Canarias pide que la Policía garantice la acogida de los menores migrantes en la comunidad de destino

El Gobierno de Canarias ha pedido que la Policía Nacional acompañe a cada menor migrante que sea trasladado a otras comunidades autónomas. Es la forma de garantizar que los servicios de protección de destino acogerán a los niños, independientemente del rechazo político que hayan mostrado sus superiores hacia este nuevo modelo de solidaridad impuesta. La petición supone un cambio menor en el real decreto con el que se está definiendo el protocolo que se seguirá para sacar este verano a miles de niños hacinados en Ceuta y Canarias hacia otros territorios. La medida debe ser estudiada ahora por el Ministerio del Interior, pero fuentes gubernamentales la consideran “razonable”. Hasta ahora el borrador del real decreto preveía la participación de las fuerzas de seguridad del Estado, pero solo en el caso de que fuese necesario.

“Proponemos el acompañamiento de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado ya que en el territorio de otra comunidad autónoma, la policía canaria no tendría competencia”, se lee en la petición oficial a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que ha sido remitida a la ministra de Juventud Sira Rego. “Entendemos necesario el acompañamiento (...) para garantizar la entrega de los menores con todas las garantías de protección del interés superior del menor”, añade.

El presidente canario se refirió este jueves al hipotético rechazo de algunas comunidades. Sería “absurdo e indecente”, dijo. Y advirtió de que además sería ilegal, “por lo que lo tendrían que pagar en los tribunales”. En el caso de que la negativa impidiese la inmediata acogida del menor trasladado, los agentes acudirían a la Fiscalía de Menores para garantizar el cumplimiento de la ley.

La demanda de Canarias es parte del debate que este viernes han mantenido los responsables de menores de todas las comunidades autónomas. Reunidos en la Conferencia Sectorial de Infancia, han tratado una vez más el futuro traslado de los niños y adolescentes desde Ceuta y Canarias al resto de territorios. Las posiciones no han cambiado mucho y las representantes del PP siguen manteniendo su rechazo frontal a una medida que obligará a prácticamente todas las comunidades a abrir nuevas plazas para acoger a estos menores migrantes no acompañados. “El tono, una vez más, ha sido bronco”, ha lamentado una de las presentes. “De nuevo nos encontramos con un bloqueo de las comunidades del PP que han venido con un discurso con poca argumentación política, más allá de defender la agenda ultra de Vox”, ha criticado la ministra Rego. “Estas actitudes están alargando innecesariamente los plazos”, advirtió.

Hasta hoy, 11 comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha (gobernada por el socialista Emiliano García-Page), han recurrido la iniciativa en el Constitucional. Ha sido, precisamente, la consejera castellanomanchega, Bárbara García, una de las que más duramente ha criticado la estrategia del Gobierno. García ha criticado el modelo de financiación “low cost” pensado para la acogida de los niños, uno de los motivos por los que ha recurrido al Constitucional. Se trata de 100 millones para compensar un esfuerzo que, según Castilla-La Mancha, debería dotarse con, al menos, 250 millones de euros. Por su parte, la consejera de Familia de Madrid, Ana Dávila, que también ha criticado la financiación, ha insistido en su “enmienda a la totalidad” ante una medida “ilegal e inconstitucional”.

En la reunión, presidida por Rego, se ha tratado además la distribución de un crédito de 22 millones de euros para Canarias (8,5 millones), Ceuta (7), Melilla (4,5) y Baleares (2), una comunidad que está viviendo un auge de llegadas por mar que han tensionado mucho sus sistemas de acogida de menores. La medida para estas cuatro comunidades y ciudades autónomas, gobernadas o cogobernadas por el PP, ha sido respaldada.

Mientras tanto, el Gobierno trabaja en el calendario para cumplir el objetivo de comenzar los traslados durante el verano. Una vez estudiada la petición del Gobierno de Canarias, se cerrará el protocolo a seguir y a continuación deberá definirse mediante otro real decreto la capacidad de acogida que debe tener cada comunidad autónoma y concretar a partir de ahí cuántos menores tendrán que asumir.