La Junta de Castilla y León aprueba una embotelladora en una zona leonesa dañada por los incendios entre críticas ecologistas y vecinales

La Junta de Castilla y León (PP) ha autorizado al grupo empresarial Pascual para extraer agua mineral en la localidad leonesa de Quintana y Congosto, en el valle del río Jamuz, tras años de críticas de plataformas vecinales y colectivos ecologistas. La planta prevé extraer unos 500 millones de litros anuales, en lo que supone aproximadamente el consumo anual de suministro para 10.000 personas. Las asociaciones que se han opuesto al proyecto esgrimen que el volumen de agua de la zona ha disminuido notablemente en los últimos años, con agricultores de regadío con apuros para mantener sus cosechas y pueblos donde han necesitado camiones cisterna de reparto para los habitantes en épocas de sequía, además de recientemente afectados por los incendios de 2025. Los agraviados esgrimen también el impacto ambiental y paisajístico y que la ONU, en 2022, concedió al sistema Montañas de León un reconocimiento especial por su patrimonio natural y agrícola.

La ratificación de la Junta para esta iniciativa se publicó el jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) y pone fin a pugnas populares desde que se dieran los primeros pasos en 2021 para estas instalaciones de Bezoya. Los vecinos han llenado los pueblos de los alrededores del acuífero con pintadas o pancartas renegando de la embotelladora y pidiendo, visita en vano a las Cortes incluida, que se atendieran sus reclamaciones.

EL PAÍS contactó en 2024 con la Junta y portavoces del área de Economía afirmaron que la Dirección General de Minas estudió la posible licencia de agua mineral y la resolvió favorablemente apoyándose en informes de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) avalando la cantidad que puedan obtener del acuífero. La Consejería de Sanidad también lo ha validado y los Ayuntamientos de la zona, pese a la división popular, también se han posicionado a favor. Portavoces del Grupo Pascual aludieron entonces a un “sistema muy garantista para tener la aquiescencia de la Administración”, añadieron que no se iba a perjudicar al rico entorno paisajístico de los alrededores y que, según la CHD, ese manantial cuenta con recarga positiva: “No hay nada que se haya atragantado”. El expediente de la Junta negó que fuese necesaria una declaración de impacto ambiental más allá de medidas de control y vigilancias de la evolución del acuífero.

El proyecto prevé una inversión de 21,5 millones de euros y se ha sustentado en sondeos profundos que según su postura corrobora el suministro necesario. La alcaldesa del cercano Jiménez de Jamuz (800 habitantes), Carolina Castro (PSOE), insistía así contra la embotelladora en 2024: “Es un acuífero muy pequeño de donde dependemos todos los pueblos del valle del Jamuz. Si hacen esa embotelladora, ¿cuánto tardaremos en quedarnos sin agua? Nadie nos lo asegura, todos los pozos y fuentes de Quintanilla de Flórez que es donde está hecho el pozo están secos desde hace años, por el río Jamuz apenas corre agua, incluso ni en invierno, y en la montaña del Teleno cada año nieva menos que es de donde depende ese acuífero”.

La regidora reprochó que en las reuniones con personal de Pascual para intentar explicar las líneas de actuación no hubo la claridad o transparencia adecuadas: “No respondían a las preguntas que le hicimos, hay mucho tabú por su parte desde en el momento cero”. Estas quejas formaron parte de las más de 700 alegaciones formales rubricadas por colectivos ecologistas o vecinos de las proximidades, potencialmente perjudicados por la embotelladora. Los residentes también han lamentado que primeramente se habló de 80 empleos en los pueblos cercanos pero que luego la cifra bajó a 25, de modo que desconfían de los planes de la empresa. Además, la situación de los entornos rurales cercanos a las instalaciones se ha agravado este verano por los graves incendios sufridos en estas comarcas.