Los datos para la reubicación de menores migrantes: casi todas las comunidades tendrán que abrir plazas

Nada enciende más los ánimos que los números. En el largo proceso para sacar adelante la reubicación de menores migrantes no acompañados que se hacinan en Ceuta y Canarias, el Ministerio de Juventud e Infancia presenta este miércoles a las comunidades nuevas cifras. Y no dejan bien a casi nadie. Los números, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan un problema que lleva meses sobre la mesa: que la red de acogida para estos niños y adolescentes es absurdamente desigual, con territorios que hacen esfuerzos titánicos (Canarias, Ceuta, Melilla o Baleares) y otros que mantienen déficits del 300%, como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Cantabria.

La cita de este miércoles es del secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, con las directoras generales de infancia autonómicas. Es una reunión de cara a una nueva Comisión Sectorial de Infancia en la que el Gobierno pretende cerrar los últimos flecos para empezar los traslados en julio. En el encuentro de este miércoles, Pérez presentará las tablas con las que se ha calculado la capacidad ordinaria que debería tener cada territorio para acoger, de forma equilibrada, a los cerca de 16.000 menores que han emigrado solos a España. El cálculo tiene en cuenta el número total de menores extranjeros no acompañados y la población y se concluye que lo ideal es que cada comunidad acoja a 32 de estos niños por cada 100.000 habitantes.

La tabla se considera aún una propuesta, “un documento de trabajo” abierto a las aportaciones de las comunidades autónomas. “Este criterio será elevado a la próxima conferencia sectorial, con el objetivo de que las comunidades autónomas puedan debatirlo y, en su caso, proponer otros criterios complementarios”, informan fuentes del Ministerio de Infancia. “Hemos tenido un debate tranquilo donde las comunidades nos dicen que no hay consenso”, ha dicho Pérez tras la reunión. El secretario de Estado ha dejado claro que perseguirán el acuerdo, pero si no lo hay, el Gobierno seguirá avanzando porque el traslado de los menores en territorios tensionados es un “mandato del Congreso”.

La capacidad ordinaria es un concepto clave en toda la negociación porque es la que determinará qué comunidades, según su déficit de plazas, tendrán que acoger más, cuáles podrán declararse saturadas y cuáles podrán reclamar fondos del Estado.

Las cifras reflejan una enorme desigualdad. De las 19 comunidades y ciudades autónomas, 15 de ellas están por debajo de su capacidad ordinaria. Por un lado, hay territorios de entrada como Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares que están muy por encima de esa capacidad ordinaria, con excesos del 675%, 1.848%, 589% y 57% respectivamente. Por otro, regiones como Galicia, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias están muy por debajo de ese tope y apenas cubren en torno a un 30% de lo que les correspondería. Varias de ellas necesitarían estirar su red un 300% o más para llegar a la capacidad de acogida que Juventud considera idóneo.

En el polémico caso de Cataluña, donde se presupone que no irán tantos menores porque según el PP fue la condición impuesta por Carles Puigdemont, los números dicen lo siguiente: Cataluña, con una población de más de ocho millones de personas, cuenta con 5.100 plazas para acoger menores (locales y migrantes no acompañados) y dedica casi la mitad de todos sus recursos a los segundos. Además de Canarias, por la coyuntura excepcional en la que se encuentra, es la comunidad con más camas con mucha diferencia. Según la tabla, Cataluña está muy cerca de su capacidad ordinaria, con un déficit de solo 137 plazas.

El caso de Madrid, por el contrario, ha generado suspicacias en el Ministerio de Infancia y Juventud. No se creen las cifras que han enviado. La comunidad, una de las más beligerantes contra el plan del Gobierno, tiene poco más de siete millones de habitantes y 2.352 plazas de acogida para menores (locales y migrantes no acompañados), son muchas menos que en Cataluña (con una población no tan dispar), pero en su caso solo debería ampliar en 83 plazas su red para los menores migrantes. La clave —o el truco— es que, según la comunidad, Madrid dedica el 92% de todas sus plazas de acogida a atender menores extranjeros no acompañados. “Es un delirio”, mantienen fuentes conocedoras del sistema. Lo cierto es que ese porcentaje llama la atención entre todo el resto, porque exceptuando las comunidades de entrada, lo habitual es que el resto destine la mitad de sus plazas (o mucho menos) a este colectivo. El ministerio ha tenido que hacer cierto encaje de bolillos porque varias de las comunidades no han enviado los datos solicitados para hacer cuadrar las cuentas. Aragón, directamente, se declaró en rebeldía y se negó a facilitar cualquier información sobre su red de acogida. Su resistencia ha llevado al Gobierno a acudir al Constitucional. Una causa más, que se suma a las que han presentado varias comunidades del PP contra el Gobierno para obstaculizar la reubicación de los menores.