El Supremo ordena al Gobierno medidas urgentes con los menores solicitantes de asilo de Canarias

El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno que adopte de forma “urgente” medidas para cumplir la orden que le dio en marzo pasado de hacerse cargo de más de un millar de menores no acompañados solicitantes de asilo en Canarias que ahora viven en centros de acogida de la comunidad. En un auto notificado este jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo insta al Ejecutivo a darle cuenta cada 15 días de los avances que haga para acatar esa orden y le advierte de “medidas coercitivas”, como multas e incluso una posible denuncia penal, en caso de que persista el incumplimiento. Es una advertencia clara al Ministerio de Migraciones y al de Interior, que deben garantizar la acogida, pero también la correcta tramitación de las solicitudes, respectivamente.

“Los servicios jurídicos están analizando la nueva resolución para darle cumplimiento en tiempo y forma”, ha afirmado Migraciones en un comunicado en el que defiende que cumplir con la orden del Supremo requiere acondicionar centros que están pensados para adultos y que eso requiere plazos “objetivos” para su materialización.

La decisión del Supremo llega después de que la semana pasada el Gobierno reconociera en el alto tribunal que todavía no solo no había acogido a ningún menor solicitante de asilo en Canarias —a pesar de que los magistrados le dieran en marzo un plazo de 10 días para hacerlo—, sino que tampoco había evaluado las circunstancias de ninguno de ellos como primer paso para acatar la orden. Los magistrados además reprochan los retrasos para formalizar las solicitudes de asilo de los chicos, un trámite que se dilata hasta un año y que repercute negativamente en todo el proceso. “La Administración estatal ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia, ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes”, se lee en el auto.

El pasado 29 de mayo, en una vista pública presidida por el expresidente del Supremo, Carlos Lesmes, los representantes de la Administración del Estado alegaron que estaban a la espera de que el Ejecutivo de Fernando Clavijo aporte documentación, un extremo que el Gobierno canario niega. La Abogacía del Estado también aseguró que no hay recursos específicos para acoger a estos menores, y que solo puede disponer de forma inmediata de 45 plazas, aunque se está preparando a marchas forzadas otras 150 para intentar cumplir la orden del Supremo.

Al Supremo no le han convencido ninguna de esas explicaciones y da por constatado el “claro incumplimiento” de la orden que dio hace ya más de dos meses. El tribunal reprocha al Gobierno que sus movimientos para cumplir con su cometido (un protocolo de colaboración y una solicitud de información) se ejecutaron “solo en los días inmediatamente anteriores” antes de la vista del pasado 29 de mayo.

El tribunal insiste en que es el Ejecutivo central el que tiene que hacerse cargo de esos menores y, para evitar que siga dilatando el cumplimiento de su orden, le impone un calendario y unas medidas destinadas a agilizar la tramitación de las solicitudes de asilo de los menores no acompañados y su acceso al sistema de acogida internacional. El Supremo, además,pide nombres y apellidos de los responsables ministeriales de cumplir con las medidas. Y apunta directamente a la posibilidad de actuar contra los ministros con competencia en la materia: Elma Saiz, en Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Fernando Grande-Marlaska, en el caso de Interior. Las medidas coercitivas consistirán en multas de hasta 1.500 euros o deducción de testimonio (denuncia ante un juzgado penal) para exigir responsabilidades.

Los magistrados dan 30 días al Ejecutivo central para dotar a las oficinas administrativas encargadas de la tramitación de las solicitudes de protección internacional “de los medios personales y materiales necesarios” para que sean formalizadas, tramitadas y resueltas “en un plazo razonable, sin que pueda transcurrir más de seis días entre la manifestación de la voluntad de solicitar la protección internacional y la formalización de la solicitud”. Además, exige que “en el plazo improrrogable de 15 días” se articule “en la forma que resulte más eficaz” la colaboración con el Gobierno canario.

El auto del Supremo se ha conocido un par de horas antes de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, participase en un evento sobre infancia migrante, junto al Secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez. Clavijo ha celebrado el auto, pero ha lamentado el tiempo transcurrido. “Tener que acudir a los tribunales (…) da la satisfacción de que efectivamente teníamos razón, pero también el amargor de que durante dos años muchos niños y niñas que han viajado solos, que tenían derecho a unas condiciones por su condición de refugiados, se les han vulnerado sus derechos”. El presidente canario lanzó además un dardo contra Interior y Migraciones: “No todo el mundo en el Gobierno de España ha entendido la situación. Determinados ministerios no han actuado con diligencia”.

Pérez, por su parte, defendió que el Ejecutivo cumplirá la orden judicial, tras advertir que en su ministerio siempre fueron partidarios de acelerar las medidas que ahora exige el Supremo. “Las administraciones públicas tenemos el deber de colaborar en cuestiones que muchas veces trasciende el debate de las competencias”, afirmó.

Está por ver ahora las medidas y la rapidez con la que actúan los ministerios implicados. Aunque ahora lo pone de manifiesto un auto del alto tribunal, hace tiempo que la cuestión de los menores que solicitan asilo es motivo de preocupación, especialmente ante el hacinamiento que sufren en los centros de las islas. En sus recomendaciones al respecto, el Defensor del Pueblo ya sugirió a Migraciones que habilitase un centro de recepción con los moldes de los que se abrieron para recibir a niños y adultos ucranianos para formalizar sus solicitudes e identificar las necesidades particulares de acogida para su derivación al recurso de acogida más adecuado.