El nuevo laberinto de Israel Vallarta, atrapado entre la reforma judicial y la obsesión de la FGR

Israel Vallarta lleva 19 años y seis meses en la cárcel. Todavía no ha recibido una sentencia. En junio de 2024, su defensa consiguió —después de una pelea judicial de dos años— que se cerrara la instrucción del caso. La Fiscalía General de la República (FGR) había hecho todo lo posible para evitarlo. El 31 de enero 2025 se celebró la última audiencia, donde la FGR y la defensa presentaron sus conclusiones: la primera pide para Vallarta 329 años de prisión; sus abogados, la absolución. El caso quedó, por fin, visto para sentencia. En este tiempo de espera ocurre ahora la elección judicial. El 1 de junio se van a escoger a más de 800 jueces en el país, entre ellos, el que lleva el caso de Israel. Mientras, la FGR, aunque su titular ha reconocido que el caso es un montaje, se niega a soltarlo. De vuelta en el laberinto, tras casi 20 años, Vallarta sigue atrapado.

La historia es parte de la historia mexicana. Israel Vallarta y Florence Cassez fueron detenidos el 8 de diciembre de 2005 por la Agencia Federal de Investigación (AFI). Esta dependencia estaba entonces comandada por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino (condenados hoy por delincuencia organizada y tortura, respectivamente). Los agentes tuvieron retenidos a Vallarta y Cassez durante casi un día —en el que a él lo torturaron brutalmente— hasta presentarlos en el mayor montaje televisivo de la policía mexicana.

Solo esto hubiera bastado para liberarlos, pero ambos fueron acusados de liderar un violento grupo de secuestradores, la banda del Zodíaco. En un ejercicio de huida hacia delante, el Gobierno mexicano en vez de reconocer su error, cubrió un montaje con otro, una tortura con otra y una detención con otra. Esto ha sido acreditado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó la liberación de Cassez en 2013. Los ministros reconocieron que las pruebas estaban tan contaminadas y los testimonios tan golpeados, que no había manera de que la francesa tuviera un juicio justo.

Fue entonces cuando el ministro Arturo Zaldívar acuñó el término “efecto corruptor”, que se convirtió en un estándar para garantizar los derechos humanos de los acusados. Han pasado ya más de 12 años y como recuerda Sofía de Robina, abogada del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), solo hay una persona a la que este concepto jurídico no solo se le podría aplicar como estándar sino como un factor de valoración directa; porque también estaba ahí y fue golpeado, quemado, asfixiado, retenido de forma ilegal, obligado a participar en un show televisivo, porque su rostro llegó a todos los hogares de México como el del líder de una banda de secuestradores, porque no se respetó, nunca, ni por un segundo, su presunción de inocencia. Sin embargo, esa única persona sigue esperando en una celda de la prisión de máxima seguridad del Altiplano.

A contrarreloj

Israel Vallarta está desesperado, pero no desesperanzado. Lo contó en una entrevista telefónica con EL PAÍS en septiembre y lo repiten ahora sus abogados. “Me mantengo en pie para sacar a flote la verdad, no mi verdad, la verdad”, dijo entonces. “Está con mucho estrés y mucha frustración, pero también con el convencimiento de que se va a resolver”, explica por teléfono De Robina, que es secretaria técnica contra la tortura del IFDP, el instituto que lleva la defensa de Israel.

Los últimos meses le han pasado factura, incide su esposa Mary Sainz. El cuadro clínico de Vallarta ya incluía artrosis, sordera, tensión arterial, migraña, una lesión vertebral, trastorno ansioso, insomnio, bronquitis y gastroenteritis habituales, insuficiencia venosa. Todo como consecuencia de unas torturas nunca rehabilitadas y de casi 20 años de supervivencia en prisión (donde ha llegado a sufrir agresiones de perros y también de otros reclusos). Lo último, cuenta Sainz, fue un fuerte derrame ocular a raíz del estrés y la ansiedad. Tiene razones. Como una cuenta atrás, la elección judicial amenaza con volver a estirar la espera de justicia.

En unos comicios sin precedentes y polémicos, el 1 de junio se van a elegir en México a jueces, magistrados y ministros. Uno de los cargos que va a ser votado es el del juzgado tercero de distrito en materia penal del Estado de México, donde una jueza estudia el caso de Israel desde enero. Esa misma jueza concurre a la elección judicial. Si no sale electa, el 1 de septiembre sería otra persona la que heredaría el cargo y el caso. Eso implicaría que un nuevo juzgador tendría que revisar un caso que ocupa 45 tomos judiciales y 20.000 hojas; solo las conclusiones de ambas partes son varios centenares de páginas. Esto se resume en la práctica en más tiempo en prisión sin sentencia para Israel Vallarta.

El caso de Vallarta, como otros 3.000 que provienen del anterior sistema penal, presenta una gran complejidad. Por lo que los jueces suelen tardar unos seis meses en dictar sentencia. Están a punto de cumplirse cinco. Sin embargo, esta coyuntura es especial porque la jueza tiene que combinar la lectura del expediente, el análisis y estudio del caso, con hacer campaña para ser elegida la próxima semana. “Es cansado, tenemos mucha impotencia”, resume Mary Sainz, “con este cambio judicial, que dicen que va a ser mejor, tienen muchas situaciones en sus manos. Israel es como una pelotita... pese a todo tenemos fe”.

Las garras de la FGR

El caso de Israel Vallarta se acabaría después de 20 años en un instante si la FGR desistiera en su acción. La dependencia liderada por Alejandro Gertz Manera heredó el caso de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), que estaba en manos entonces de los grandes adversarios del actual Gobierno: Felipe Calderón y su zar de seguridad, Genaro García Luna. Estas antípodas políticas hicieron que Andrés Manuel López Obrador llegara a fantasear con la idea de conceder una amnistía a Vallarta. Sin embargo, salió del Gobierno el año pasado sin hacerlo.

Este marzo la incongruencia subió de nivel: mientras la FGR presentaba su petición de 329 años de prisión para Vallarta; en marzo, su titular, Gertz Manero, reconoció que el caso había sido un montaje. Ante la incoherencia, tanto la Defensoría Pública, como Israel Vallarta y Mary Sainz, a título personal, han presentado escritos para solicitar el sobreseimiento del caso. Hasta el momento no ha habido respuesta. Pese a las palabras públicas, Vallarta sigue siendo presa de la FGR.