “operación” en la que “no solo está implicado Montoro”, sino también “altas instituciones públicas y privadas”.

Esa asamblea general extraordinaria de LaLiga se celebró, el 19 de junio de 2015, en El Madrigal, el estadio del Villarreal. En el orden del día consta la presentación de un “informe del presidente sobre la situación de la TV, temporadas 2015/16 y siguientes”. Tebas defendió y logró que se aprobara la recompra de los derechos sobre 38 clubes que tenía Mediapro. En una rueda de prensa posterior a la asamblea, se mostró convencido de que “en los próximos días” podría llegar a un acuerdo también con los cuatro clubes de Telefónica. Fue una reunión tensa, en la que el Real Madrid le acusó de actuar en favor de Mediapro, entonces propiedad del empresario Jaume Roures. Meses más tarde, en diciembre, el Consejo de Ministros aprobó por real decreto la venta centralizada de los derechos de retransmisión televisiva para poner fin a casi dos décadas de disputa.

Abortado el registro, el proceso por el presunto fraude fiscal siguió adelante. La Fiscalía lo archivó en junio de 2016, pero comenzó entonces un expediente administrativo de la Agencia Tributaria que, por ahora, se ha saldado con actas por casi cinco millones de euros. “Están pagadas y recurridas”, explica Tebas, quien asegura que esa actuación no tiene que ver con la inicial sino que se discuten “consideraciones contables” de su despacho de abogados en los ejercicios entre 2010 y 2013, o sea juso antes de su etapa al frente de LaLiga (abril 2013).

El juez no ve delito en los correos

Tras conocer la existencia de los tres correos, Tebas intentó personarse en el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, que investiga el pago de comisiones millonarias de empresas de diversos sectores (gas, electricidad, renovables, juego, etcétera) a Equipo Económico, una asesoría que había fundado en 2006 Cristóbal Montoro. Según la investigación, los pagos servían para conseguir que el Ministerio de Hacienda, que tuvo a Montoro al frente entre 2011 y 2018, impulsara medidas legislativas que le fueran favorables. La investigación ha acreditado los nexos entre el bufete y el ministerio mucho después de que Montoro lo abandonara formalmente, y sospecha que percibió parte de los pagos.

El juez de Tarragona, Rubén Rus, ha rechazado admitir a Tebas como acusación particular tras hacer un esfuerzo por localizar y analizar los correos. Los tres mails eran, hasta que el presidente de LaLiga los reclamó, “desconocidos en la causa”. Pero el juez supo que habían sido objeto de discusión en el seno de una tensa junta de fiscales de Anticorrupción celebrada en septiembre de 2023 y forzada por la fiscal del caso, Carmen García. Ésta consideró que los correos debían incorporarse a la causa y pidió también que se vaciara una cuenta de correo (aromero@minhap) de Hacienda atribuida a Montoro (su segundo apellido es Romero). La junta rechazó ambas peticiones y concluyó que los correos no contenían indicios de delito. Después, y esa es otra historia, la fiscal pidió al jefe de policía judicial que solicitara al juez el vaciado del correo del ministro, desobediencia de la que supo el fiscal jefe de Anticorrupción y por la que fue sancionada.

El juez Rus concluye que de los correos, por sí solos, no se colige un delito de prevaricación o falsedad. No hay contexto que permita ir más allá, viene a decir en su resolución, en la que descarta igualmente un delito de revelación de secretos. Las personas que conocen las actuaciones de la AEAT sobre Tebas son “el ministro de Hacienda y su jefe de gabinete”, y el ministro en particular “está plenamente autorizado para conocer el contenido de las actuaciones” de Hacienda. Que sea informado, señala “forma parte de las funciones que tiene atribuidas”. Tebas va a recurrir con el argumento de que el ministro no puede acceder a los datos tributarios de los contribuyentes.

Los precedentes

Lo sucedido con Tebas no fue una excepción en la etapa de Montoro al frente de uno de los ministerios clave del Gobierno de Mariano Rajoy (PP). El sumario del caso ha puesto de relieve cómo las personas de mayor confianza del exministro (de nuevo, su jefe de gabinete) tenían conocimiento directo de los avances de inspecciones fiscales a empresarios, deportistas, políticos y celebridades: el exministro de Economía Rodrigo Rato, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, el tenista Rafael Nadal, la baronesa Thyssen o el empresario Demetrio Carceller. También llegó a oídos de Martínez Rico información sobre los casos Gürtel y Pujol. La fiscal considera que se trata de “información reservada”

Los enfrentamientos de Tebas con el ministerio de Montoro tienen precedentes. En otoño de 2014, el presidente de LaLiga acusó a la directora general de recaudación, Soledad García, de “querer liquidar los clubes” y de “animadversión por el fútbol” al incumplir, a su juicio, los acuerdos de aplazamiento de la deuda. García se querelló contra él por injurias (el caso fue archivado) y el ministerio de Montoro pidió que se abriera un expediente sancionador a Tebas.