Canarias aviva la batalla judicial con el Gobierno para que asuma la acogida de los menores refugiados

El Gobierno de Canarias y el Gobierno central siguen en una aparente luna de miel de cara a la galería, pero en los tribunales se intensifica la batalla judicial. El equipo de Fernando Clavijo mantiene la mano tendida tras haber logrado, por fin, la reforma legal que obliga a las comunidades autónomas a acoger a miles de niños y adolescentes que se hacinan en los centros de acogida de las islas. Sin embargo, el Gobierno canario no renuncia a otro de sus objetivos: que el Estado asuma la atención de cerca de un millar de chavales que han pedido asilo, en su mayoría malienses que huyen de la violencia en su país. La batalla legal parecía haberla zanjado el Supremo el pasado 25 de marzo cuando instó al Gobierno central a que se hiciese cargo de estos menores de forma inmediata, pero desde Madrid llevan desde entonces intentando ganar tiempo. Y Canarias, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha decidido contraatacar.

Tras el auto del Supremo, el Gobierno central presentó inicialmente un recurso. Poco después, lo retiró, alegando que había sido una iniciativa unilateral de los abogados del Estado. Acto seguido, anunció —y comunicó al tribunal— la voluntad de colaborar, cumplir con la resolución, crear un grupo de trabajo y redactar un protocolo conjunto. Sin embargo, ninguno de esos anuncios se ha traducido hasta ahora en un solo traslado ni en avances tangibles. El pretexto del Gobierno central es que sus centros no están preparados para acoger adecuadamente a estos menores. “¿De qué sirve que el Estado afirme que va a cumplir [...], si luego se limita a sostener que el sistema no está diseñado para acoger a menores no acompañados?”, se recoge en las últimas alegaciones presentadas por el Gobierno canario en la causa.

En el documento, el Gobierno de Canarias señala que si el sistema estatal no está preparado es por “falta de previsión”, critica la demora de los ministerios implicados y pide que el tribunal ordene al Estado el “cumplimiento inmediato del auto”.

Según se desprende de las declaraciones públicas de algunos ministros, el Gobierno confía en que los traslados a la Península comiencen antes de que se vea obligado a acatar la resolución judicial, lo que permitiría aliviar la situación de hacinamiento que motivó el auto del Supremo. “Reubicar a los menores migrantes no acompañados de protección internacional con el resto de menores no acompañados soluciona la situación de hacinamiento de Canarias pero lo realiza en unos tiempos que no son los de esta medida cautelar; y no soluciona su falta de acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional”, reclaman los abogados canarios.

En sus alegaciones, el Ejecutivo de Clavijo va más allá del contexto de emergencia actual y defiende que la acogida estatal de los niños refugiados debe ser una norma y no una excepción reservada para situaciones de colapso. “Canarias viene colaborando por encima de lo exigible al atender en soledad a estos menores durante años de abandono del Estado en esta materia”, señala. Esta es una puerta que otras comunidades autónomas ya están aprovechando para desligarse de la acogida de los menores solicitantes de asilo. Según ha comprobado EL PAÍS, tras el auto del Supremo, Cantabria solicitó al Ministerio de Migraciones para que se hiciera cargo del único menor solicitante de asilo que acoge actualmente: un adolescente de Malí.

Los servicios jurídicos canarios defienden que tal y como está ahora diseñado el sistema apenas hay diferencias entre la atención que recibe un menor no acompañado que pide asilo y otro que no lo hace. Además, los expertos subrayan la paradoja de que los programas autonómicos de transición a la vida adulta suelen ser más completos que el propio programa estatal de atención a refugiados. Y, en la mayoría de los casos, señalan, el sistema termina brindando mejor atención a un solicitante de asilo adulto —que accede a asistencia jurídica especializada y apoyo psicológico— que a un menor acogido en los centros convencionales de las comunidades autónomas.

Este aparente conflicto, que mezcla competencias y enfoque de infancia en el asilo, promete un nuevo debate de fondo entre administraciones. Para el Gobierno de Canarias, debe primar la condición de refugiado. Para el Estado, la de menor. En la resolución de marzo, el Supremo sostuvo que en el asunto hay “una clara concurrencia competencial” de ambas administraciones, estatal y autonómica, sobre estos menores: en su condición de menores “en evidente situación de desamparo” no se puede obviar “su estatuto de protección a cargo de la comunidad autónoma”. “Pero cuando a su condición de menor se añade la circunstancia de haber presentado una solicitud de asilo, sobre dicho estatuto debe necesariamente converger” el que atribuye a esta solicitud la legislación de asilo, que está a cargo del Estado.