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El traslado de los menores migrantes desde Canarias se retrasa hasta finales de agosto o septiembre

El Ejecutivo acelera los últimos trámites antes de los viajes a la Península. “Será, máximo, antes de que empiece el curso escolar”, aseguran en el Ministerio de Infancia

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ofrece declaraciones a los medios tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, este viernes.
María Martín

Comienza el sprint final. El Gobierno ha planificado un ajustado calendario para poner en marcha este verano los primeros traslados de menores migrantes desde Canarias. Atrás ha quedado el objetivo inicial de arrancar julio. Ahora se aspira a que comiencen entre la segunda y tercera semana de agosto, aunque no se descarta que se retrasen hasta mediados de septiembre, según confirman a EL PAÍS tres fuentes gubernamentales. Por delante quedan dos Consejos de Ministros clave, una nueva reunión con las comunidades autónomas y un agosto complicado por las vacaciones del funcionariado.

“Vamos a apretar en todo lo que dependa de nosotros para que sea en agosto, máximo a mediados de septiembre, antes del curso académico, pero no más tarde”, aseguran en el Ministerio de Juventud e Infancia. Mientras, Canarias sigue desbordada: casi 5.700 menores migrantes no acompañados permanecen acogidos en condiciones de hacinamiento en las islas. El objetivo inicial era derivar a 4.400 menores desde Canarias y Ceuta a otros territorios, aunque es muy probable que el número acabe siendo mucho menor, entre otras cosas porque, mientras todo se resuelve, los adolescentes están cumpliendo la mayoría de edad.

El arranque de los traslados, que llevan cerca de dos años en la agenda política, depende de que el último real decreto necesario para activar la maquinaria llegue al Consejo de Ministros. Si se aprueba el 29 de julio o el 5 de agosto —última sesión antes de las vacaciones—, los menores recién llegados a Canarias deberían ser derivados a otros territorios en un plazo máximo de dos semanas, es decir, a mediados o finales de agosto.

Sin embargo, no se descarta que todo se retrase hasta el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político, el del 26 de agosto. En ese caso, la logística se aplazaría irremediablemente hasta mediado septiembre. Todo dependerá de que los trámites pendientes, como los informes del Consejo de Estado, no sufran retrasos, pero también puede prorrogarse por una cuestión práctica: si se comienza en agosto, la falta de personal por las vacaciones puede complicar tanto los traslados como la preparación de los recursos de acogida. En este sentido, las posiciones no son unánimes. A quienes creen que agosto es un mes perdido, se contraponen otras voces partidarias de acelerar. “Sería conveniente agilizarlo y llegar a agosto porque además nos serviría como prueba piloto”, defiende una fuente gubernamental.

En cualquier caso, las fuentes consultadas niegan que los traslados puedan demorarse hasta finales de septiembre, como teme la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado. “Esa fecha la consideramos inviable porque es cuando hay repunte de llegadas a Canarias y ya nuestro sistema está colapsado. Los traslados tienen que empezar mucho antes”, reclamó este viernes Delgado. Su preocupación se ha extendido en el Ejecutivo canario, donde varios responsables dan por hecho que no podrán liberar plazas de sus centros hasta octubre.

Al Ejecutivo canario le inquietan los plazos, pero también la resistencia de buena parte de las comunidades autónomas a participar en la acogida. Al tono beligerante se ha sumado recientemente Castilla-La Mancha, que este viernes elevó el tono contra el Gobierno. Por eso, además de premura, Canarias ha reclamado que sea la Policía Nacional la que garantice la acogida de los niños en los centros de destino. La propuesta implicaría que cada menor viaje acompañado de dos agentes, encargados también de alertar a la Fiscalía en caso de incumplimientos. El Ministerio del Interior tendrá hasta el 30 de junio para decidir si acepta la petición.

Las próximas semanas serán decisivas. Tras la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada este viernes, en la que se repitieron los reproches y el tono bronco, la próxima fecha clave será el 1 de julio. Ese día el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el envío al Consejo de Estado, por la vía urgente, del real decreto que regula los traslados. El texto establece dos tipos de derivaciones: el de los menores recién llegados, que debe ejecutarse en un plazo de 15 días tras su desembarco, y el de los que ya están hacinados en los centros de acogida, que podrán ser derivados a otras comunidades en un plazo máximo de un año.

La siguiente convocatoria será el próximo 17 de julio cuando está prevista una nueva Conferencia Sectorial de Infancia. El Ejecutivo intentará lograr el respaldo de las autonomías al paquete de 100 millones de euros destinado a financiar los traslados y la acogida. Con 11 recursos ante el Tribunal Constitucional contra este modelo obligatorio de solidaridad, el acuerdo parece complicado: la financiación es uno de los principales motivos de fricción. En previsión del rechazo, el Gobierno ya estudia cómo sortearlo.

Por último, queda pendiente un segundo real decreto que fijará los criterios para que una comunidad autónoma pueda declarar una “situación de contingencia migratoria” y solicitar ayuda. Ese será el texto definitivo que permitirá activar el reparto. Su aprobación podría llegar al Consejo de Ministros el 29 de julio, el 5 de agosto o, como muy tarde, el 26 de agosto. A partir de ahí, las comunidades tendrán cinco días para declarar la emergencia y, en los 15 días siguientes, deberán iniciarse las derivaciones de los menores recién llegados.

En paralelo, también deben activarse los traslados de los menores que han solicitado asilo y que, por orden del Tribunal Supremo, deben pasar a centros de titularidad estatal. Tres meses después del primer pronunciamiento, el Gobierno central y el canario han pactado las bases para trasladar a 827 chicos y chicas, el 66% de ellos refugiados de Malí. Aún no hay fecha para el inicio de este proceso, aunque debe ser inmediato, según el fallo judicial. Para empezar, el Ministerio de Migraciones ya ha ofrecido 250 plazas en un macro campamento para adultos en Gran Canaria. El próximo martes está prevista una reunión en la que ambas administraciones deberán empezar a definir el destino de estos menores.

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Sobre la firma

María Martín
Periodista especializada en la cobertura del fenómeno migratorio en España. Empezó su carrera en EL PAÍS como reportera de información local, pasó por El Mundo y se marchó a Brasil. Allí trabajó en la Folha de S. Paulo, fue parte del equipo fundador de la edición en portugués de EL PAÍS y fue corresponsal desde Río de Janeiro.
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