Una ventana para Israel Vallarta: después de 19 años, un tribunal ordena que se revise su prisión preventiva

Una ventana se ha abierto para Israel Vallarta, después de 19 años y siete meses en la cárcel sin sentencia. Un tribunal colegiado de apelación ha ordenado que se revise si debe seguir en prisión preventiva o si se puede cambiar de medida cautelar, como pide su familia, su defensa —a cargo del Instituto Federal de Defensoría Pública — e incluso la ONU. Esta resolución implica que la jueza de la causa, Marina Vieyra, deberá citar a una audiencia de revisión para analizarlo, si la Fiscalía General de la República (FGR) no se opone y recurre la decisión antes.

El caso judicial de Israel Vallarta es un laberinto. Hace años que la Defensoría Pública (IFDP) solicita que se cambie su medida cautelar, puesto que su salud empeora día con día en el penal de máxima de seguridad Almoloya de Juárez, en el Estado de México. No lo habían conseguido porque las instancias judiciales consideran que si Vallarta sigue sin tener sentencia es por culpa de su derecho a la defensa. “La actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del asunto”, se dijo en el rechazo la última vez, obviando que, por ejemplo, Vallarta solo consiguió obligar a la FGR a cerrar la fase de instrucción del caso por medio de un amparo judicial.

A esta situación flagrante se suman las medidas provisionales que el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU le otorgó a Vallarta. La primera vez fue en agosto de 2023 y la segunda, ya ampliadas, en septiembre de 2024. En estas medidas, Naciones Unidas exigía al Gobierno de México “garantizar una atención médica y psicológica adecuada e inmediata requerida por su estado de salud” y “aplique sin demora medidas alternativas a la privación de libertad, como el arresto domiciliario, a fin de evitar que la salud del autor siga empeorando”. Con base a esta resolución del CAT —que es vinculante, según los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)—, la Defensoría volvió a principio de año interponer un amparo indirecto.

“Es impostergable la necesidad de la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad”, argumentaba Arturo Roblesferia, abogado de Vallarta: “La afectación en su salud es degenerativa, lo que implica que con el paso del tiempo se ha agravado, volviendo incompatible su bienestar físico con la medida cautelar que resiente”. El cuadro clínico de Vallarta incluye artrosis, sordera, tensión arterial, migraña, una lesión vertebral, trastorno ansioso, insomnio, bronquitis y gastroenteritis habituales, insuficiencia venosa. Todo como consecuencia de unas torturas nunca rehabilitadas y de casi 20 años de supervivencia en prisión (donde ha llegado a sufrir agresiones de perros y también de otros reclusos). Lo último, contó su esposa Mary Sainz, fue un fuerte derrame ocular a raíz del estrés y la ansiedad.

El Código Nacional de Procedimientos Penales indica que cuando hay un cambio objetivo de condición del acusado, el juzgador deberá volver a valorar si la prisión preventiva sigue siendo justificada. “La salud de Israel Vallarta es muestra de este cambio, junto a la resolución del CAT, que es el organismo experto en tortura, de que la prisión preventiva tiene que ser valorada por la juez”, explica por teléfono Sofía de Robina, secretaria técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública Federal.

La semana pasada, el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito les dio la razón. Los magistrados han concedido el amparo a Vallarta y han ordenado a la juez Tercero de Distrito en Materia Penal, con sede en Toluca, que cite a las partes a una audiencia. Para De Robina esto abre la oportunidad de revisar lo que nunca se ha revisado y de que la jueza Marina Vieyra se pronuncie, por primera vez, en el hecho de que Israel Vallarta lleva casi dos décadas en prisión preventiva. “Ella ahí podría fijar un criterio distinto y resolver el cambio de medida cautelar”, apunta la abogada.

Entre este escenario y Vallarta está el mismo obstáculo de hace 20 años: la Fiscalía General de la República. Esa es la preocupación ahora de la Defensoría Pública, que ha pedido a la FGR que “no obstaculice este camino hacia la justicia y se abstenga de impugnar esta resolución que se enmarca en los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.

Mientras tanto, el proceso penal de Vallarta ya se encuentra en su etapa final: el 31 de enero se celebró la audiencia de vista que implica que ahora ya están a la espera de que se emita una sentencia definitiva de su caso. Vallarta fue Israel Vallarta fue detenido, junto a Florence Cassez, el 8 de diciembre de 2005 por la Agencia Federal de Investigación, la dependencia comandada por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino (condenados hoy por delincuencia organizada y tortura, respectivamente). Los agentes tuvieron retenidos durante casi un día —en el que a Vallarta lo torturaron brutalmente— hasta presentarlos en el mayor montaje televisivo de la policía mexicana. Esto permitió que la Suprema Corte concediera un amparo para liberar a Cassez en 2013, porque todos estos elementos habían impedido que tuviera un juicio justo. Desde entonces han pasado otros 12 años, donde el caso de Vallarta apenas ha avanzado pequeños pasitos. “La justicia no puede seguir esperando”, concluye la Defensoría.