El Gobierno acuerda con Canarias la acogida de un millar de menores refugiados para acatar la orden del Supremo

El Estado acogerá finalmente a los menores solicitantes de asilo que se hacinan en Canarias. Tres meses después de que el Tribunal Supremo ordenara incluir a un millar de niños y adolescentes en la red estatal de acogida para refugiados, el Gobierno central y el de Canarias han firmado un acuerdo con el que sientan las bases de cómo se ejecutará la medida. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, será remitido antes del viernes a los magistrados del Supremo, que habían amenazado con aplicar medidas coercitivas si los ministerios del Interior y Migraciones no cumplían de forma urgente con lo exigido: acoger a los menores y tramitar correctamente sus expedientes.

El acuerdo garantiza el “acceso inmediato” al sistema estatal de acogida a todos los menores que hayan solicitado protección internacional o que hayan manifestado su intención de hacerlo. En los casos en que, por su corta edad o arraigo en las islas, se decida que permanezcan en los centros canarios donde ya residen, será el Estado quien contribuya a financiar su estancia y asistencia. Una vez validado por el Supremo, el contenido del acuerdo se formalizará mediante un protocolo o convenio.

Actualmente, las islas acogen a unos 5.800 menores migrantes no acompañados, de los cuales más de un millar han solicitado asilo. Muchos son adolescentes que han huido de la violencia de países como Malí. Viven tan hacinados como el resto, pero sin una atención específica por su vulnerabilidad. Hasta ahora, la situación de los menores que piden asilo no importaba demasiado a las autoridades, pero se ha convertido en una cuestión muy polémica en el contexto de hacinamiento de los centros de acogida en Canarias. En busca de todo tipo de soluciones para liberar espacios, el Gobierno de Fernando Clavijo acudió al Supremo, que acabó obligando al Ejecutivo central a hacerse cargo de este colectivo, porque aunque no tiene competencias sobre menores, sí las tiene sobre los solicitantes de asilo. A pesar del mandato judicial, el Gobierno, y especialmente el Ministerio de Migraciones, se han mostrado reticentes a cumplirlo.

Tres “documentos esenciales”

Durante el intercambio de propuestas para la elaboración de este acuerdo, el Gobierno canario ha pedido, sobre todo, rapidez, que se acelerase la acogida de los menores sin necesidad de presentar la montaña de papeles que Migraciones exigía inicialmente. Finalmente, se ha pactado el “acceso inmediato” a los centros, condicionado “únicamente” a la entrega de tres “documentos esenciales”: la solicitud de acceso al sistema de acogida, la identificación de los menores y la acreditación de la tutela por la comunidad autónoma de Canarias. Una vez presentados, Migraciones deberá dictar la resolución de admisión en un plazo máximo de tres días hábiles (o cinco naturales). El resto de la documentación —informes psicosociales, médicos, entrevistas o la certificación de la minoría de edad— podrá incorporarse más adelante.

Además, el Gobierno central y el canario formarán un comité integrado por ocho personas (cuatro por cada administración) para hacer seguimiento de todo el proceso. Ese grupo de trabajo evaluará semanalmente cada uno de los casos de los niños para decidir qué se hará con ellos. Se acordará quién asumirá la guarda del menor y adónde se le trasladará. El objetivo, dice el acuerdo, es “solucionar la actual situación insostenible de estos menores en Canarias”. En su primera reunión, prevista para este martes, el grupo identificará los recursos disponibles para asignar plazas a los menores solicitantes en un plazo máximo de 15 días.

El acuerdo plantea tres escenarios posibles según el perfil y las necesidades de cada menor. El primero es que el Estado acoja a los chicos y chicas en sus centros, pero que comparta la guarda y demás obligaciones con la comunidad autónoma. En este supuesto, los menores podrían alojarse en centros estatales que ya existen en las islas, pero con atención diferenciada por ser solicitantes de asilo. Una segunda posibilidad es derivarlos a un recurso en otra comunidad autónoma a cargo del Estado. Y, por último, que continúen en el centro en el que viven, pero con el Estado asumiendo la guarda y los costes, también de forma compartida.

Tensiones entre ministerios

La gestión de este pleito ha supuesto un dolor de cabeza para el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque ya se había aprobado la reforma legal que permite imponer a las comunidades autónomas una acogida más solidaria —y se espera que los primeros traslados se realicen a mediados del verano—, este millar de menores se convirtió en una prioridad por mandato judicial.

El pasado 25 de marzo, el Supremo dio 10 días para acoger a esos niños, una decisión que llegó a ser recurrida y luego acatada. Pero pasados dos meses, el tribunal convocó a las partes y el pasado 5 de junio subió el tono. Tras dar por constatado “el claro incumplimiento” de su auto, daba 15 días no solo para garantizar la acogida, sino también la correcta tramitación de las solicitudes que estaban atascadas. Los magistrados amenazaron con multas a los responsables de los departamentos correspondientes si no se acataba su decisión.

El caso ha puesto en evidencia las tensiones entre los distintos ministerios implicados. Mientras Política Territorial ejercía un papel mediador con Canarias, en Madrid crecían las fricciones internas. Tres fuentes próximas a las negociaciones apuntan a un Ministerio de Migraciones “demasiado” reticente a asumir a los menores en sus centros. Aunque la directiva europea recoge que los solicitantes de asilo de más de 16 años pueden compartir centros con adultos, Migraciones considera que sus espacios no están preparados para ello. Pero hay otro temor, según estas fuentes: crear un precedente extrapolable a otras comunidades que le obligue a ocuparse de todos los menores refugiados que llegan solos. La resistencia ha sido tal que Migraciones llegó a proponer la acogida de los menores en dos macrocentros dentro de las propias islas.

Esta postura, aseguran estas fuentes, llegó a irritar a los colegas de otros ministerios. “Era muy fácil cumplir con lo ordenado, no hacía falta todo esto”, lamenta una de ellas en referencia al largo y polémico proceso. Interior, por su parte, reaccionó a la última advertencia del Supremo y movilizó refuerzos para agilizar trámites y poner al día todas las peticiones de asilo pendientes, formalizando casi 200 en las últimas semanas. Por último, el Ministerio de Juventud, aunque no tiene competencias en esta cuestión, siempre optó por dar cumplimiento a la orden judicial cuanto antes.