Madrid se encamina a la extinción de su renta para los pobres: de invertir 168 millones en 2017 a 1,6 millones este año

La pobreza crece en Madrid, pero su renta autonómica contra esta lacra disminuye año a año. El dinero destinado a su programa contra la exclusión, la Renta Mínima de Inserción (RMI), acaba de ser reducido hasta solo 1,6 millones de euros. Eso parece calderilla si se compara con los 168 millones de financiación que alcanzó en su máximo de 2017. La explicación para esta caída tan virulenta es la entrada en vigor en 2020 del Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno central. Como otras 13 comunidades, Madrid ha optado por “ahorrarse” esta cuantía con una reducción progresiva del programa, a pesar de que varias organizaciones han exigido que se combine con la nueva prestación estatal para así aliviar el aumento de la pobreza en la última región de España en gasto en servicios sociales por habitante.

Todo sugiere que la RMI está a punto de ser eliminada, lo que podría convertir a esta región en la primera que da ese paso. Sin embargo, la Consejería de Asuntos Sociales lo niega. “La Comunidad de Madrid mantiene y mantendrá la RMI abierta a todos aquellos que cumplan los requisitos de acceso y de mantenimiento”, dice un portavoz. “En la inmensa mayoría de los casos el IMV y la RMI no son compatibles. Por este motivo, y tras la entrada del IMV, ha caído el número de perceptores de la RMI”.

Esta explicación es desmentida por los expertos del sector, quienes señalan que nada impide a la Comunidad de Madrid sumar su ayuda a la estatal. De hecho, cuatro comunidades han aumentado sus programas de rentas mínimas desde 2020 (Canarias, Baleares, País Vasco y Valencia), según la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales.

Así, la RMI madrileña está experimentando una muerte lenta. Esta ayuda, creada en 2002, llegó a su máximo en 2017: 168 millones de financiación y 35.438 familias beneficiarias. Pero desde 2020, tras la creación del IMV, se ha desplomado. Para 2025, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso había programado un gasto de 7,8 millones de euros, pero en junio ha detraído 6,1 millones para otro fin no especificado, de modo que la nueva previsión de gasto en RMI se reduce a 1,6 millones. Este cambio se explicaría por el número menguante de beneficiarios, que ha caído de los 1.002 de mayo del año pasado hasta los 307 de mayo de este año.

En principio, los hogares necesitados de Madrid siguen cubiertos porque se ha producido una sustitución de una ayuda por otra, pero los expertos se quejan de que se ha perdido una oportunidad de combinarlas y mejorar las oportunidades de decenas de miles de hogares. La cuantía media del IMV en Madrid es de 598,89 euros al mes por hogar, lejos del umbral de la pobreza, medido por Eurostat, la oficina de estadística europea, que lo sitúa en torno a los 900 euros mensuales. Con el suplemento autonómico, que ronda los 400 euros, se hubiera podido alcanzar esa cobertura.

La Comunidad alega que el dinero que iba a la RMI se dedica a reforzar otros servicios sociales y que el presupuesto de la Consejería de Asuntos Sociales, dirigida por Ana Dávila, “no ha dejado de crecer”. Pero la oposición desconfía de las políticas del Gobierno de Ayuso hacia los más débiles. “Se han cargado el programa. Game over”, dice la diputada regional socialista Lorena Morales, quien ataca al Ejecutivo regional por “dejar en la estacada” a las familias que no llegan a fin de mes. “Ayuso gobierna solo para su pequeño cortijo de ricos. El 70% de las perceptoras son mujeres porque la pobreza en Madrid tiene rostro de madre sola, pero como no le caben en su marco mental, Ayuso las abandona. Las mujeres somos ciudadanas de segunda en esta región”.

