La Fiscalía tiene abiertas dos investigaciones sobre mensajes que supuestamente alentaron los sucesos de Torre Pacheco

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia, a través del Área de Cartagena, ha abierto ya dos diligencias de investigación preprocesal para valorar si existen indicios de delito en las declaraciones públicas y los mensajes que políticos y otros personajes difundieron a través de redes sociales antes y durante los graves altercados racistas en Torre Pacheco del pasado julio y en los que se vinculaba la inmigración con la violencia. La primera de estas investigaciones se abrió el pasado 16 de julio y tiene como foco las declaraciones que había hecho cuatro días antes el líder regional de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, después de que el ministerio público viera indicios de un posible delito de odio. “Advertimos de que los españoles se iban a cansar de seguir pagando esa inmigración ilegal que en muchos casos es la misma que agrede a nuestros ancianos, que agrede a los homosexuales, que viola a nuestras hijas”, aseguró el dirigente regional del partido ultra.

La segunda diligencia de investigación se inició el pasado 23 de julio y se centra en los mensajes que se difundieron a través de sus perfiles en redes sociales, como X e Instagram, varias personas o grupos. Inicialmente, estas diligencias se dirigieron contra los responsables de ocho de estos perfiles (algunos amparados en el anonimato), aunque cinco días después ese número se amplió hasta 19, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Esta segunda investigación de la Fiscalía se centra en los mensajes que, según las denuncias de Podemos, PSOE, Izquierda Unida y la Asociación contra el Odio, difundieron a través de sus perfiles, entre otros, Pablo González Gasca, responsable de marketing digital del partido de Santiago Abascal; Daniel Esteve, dueño de Desokupa, la empresa dedicada a los desalojos extrajudiciales en España con prácticas que bordean los márgenes de la ley, y célebre por sus vídeos en redes sociales con duros ataques a los partidos de izquierda; el perfil de Alvise Pérez, nombre por el que es conocido el líder de la formación ultra Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis Pérez Fernández; y Vito Quiles, activista y colaborador del propio Alvise.

El ministerio público considera que, indiciariamente, estos mensajes ―en algunos de los cuales se incitaba a organizar patrullas vecinales― pueden ser constitutivo de delito al no estar amparados por la libertad de expresión ya que “se trata de comentarios y/o difusión de noticias falsas difundidas de manera intencionada con el objeto de estigmatizar y criminalizar a un sector de la población, vinculando de manera generalizada la población migrante a la delincuencia, provocando un clima hostil y violento hacia el colectivo (comunidad magrebí y musulmana de la localidad de Torre Pacheco), generando altercados y actos violentos durante varios días en dicha localidad”.

La Fiscalía aún tiene que decidir si a ambas indagaciones suma una tercera, en este caso por las declaraciones del propio Abascal sobre los sucesos de Torre Pacheco, aunque por su condición de diputado ―y, por tanto, aforado― será la Fiscalía del Tribunal Supremo la que decida si se abre una investigación contra él. En su caso, Podemos denunció que, el 12 de julio, Abascal difundió un vídeo en el que afirmaba que España padecía “una invasión migratoria brutal”. Ese mismo día el líder ultra colgó en su perfil en X un mensaje en el que afirmaba que “en los últimos 15 días hemos conocido violaciones salvajes, apuñalamientos, agresiones cobardes y la paz perturbada en las fiestas, las piscinas y las calles”.

Fuentes de la Fiscalía señalan a este diario que las dos investigaciones ya abiertas se encuentran en una fase “muy inicial” para dilucidar si los hechos investigados tienen entidad suficiente para ser judicializadas o si, por el contrario, se archivan. Así, sobre la segunda, la Fiscalía ha encargado al Servicio de Información (SI) de la Guardia un informe para determinar “si pudo existir un previo acuerdo de voluntades entre todos o algunos de los perfiles investigados para la comisión del delito, difundiendo de manera masiva contenidos que incitaban al odio y la persecución de un colectivo por motivo discriminatorio”, según adelantó el pasado viernes El Español y ha confirmado este diario.

La Fiscalía quiere que los agentes realicen un estudio individualizado de cada uno de los perfiles para determinar “las reacciones a que hayan dado lugar en contra del colectivo afectado”, “la existencia de más publicaciones de contenido similar difundido” antes y después de los sucesos, “la naturaleza y contundencia del lenguaje empleado (si es provocativo y directo, si se utiliza información engañosa, difusión de estereotipos negativos y estigmatización o si es capaz por otros medios de incitar a la comisión de actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación)” y “si se dispone de datos que vinculen al autor o autores con movimientos extremistas o contrarios a los colectivos a los que dirige sus comentarios”.

Fuentes del ministerio público detallan a este diario que, de encontrarse indicios de esta supuesta coordinación, las diligencias de investigación contra todos ellos seguirían unificadas en la Fiscalía de Cartagena. En caso contrario, cada caso pasaría a las fiscalías territoriales competentes para que sean ellas las que decidan individualmente si siguen adelante con la investigación y las judicializan, o las archivan.

De la investigación fiscal han quedado excluidos los mensajes difundidos por la plataforma ultra Deport Them Now UE (“Deportadlos ya”), desde cuyas redes sociales se alentó aquellos días “dar caza” a magrebíes en la localidad murciana, ya que la Guardia Civil ya detuvo en julio en Mataró (Barcelona) a su creador, Christian Lupiáñez, y su caso ya se encuentra judicializado. Una jueza envió a Lupiáñez a prisión provisional por alterar “la paz social” al considerar que los mensajes que difundió entonces a través de Telegram e Instagram eran “tendentes a promover actos hostiles y violentos contra ciudadanos de origen marroquí afincados en Torre Pacheco, impulsado por motivos meramente racistas”.