El Gobierno lanza un plan de choque para desatascar la regularización de miles de menores migrantes en Canarias

El Gobierno lanza un plan de choque para desatascar la regularización de miles de menores migrantes que se hacinan en Canarias. La iniciativa se concentrará en la oficina de extranjería de la provincia de Las Palmas cuyo personal mantiene cientos de expedientes acumulados en los cajones. El plan, que incentivará a los funcionarios para que trabajen fuera de su horario laboral, se pone en marcha después de que EL PAÍS revelase que de los 5.800 menores extranjeros acogidos en las islas, solo 800 tienen una autorización de residencia. La responsabilidad de esa cifra, que demuestra que se está incumpliendo la ley que obliga a documentar a los menores extranjeros no acompañados, recae en el servicio de protección autonómico que debe iniciar los procedimientos; pero también en las oficinas de extranjería que, si las comunidades autónomas fallan, están obligadas a abrir esos expedientes de oficio a los 90 días de su llegada.

El plan de choque se ha aprobado específicamente para la oficina de extranjería de Las Palmas, donde fuentes de la Administración reconocen que hay 986 expedientes pendientes de tramitación que el personal de esa oficina no es capaz de instruir con la velocidad necesaria. En esa montaña de casos, la mayoría (840) corresponden a expedientes de menores que llevan más de tres meses en las islas y que, al no haber sido documentados por la comunidad autónoma, deben serlo por parte de las oficinas de extranjería. Es su obligación legal.

No está claro desde cuándo esos expedientes debían haberse iniciado, pero son casi el mismo volumen de carpetas que estaban pendientes ya en marzo, si se cuentan los que, ya por esas fechas, habían sobrepasado los 90 días y los que lo harían próximamente. “Con este plan de choque antes de que termine el mes de mayo estarán resueltos los expedientes”, afirma una portavoz de la Delegación de Gobierno de Canarias. El refuerzo no contempla la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde fuentes al tanto del trabajo interno de la oficina aseguran que no hay ese nivel de atasco.

La tarea de documentar y regularizar a los menores, que suelen llegar sin un solo papel que les identifique, no es fácil ni rápida. Simplificando la explicación del proceso, los centros de acogida, que responden a la Dirección General del Menor de Canarias, tienen que tramitar los pasaportes de los menores que llegan a sus costas. No suele ser sencillo, porque dependiendo del país (es más fácil con Marruecos que con Guinea o Malí), o no se emiten o tardan tanto en hacerlo que los niños dejan de ser niños.

Para los casos en los que no se puede documentar a través del país de origen, la Administración debería emitir la cédula de inscripción, un documento alternativo al pasaporte con el que se puede solicitar la autorización de residencia. Pero si todo este proceso no se ha completado en 90 días, es la oficina de extranjería la que debe tomar las riendas, solicitar a la comunidad autónoma toda la documentación de la que disponga y tramitar los permisos.

El Gobierno de Canarias se queja de que no da abasto, mientras que la Delegación de Gobierno reprocha que cuando se dispone a tramitar de oficio, el ejecutivo autonómico no le remite los documentos que necesita. “Nosotros hemos abierto muchísimos expedientes que se han quedado paralizados porque necesitamos una actuación de la comunidad autónoma que no se ha producido a pesar de nuestros requerimientos”, afirmó el pasado jueves el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana. Falta coordinación, más flexibilidad por parte de las oficinas de extranjería y un mayor control de la fiscalía en este asunto, según se lee en los informes del Defensor del Pueblo, en los que esta preocupación aparece de forma recurrente desde 2020.

El plan comenzará este lunes y finalizará el próximo 31 de mayo. Los funcionarios que quieran participar recibirán una bonificación en concepto de productividad por quedarse a trabajar fuera de su horario. Se les pagará cinco euros por cada expediente que tramiten, lo que supondrá un desembolso de menos de 5.000 euros. La tramitación de oficio no significa necesariamente la resolución del expediente, pero sí requiere iniciar el procedimiento y solicitar a la comunidad autónoma la documentación necesaria. A esta tarea, la que más trabajo necesitará porque supone el mayor volumen de casos, se sumarán otras. Según datos internos, en Las Palmas hay más de un centenar de expedientes que, una vez abiertos, siguen sin resolverse y más de una veintena de renovaciones pendientes.

El limbo documental en el que se mantiene a los menores de Canarias no debería ser un impedimento para reubicarlos en otras regiones, como se prevé hacer a partir de julio, pero será un problema añadido para ellos. Si no se coordina bien y no se intercambia información, las comunidades de destino y sus delegaciones de Gobierno tendrán que comenzar los procedimientos de cero de todos aquellos que no tengan sus papeles en regla. En sus declaraciones a los medios, el delegado del Gobierno, de hecho, mantuvo que lo ideal es que los niños que sean reubicados a otras regiones sean antes documentados en Canarias. “Creo que es uno de los requisitos, parece lógico que si están aquí, aquí es donde se documenten”, declaró.