Como pasa en tantos otros temas, la guerra entre Comunidad y Gobierno central se reproduce aquí. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social reprochan que el Ejecutivo madrileño ha dejado prácticamente a cero su inversión en renta mínima con una caída del 97%, seguida de Aragón, con un 91%; Castilla-La Mancha, un 82,2%; Castilla y León, un 69,7%. “El Gobierno de España defiende que la lucha contra la pobreza es un objetivo común, de país, que involucra a todas las capas de la administración”, dicen estas fuentes.

Por su parte, la Consejería de Asuntos Sociales culpa al Gobierno de la opacidad de sus datos, un defecto que confirman expertos consultados. Un portavoz asegura que, por culpa de ese hermetismo, les cuesta planificarse. “No sabemos las razones por las que rechazan peticiones de IMV de unas personas, por las que suspenden el IMV a otras, etcétera. Eso impide hacer un análisis de los datos y tener un horizonte planificado”.

La coexistencia del IMV con la RMI hasta hoy se debe a que existen supuestos reducidos en que una persona o familia puede incumplir los requisitos del IMV (ingresos, patrimonio, edad, hijos), pero sí cumplir con la RMI. Por ejemplo, la ayuda estatal requiere tener más de 23 años, pero algunos madrileños menores de esa edad pueden recibir la prestación autonómica en determinadas circunstancias.

Menor gasto en servicios sociales

Madrid es la locomotora de España y creció el año pasado al 3,3% del PIB, por encima de la media estatal. Sin embargo, ese bienestar no llega a los más necesitados. La pobreza está creciendo en la región, según los últimos informes sobre la materia del sindicato Comisiones Obreras y de Cáritas, el brazo social de la Iglesia.

El gasto conjunto de las administraciones de la región (Comunidad y ayuntamientos) es el menor del país por habitante (405 euros) y el menor con respecto a su PIB (0,95%), según la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales. La media estatal en ambos parámetros es de 548 euros y del 1,76%.

La RMI madrileña nació en 2002, en tiempos de bonanza, como el nuevo eje central de las medidas contra la exclusión. Era una batalla que iban a liderar las comunidades. En su primer ejercicio, la renta madrileña tuvo un presupuesto de 36 millones para atender a algo más de 7.000 familias y fue subiendo paulatinamente en los años siguientes.

Cuando el Gobierno central lanzó el IMV, la Comunidad envió cartas a los 18.500 beneficiarios de la RMI para apremiarles a pedir la nueva ayuda estatal en menos de 10 días y avisarles de que solo seguirían cobrando la prestación autonómica si incumplían las condiciones de la nueva ayuda estatal.

Aquel 2020, la Comunidad había presupuestado 135 millones para el programa, del que disfrutaron 24.415 familias. A partir de entonces, comenzó un descenso del dinero autonómico y del número de beneficiarios.

La posible extinción de la RMI no sería una sorpresa para los expertos del sector de los servicios sociales, que llevan años siguiendo esta evolución. El Colegio de Trabajo Social de Madrid ha intentado convencer sin éxito a los altos cargos de la Consejería de Políticas Sociales para que mantuvieran la ayuda autonómica como suplemento de la estatal. La respuesta, en distintas reuniones, ha sido que era muy complicado porque requería modificar la normativa, dice la decana de ese colegio, Belén Novillo. “Les hemos recordado que otras comunidades sí lo han hecho, pero no han querido. Si existe voluntad se hace”.

Berta Lago, activista de la iniciativa RMI tu derecho, incide en que el IMV es insuficiente. “Con 400 o 500 y pico euros es imposible vivir, máxime en una comunidad tan cara como esta”.

Más de 58.000 hogares madrileños disfrutaban en mayo del IMV, según el Gobierno central. Esto supone más del doble que los 28.643 perceptores de la RMI que había en la región en 2019. A pesar de este aumento, los expertos valoran muy negativamente la situación. “El IMV deja mucho que desear por su insuficiente cuantía y la burocracia”, critica Novillo, la decana de los trabajadores sociales. “Las familias sufren maltrato institucional a pesar de la rumorología falsa que dice que es muy fácil conseguir una prestación social”.

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