El Gobierno central y el canario firman el alta inmediata de 827 menores en la red de acogida estatal

El Gobierno central y el canario han rubricado este jueves el acuerdo que permitirá que 827 menores no acompañados solicitantes de asilo que actualmente son atendidos por la comunidad autónoma se den de alta de forma inmediata en el Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional estatal.

El encargado de anunciar esta formalización ha sido el ministro de Política Territorial y Memoria democrática, Ángel Víctor Torres, que ha comparecido ante los medios en Santa Cruz de Tenerife. El presidente canario, Fernando Clavijo, intervendrá cuando finalice la celebración esta tarde de la reunión del Pacto Canario de la Inmigración, firmado por todos los partidos del Parlamento canario a excepción de Vox. Este texto será remitido antes del viernes a los magistrados del Supremo

El Gobierno cumple así finalmente con la orden de marzo por el Tribunal Supremo, que lo conminó a hacerse cargo de más de un millar de menores no acompañados solicitantes de asilo en Canarias que ahora viven en centros de acogida de la comunidad. En total, Canarias tutela a unos 5.800 menores. A principios de mes, el alto trunal ordenó al Gobierno en un auto que adopte de forma “urgente” medidas para cumplir este requerimiento. Le amenazaba, además de “medidas coercitivas”, como multas e incluso una posible denuncia penal, en caso de que persista el incumplimiento.

El ministro ha defendido durante su intervención la actuación del Ejecutivo, y ha asegurado que si esa modificación no se ha llevado a la práctica tres meses después de su aprobación no es porque el Ejecutivo central quiera demorarlo, ya que su voluntad es que el reparto de menores se produzca “cuanto antes”.

Torres ha desgranado las premisas que se pactaron con el Gobierno canario en una reunión telemática celebrada el miércoles. La primera de ellas establece que estos 827 menores serán incorporados de forma inmediata al sistema estatal de acogida, una vez presenten una serie de “documentos esenciales”. A partir de ese momento, se llevará a cabo una evaluación individualizada de cada caso.

El ministro ha señalado que el expediente correspondiente “puede ser más o menos extenso”, y será a través de dicho proceso donde se determinará si el solicitante cumple con los requisitos para obtener protección internacional.

Asimismo, cada semana la comisión interadministrativa Canarias-Estado examinará los expedientes para definir el “lugar pertinente” en el que serán ubicados los menores, lo que incluye cualquier punto del territorio nacional, archipiélago canario incluido.

En este sentido, el ministro ha indicado que el Gobierno de España no dispone de datos sobre cuántos de los solicitantes de asilo mantienen arraigo en Canarias.

Tribunal Constitucional

Torres, además, se ha mostrado convencido de que ni el Tribunal Constitucional ni el Supremo tumbará la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. En su opinión, esta reforma “defiende los derechos humanos”, habilita la colaboración con comunidades “en situación de hacinamiento” y porque “es de justicia”.

En marzo, PSOE y Junts pactaron un real decreto que permitía la redistribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas para aliviar la congestión en el sistema de las islas y de Ceuta. Esta norma fue convalidada en abril en el Congreso. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular (además de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE), sin embargo, se han opuesto a esta medida y han recurrido al Tribunal Constitucional.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este jueves en este sentido que sería “absurdo e indecente” que las comunidades autónomas que han rechazado el acogimiento de los menores migrantes no acompañados se negasen a colaborar, y ha advertido de que además sería ilegal, “por lo que lo tendrían que pagar en los tribunales”.

Mañana se reúne la Conferencia Sectorial de Infancia en la que se abordará esta modificación de la ley de Extranjería.