Ayuso reclama que el Estado se encargue de 50 menores migrantes que piden asilo y aviva su pulso con Sánchez por la política migratoria

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha dado este miércoles una vuelta de tuerca más en su pulso por la política migratoria con el ejecutivo central, que lidera Pedro Sánchez, al reclamar que el Estado se haga cargo de 50 menores migrantes residentes en la región que han pedido asilo. Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, solo un día después de que la líder conservadora exigiera el cierre de los centros de acogida a migrantes de la región, y anunciara su intención de denunciar ante los tribunales y la UE las decisiones del Estado en materia de extranjería. Esa batería de reclamaciones políticas, administrativas y judiciales, que incluye recurrir ante el Constitucional el reparto de menores extranjeros por toda España, o solicitar la expulsión de una veintena, certifican que Madrid actúa como punta de lanza del PP nacional, que este fin de semana, en su congreso, apostó por endurecer su posición en política migratoria. Así ha reaccionado el gobierno central: “Oportunismo e insolidaridad”, ha criticado el ministro Ángel Víctor Torres.

“Hacemos un requerimiento para que el Estado atienda, el gobierno central atienda, a 50 menores no acompañados que son peticionarios de protección internacional y se encuentran atendidos en centros de la Comunidad de Madrid”, ha dicho García Martín tras la reunión semanal del consejo de gobierno regional. “Es un requerimiento previo a la interposición del correspondiente recurso para que los menores extranjeros que han llegado hasta nuestra comunidad no por generación espontánea, sino porque los ha traído el gobierno de Pedro Sánchez, y son peticionarios de asilo, de protección internacional, sean atendidos directamente por la administración general del Estado, como así está establecido en el ordenamiento jurídico vigente”, ha seguido. Y ha rematado: “El gobierno no puede plantear como única solución al caos migratorio que vive nuestro país la apertura de macrocampamentos”.

El requerimiento de Madrid se basa en un precedente: en marzo, el Supremo instó al ejecutivo central a hacerse cargo de 1.221 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que estaban a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias. Para llegar a ese punto, el gobierno de Fernando Clavijo dio los mismos pasos que ahora pretende dar el de Díaz Ayuso: primero un requerimiento por la vía administrativa, y, en su caso, recurrir al Supremo.

En el caso de Canarias, el tribunal concluyó que la gestión de las peticiones de asilo corresponde a la Secretaría de Estado de Migraciones, según el real decreto 220/2022. El tribunal, además, reprochó al Gobierno que no hubiera puesto a disposición de estos menores el sistema estatal de acogida de solicitantes de asilo “pese a que es un sistema al que tienen pleno derecho y cuya implantación efectiva se revela imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento en que estos menores —según resulta notorio— se encuentran, abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger”.

Aunque desde entonces la situación no se ha desbloqueado, lo que ha llevado a que el Supremo ordene a los gobiernos central y canario un informe quincenal sobre la atención a los menores solicitantes de asilo, Madrid cuenta con que el precedente sea suficiente para que el Estado acepte su petición sin necesidad de dirimir el asunto ante la justicia.

“Tienen un mes para contestar al requerimiento”, ha dicho García Martín sobre el Ejecutivo central, que se ha comprometido con Canarias a recibir a los niños en centros de la Península o a financiar su estancia en las islas. “Lo tienen fácil. Que no hagan perder el tiempo a los órganos judiciales. Ya ha habido un pronunciamiento claro”, ha seguido. “Lo lógico y normal es que asuman su responsabilidad y sus competencias”.

Sin embargo, en La Moncloa no comparten esa interpretación. “La competencia en menores es de las Comunidades Autónomas”, ha reaccionado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en sus redes sociales. “El Gobierno de España atiende a esos niños solicitantes de asilo en Canarias respondiendo a un auto del Supremo con medidas cautelares para aliviar la situación de hacinamiento de las islas”, ha abundado. “Madrid no tiene sus recursos saturados”, ha añadido, pese a que el gobierno regional así lo dice. Y ha advertido: “Me parece una frivolidad compararse con un territorio que padece una situación límite. Que acuda al Supremo, si lo considera”.

“En el caso de Canarias, se ha adoptado una medida cautelar, el Supremo aún no se ha pronunciado sobre el fondo del tema”, abunda una fuente del gobierno central con conocimiento de los trabajos de la comisión interministerial de inmigración. “El auto obliga al gobierno de España de forma cautelar a hacerse cargo en su sistema de protección internacional de los 1.000 niños de Canarias. Solo de Canarias”, subraya. “Es decir, se sienta un precedente, pero de medidas cautelares, no de que se otorgue la responsabilidad al gobierno de España. Lo que dice Ayuso no tiene base jurídica”.

En el ejecutivo central están convencidos de que el real decreto de reparto de menores, que afecta también a los demandantes de asilo, acabará con el problema. Y señalan que Madrid, de acudir al Supremo, tendría que demostrar que su sistema de acogida está desbordado, como hizo Canarias. Por lo tanto, nada hace esperar que la resolución de este asunto, si llegara, cerrará el capítulo de choques por la política migratoria entre la administración regional y la central.

El PP ha encontrado aquí una bandera para su estrategia de oposición contra Sánchez, y en Vox un rival que le presiona para endurecer su posición. Un contexto en el que el gobierno de Ayuso se mueve como pez en el agua, y en el que tiene fácil encontrar puntos de conflicto: ahora con los peticionarios de asilo, y ayer y mañana con los menores migrantes que próximamente llegarán a la región como resultado del acuerdo para repartir a los que se hacinan en Canarias y Ceuta.

“Esos menores están bajo la protección del Gobierno de Canarias: como no tenemos comunicación de ningún tipo, no hemos podido aceptar ni rechazar lo que no nos han ofrecido, y ese reparto no se va a poder producir”, ha dicho García Martín. “Defenderemos los intereses de la Comunidad de Madrid”, ha añadido. Una frase que suena a aviso: el pulso entre las dos administraciones por la política migratoria no ha terminado.