Madrid y Canarias, las comunidades donde menos se documenta a los menores que emigran solos

El último informe del Defensor del Pueblo dedicado a la infancia migrante reveló un dato hasta ahora desconocido. De los 12.261 menores extranjeros no acompañados que había en España en diciembre de 2023, solo un 27% de ellos tenía una autorización de residencia. La cifra, aunque no está actualizada, demuestra que se incumple la ley de forma sistemática y que este colectivo permanece en el país sin las autorizaciones de residencia y trabajo que tanto comunidades autónomas como delegaciones de Gobierno deben tramitarles. En esa clasificación, destaca en el último puesto la Comunidad de Madrid, donde en ese momento solo tenían papeles un 14% de los menores acogidos. En segundo lugar, está Canarias, donde apenas un 17% de los menores contaba con una autorización de residencia.

Los datos son malos en su conjunto aunque también se encuentran casos como el de La Rioja que había documentado al 100% de los niños que tutelaba (solo seis) y, sobre todo, Ceuta, que, a pesar de su sobreocupación, logra documentar al 80% de los más de 230 menores acogidos en la ciudad autónoma.

Aunque a estos niños y adolescentes se les considera regulares a todos los efectos, la falta de autorizaciones de residencia y trabajo limita derechos y se convierte en un problema más grave al cumplir los 18 años, cuando se ven en la calle como adultos. Sin papeles no pueden trabajar, ni acceder a muchas formaciones, ni abrir una cuenta bancaria, ni obtener su tarjeta sanitaria, ni optar a ayudas públicas... En muchos casos tampoco pueden alquilar una vivienda ya que los propietarios han comenzado a exigir la residencia legal. La irregularidad los empuja a la marginalidad y, en casos extremos, a la expulsión, incluso si crecieron en España.

La responsabilidad de tramitar los documentos de los menores extranjeros no acompañados es compartida. Por un lado, la comunidad autónoma tiene la obligación de hacerse con los documentos de identidad de los chicos en los respectivos consulados y solicitar, después, las autorizaciones de residencia a las delegaciones de Gobierno. Por otro, son justamente las delegaciones las que tienen la responsabilidad última de regularizarlos: si a los 90 días de su acogida por parte de los servicios de protección, el menor no cuenta con un permiso de residencia, las oficinas de extranjería tienen el deber legal de abrir expedientes de oficio, tramitarlos y resolverlos en el plazo de un mes.

El defensor se interesa por estas cifras para medir el impacto que tuvo en este colectivo la reforma del reglamento de extranjería acometida en 2021 que tenía como finalidad, precisamente, facilitar la tramitación de las autorizaciones de residencia y trabajo de los menores. La medida fue considerada un éxito, sobre todo, de integración laboral porque ha permitido trabajar a más de 17.000 jóvenes entre 16 y 23 años, pero las cifras del defensor reflejan que no está funcionando como se esperaba para los menores que aún se encuentran bajo la tutela de las comunidades autónomas. La prueba es que los números de 2023, no son muy diferentes a los que reveló EL PAÍS en 2019, antes de la reforma de la ley. Entonces solo un 21% de los menores tenía su tarjeta de residencia.

La institución no logra identificar un “patrón común” para explicar por qué, quiénes y en qué fallan o por qué algunas comunidades tienen tasas muy altas de incumplimiento y otras más bajas.

En el caso de Madrid, la situación es especialmente compleja porque es destino de menores que vienen de otras comunidades y de otros muchos que llegan al aeropuerto de Barajas ―con pasaportes de adulto―, a los que se registra, pero se marchan. Fundación Raíces, que asiste a decenas de esos chicos sin papeles cada año, señala que el agujero es aún mayor porque no se trata solo de que no se les tramite la residencia, sino que tampoco se les tramita sus pasaportes. “Sin documentación identificativa no pueden ni empadronarse y mucho menos pedir por su cuenta una autorización de residencia”, explica Laura Iruarrizaga, abogada de la fundación. La letrada lamenta que esta dinámica empuja a muchos de esos chavales al sinhogarismo, porque una vez fuera de los centros y como mayores de edad es mucho más difícil regularizarse.

La Comunidad de Madrid mantiene que el tiempo que se tarda en solicitar la autorización depende, sobre todo, de la documentación que el menor traiga consigo. Si el menor no tiene pasaporte, un portavoz asegura que la fiscalía debe determinar su edad, lo que puede tardar hasta seis meses. Y que, una vez confirmado que es menor, se le tutela y se solicita la residencia. “En estos momentos, la Delegación de Gobierno está resolviendo las autorizaciones de residencia que se solicitaron en febrero”, asegura. En realidad la determinación de la edad solo es obligatoria en casos dudosos y tampoco es requisito necesario para asumir la tutela, ni la tutela es requisito para empezar a tramitar sus papeles. La Delegación de Gobierno no ha respondido las preguntas de este periódico.

El caso de Canarias, en el epicentro de la actualidad por la saturación de sus centros de acogida, ha merecido un capítulo aparte en el informe del Defensor del Pueblo. Tal y como reveló EL PAÍS el pasado abril, solo unos 800 menores de los 5.800 que hay tutelados en las islas cuentan con una autorización de residencia. Las cifras constatan que la problemática expuesta por el defensor con números de 2023 es aún un desafío en 2025.

En las islas el problema reside por un lado en que los servicios de protección están saturados y no dan abasto para conseguir los pasaportes de los menores, pero también en las dificultades para obtener otros documentos alternativos y que dependen de la delegación de Gobierno. Al mismo tiempo, la delegación de Gobierno mantenía en los cajones cientos de expedientes por abrir y otros tantos por tramitar. Para resolver el atasco, el Gobierno lanzó el mes pasado un plan de choque.