Cinco años del ingreso mínimo: tres millones de beneficiados pese a que muchos se quedan fuera

El 10 de junio de 2020, hace cinco años, el Congreso de los Diputados dio luz verde al ingreso mínimo vital (IMV), en plena pandemia de coronavirus y sin votos en contra. “Desde entonces ya ha llegado a un millón de hogares y tres millones de personas. Es una red de seguridad que ha evitado que miles de personas caigan en la exclusión”, ha sintetizado este lunes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En un acto en el que el Gobierno ha celebrado el aniversario de esta prestación para personas vulnerables, la primera de estas características con ámbito estatal, Saiz ha reconocido el reto pendiente: la brecha de cobertura, la proporción de potenciales beneficiarios que aún no acceden al IMV. Según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en 2023 eran el 56%, aunque la mitad de ellos sí perciben rentas mínimas autonómicas.

Según los últimos datos disponibles (de abril de este año), el IMV beneficia a 2,2 millones de personas, que residen en alguno de los 720.000 hogares que reciben la prestación. Esta cifra ha aumentado con fuerza en el último año, cuando el IMV alcanzaba a 1,77 millones de personas y 590.000 núcleos familiares. La prestación promedio es de 505 euros por hogar, frente a los 492 euros de hace un año.

Desde la puesta en marcha del IMV, en suma de perceptores presentes y pasados, la medida ha beneficiado a más de un millón de hogares y tres millones de personas. Una parte importante son menores de edad, para los que se destina el llamado complemento a la infancia. La ministra se ha comprometido a que crezca con fuerza en los próximos años, que su cobertura aumente un 40% hasta 2027, hasta beneficiar a 1,5 millones de menores.

“Nuestro objetivo es claro: que ningún niño o niña crezca condenado por su origen social”, ha dicho Saiz. La pobreza infantil es una de las asignaturas pendientes de España, una variable que ha empeorado según los últimos registros oficiales, como denunció recientemente el Consejo Económico y Social en su informe anual: “La tasa de pobreza infantil sigue muy por encima del promedio europeo (un 34,7% frente al 24,8%). Si bien se han realizado avances importantes en las políticas de protección social, la persistencia de estas brechas sociales no se corresponde con los niveles de desarrollo del país ni con los principios sociales del marco comunitario”.

Para ello, el ministerio también se pone como objetivo cerrar la brecha de cobertura. “Aún no es suficiente, queremos lucha contra esa brecha, que el IMV llegue a las personas con derecho a él pero que no acceden por desconocimiento o desconfianza”, ha indicado Saiz. En la misma línea ha profundizado el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez: “Es el gran reto que tenemos por delante, tenemos que llegar más lejos y mejorar el acceso a las prestaciones”.

Suárez ha subrayado que el IMV también es “una palanca de inclusión laboral a través del incentivo al empleo”: se refiere a la posibilidad de compatibilizar la prestación con un puesto de trabajo, de manera que las personas con menores ingresos no renuncien a ofertas poco estables por miedo a perder la prestación y no recuperarla.

El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Carlos Susías, ha reclamado al Gobierno que se esfuerce en cerrar esa brecha y a la vez ha reivindicado que el IMV “está muy por encima del sistema de rentas mínimas que tenían las comunidades autónomas, tanto en expansión como en intensidad”. Esta red de rentas mínimas se mantiene y complementa al IMV, con más o menos desarrollo en función de la autonomía. Saiz ha señalado a la Comunidad de Madrid como una de las que ha contraído su prestación autonómica.