El ‘caso Montoro’: siete años de pesquisas secretas y un choque por el veto de Anticorrupción a que la fiscal husmease en el “correo del ministro”

La investigación judicial contra el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y la empresa de asesoría fiscal que fundó, Equipo Económico, ha sido especialmente larga (desde 2018) y compleja. Comenzó con una operación que investigaba a una empresa gasista y unos correos electrónicos localizados durante una de las primeras diligencias de investigación ordenada por el juez. Esos documentos fueron intervenidos en la empresa Messer Ibérica de Gases. Sus directivos habían encargado un informe sobre bonificaciones de la factura eléctrica que el Gobierno estaba tramitando a través de iniciativas legislativas. Los directivos de Messer señalaban en sus comunicaciones la necesidad de acudir a Equipo Económico para conseguir sus propósitos, lo que hizo sospechar al instructor. Un equipo de los Mossos ayudado por la UCO de la Guardia Civil requisó en 2023 documentación del caso en el Ministerio de Hacienda.

Aquella investigación empieza a asomar la cabeza ahora. La causa ha permanecido siete años bajo secreto de sumario (todo un récord, apuntan fuentes judiciales), periodo en el que se ha dirimido, entre otras cosas, una cruenta batalla en el seno de la Fiscalía. Los jefes de Anticorrupción impidieron a la fiscal del caso, Carmen García, solicitar el volcado de una cuenta de correo electrónico que, según la investigadora, podía pertenecer al entonces ministro Cristóbal Montoro.

El conflicto en el seno de Anticorrupción comenzó cuando la fiscal pidió en abril de 2023 identificar al titular de una cuenta de correo del Ministerio de Hacienda, identificada como “aromero@minhap”, para solicitar el “volcado” del buzón. El teniente fiscal prohibió pedir esa diligencia al juez, García insistió en que era necesaria y al fiscal jefe, Alejandro Luzón, concluyó que era “improcedente”. García activó entonces el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y forzó la convocatoria de una junta de fiscales anticorrupción que, en diciembre de 2023 y por 18 votos contra 5 (incluido el suyo), se puso del lado del jefe.

La fiscal buscó entonces vías alternativas. Llamó al jefe de la investigación de los Mossos d’Esquadra y le pidió que solicitara al juez el volcado de esa cuenta de correo. La maniobra llegó a oídos del fiscal jefe y se inició así un expediente sancionador que acabó con una multa de 1.000 euros para la fiscal por desobedecer órdenes de un superior. La fiscal García siempre tuvo claro que la dirección de correo (aromero) correspondía a la del ministro, cuyo nombre completo es Cristóbal Montoro Romero. El jefe de los Mossos aseguró que la fiscal le llamó por teléfono y le habló siempre del vaciado del correo “del ministro”.

Rubén Rus, el juez de Tarragona que está al frente del caso, ha comunicado al exministro y a otras 27 personas —incluidos altos responsables de Hacienda durante su mandato, entre 2011 y 2018— su condición de investigados en esta causa. Montoro, según la investigación, impulsó presuntamente reformas legislativas que supusieron importantes rebajas fiscales para empresas gasistas. Esas empresas abonaron, siempre según la instrucción, casi 780.000 euros a Equipo Económico (EE), un despacho de abogados que había fundado tiempo atrás el propio Montoro, como pago para impulsar unas reformas que no habían podido lograr por otros cauces.

El auto judicial circunscribe la investigación a dos hechos, que corresponden con las dos reformas legislativas aprobadas. El juez ha ordenado “el expurgo” de los correos electrónicos intervenidos, de manera que se mantengan solo los que sean de interés para la causa. Rus, sin embargo, mantiene abiertas diversas piezas separadas (algunas siguen en secreto) que se basan en correos electrónicos y que apuntan a presuntas maniobras de Hacienda para entorpecer investigaciones perjudiciales para el PP o perjudicar a rivales políticos.

La defensa del PP en Hacienda por el caso Gürtel. Algunos de los correos electrónicos conocidos tras la investigación judicial versan sobre las gestiones en el seno del Ministerio de Hacienda, y en pleno estallido del caso Gürtel, para convencer al juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, de que las donaciones ilegales a la caja b del PP no eran delito. Mientras que el juez pedía a los peritos de Hacienda que le calculasen el fraude del PP por no tributar por las donaciones ilegales que registraba en su caja b; los dirigentes del ministerio de Cristóbal Montoro respondían al juez que esas donaciones ilegales no tenían obligación de declararse en el Impuesto de Sociedades, y por tanto era imposible imputar al PP un delito fiscal. El órgano dependiente del Ministerio de Hacienda elaboró un dictamen donde expresaba que su criterio era “absolutamente contrario al utilizado por expreso mandato de la autoridad judicial”, según dejó escrito la inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas. El informe arrojó el resultado de una cuota impagada de 220.167 euros, por encima del mínimo que la ley fija (120.000 euros) para acusar por delito fiscal. La Audiencia Nacional confirmó en sentencia la existencia de una caja b que funcionó durante años en el PP y con la que se pagó una parte de las obras de la sede de Génova,13, pero absolvió al PP del delito fiscal. El Supremo confirmó esta sentencia y rechazó las alegaciones del PSOE que pidió incorporar al caso los correos incautados por el juzgado de Tarragona donde se detallaba como se gestionó dentro del ministerio la amenaza judicial contra el PP.

Uno de las comunicaciones entre los altos cargos del ministerio de Montoro resume así el conflicto con el juez Ruz:

26 de marzo de 2015. “Si preguntan, no hay delito en el PP”. “Si le preguntan, la Agencia Tributaria mantiene su criterio, no hay delito en el Partido Popular, sí en UNIFICA [empresa que acometió las obras de reforma de la sede del PP y cobró parte del servicio en dinero negro]. A su vez, Justicia se está planteando la posibilidad de que la Abogacía del Estado plantee un recurso al auto del juez [ordenando una informe sobre el fraude fiscal del PP al no pagar el impuesto de sociedades por las donaciones ilegales recibidas en 2008]. En este caso, también se solicitarían argumentos a la AEAT para fundamentar el recurso. Decidiría la sala de la Audiencia Nacional que ya en anteriores ocasiones ha considerado que una donación ilegal no debería de estar exenta de tributación en el Impuesto sobre Sociedades...”.

Rato acusa a Montoro de persecución política por los correos incautados en el ministerio. El exvicepresidente Rodrigo Rato acusó a Montoro de una persecución política que desembocó en la causa judicial por la que fue condenado a una pena de cuatro años y nueve meses de prisión por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Rato basó su acusación en los correos electrónicos incautados durante la investigación abierta en un juzgado de Tarragona y llegó a leer alguno de esos correos durante el juicio celebrado hace casi un año en la Audiencia Provincial de Madrid. “Estamos aquí”, declaró Rato, porque el 16 de abril de 2015, cuando fui detenido y registraron mi casa y mi oficina previo aviso a los medios, Felipe Martínez Rico, jefe de gabinete del ministro Montoro, le escribió otro correo electrónico en el que le asegura “Nos viene bien, para demostrar que la DTE [amnistía fiscal] ha servido de señuelo a la Agencia Tributaria (AEAT) para centrar investigaciones de fraude fiscal, y que de la investigación posterior, incluso, puede derivarse acusación por delito fiscal. Ya sabemos por qué estamos aquí”.