El Gobierno llevará a Aragón al Constitucional por su falta de colaboración en el traslado de menores migrantes

El Gobierno ha confirmado este martes, tras el Consejo de Ministros, que emprenderá acciones legales contra las comunidades autónomas que se nieguen a colaborar en la reubicación de miles de menores migrantes acogidos en Canarias y Ceuta. El primer objetivo será Aragón, la comunidad que ha opuesto más resistencia. El Ejecutivo de Jorge Azcón (PP) no solo ha rechazado el reparto, que ahora es obligatorio por ley, sino que tampoco ha facilitado la información solicitada para dimensionar su capacidad de acogida y calcular los cupos de acogida que le corresponden a cada territorio. Como adelantó EL PAÍS, el Gobierno llevaba semanas sopesando esta vía, pero ha esperado al dictamen favorable del Consejo de Estado para dar el paso. Según fuentes gubernamentales, la impugnación por “inactividad” aspira a que el tribunal obligue a la “colaboración inmediata” para desbloquear la medida que debería iniciarse en julio.

El traslado de menores migrantes será un tema recurrente para el Tribunal Constitucional, porque al recurso del Gobierno se suman los de varias comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Madrid y, precisamente, Aragón, aunque puede haber sorpresas y que se sumen comunidades socialistas como Castilla-La Mancha. En el caso de Aragón, el Gobierno ha presentado un conflicto positivo de competencia, un procedimiento que puede promover el Ejecutivo central o los autonómicos cuando consideren que otra Administración no está respetando sus competencias. Y esto es lo que, según explica el Gobierno en una nota difundida este martes, ha hecho Aragón al negarse a atender “a las exigencias del deber de colaboración” que recogía el real decreto con el que se obliga a las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes cuando algún territorio se encuentre saturado

Tras la aprobación del ese real decreto, el Gobierno necesitaba hacer cálculos. Hay unos 4.400 niños y adolescentes susceptibles de ir a otras comunidades, pero había que definir la fórmula para establecer los cupos. Se optó por considerar la renta, la población, el desempleo y, además, los esfuerzos de acogida presentes y pasados de cada comunidad. La mayoría de los datos son públicos, pero para conocer el número máximo de menores no acompañados atendidos por el sistema de protección de cada comunidad autónoma se necesitaba la colaboración de las consejerías autonómicas. Se les dio hasta el 31 de marzo para comunicarlo. Todas respondieron (mejor o peor) excepto Aragón.

No era una ninguna sorpresa. El 19 de marzo, la titular del Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen María Susín, advirtió: “Aragón no va a colaborar en el reparto de menores y vamos a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional y llegaremos si es necesario hasta la Unión Europea para parar este despropósito”. El pasado 5 de mayo —un día después de la infructuosa Conferencia Sectorial de Infancia, donde las comunidades del PP actuaron en bloque contra los planes del Gobierno—, el Ministerio de Juventud volvió a pedir los datos a Aragón, junto a la advertencia de esta impugnación al Constitucional. Tampoco hubo respuesta.

“Aragón se negó a facilitar esos datos porque creemos que el Gobierno de España está incumpliendo la ley”, ha dicho este martes la vicepresidenta autonómica Mar Vaquero, en respuesta a la iniciativa judicial. Vaquero ha acusado al Gobierno de “delegar la política de inmigración” en Junts, cuyos votos fueron necesarios para aprobar el real decreto que impone la reubicación de los menores. “No estamos dispuestos a que tome esas decisiones un prófugo de la justicia”, añadió. “Creemos que nos ampara la ley”, concluyó ante el recurso que la propia comunidad interpuso en el mismo tribunal.