Trabajo insiste en reformar el despido pese al rechazo del Supremo a las indemnizaciones adicionales

El Ministerio de Trabajo mantiene su intención de reformar la indemnización por despido improcedente para que se ajuste a lo que establece la Carta Social Europea, pese a la sentencia del Supremo de este miércoles que cierra la puerta a las compensaciones adicionales.

“Desde el respeto a las decisiones judiciales y a la espera de conocer el contenido definitivo de la sentencia, se recuerda que España ha ratificado la Carta Social Europea, cuyo cumplimiento garantiza íntegramente y adicionalmente el Gobierno, que hará efectivo el programa de coalición y su compromiso con la ciudadanía, que es reformar el despido”, informa fuentes del ministerio que dirige Yolanda Díaz.

Con esas declaraciones, Trabajo hace referencia a dos elementos en los que, en su opinión, descansa la justificación de abordar una reforma. El primero es la ratificación en 2021 de la Carta Social Europea, cuyo artículo 24 establece el “derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. El organismo encargado de interpretar este tratado, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), ha resuelto dos veces (primero ante una reclamación de UGT y luego ante otra de CC OO) que España viola ese artículo con su sistema tasado en días, que resulta en indemnizaciones escasas cuando la relación laboral ha sido corta y cuantiosas cuando ha sido larga.

El Supremo considera que la expresión derecho a una “indemnización adecuada” del artículo 24 “resulta literalmente inconcreta” y entiende que lo ahí expresado “no se trata de mandatos directamente aplicables, sino de declaraciones programáticas, de abierta interpretación, cuya virtualidad concreta exigiría una intervención legislativa”.

Y ahí, en esa intervención legislativa, prosigue la interpretación de Trabajo. El programa de Gobierno de PSOE y Sumar promete lo siguiente: “Establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”. Trabajo considera que las resoluciones del CEDS certifican que España no cumple la Carta, e insiste en esa lectura tras la sentencia del Supremo, así que insiste en que para cumplir el programa de Gobierno habría que reformar la normativa.

 “Que el despido en España no cumple con la Carta Social Europea no es una opinión. Es una afirmación incontrovertible. No es un problema de si estamos de acuerdo, es un problema de cumplir con nuestras obligaciones internacionales”, dijo el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una entrevista reciente con este periódico.

Trabajo viene insistiendo en esta línea, y de ahí que anunciase en junio del año pasado que abrirá una mesa de diálogo al respecto con los agentes sociales. El Ministerio de Economía, por su parte, viene haciendo una interpretación diferente y cree que España ya cumple con la Carta Social Europea. A las dudas socialistas se une el previsible rechazo a una modificación de los partidos de derechas que sostienen al Gobierno, como PNV y Junts.

Los empresarios, al contrario que los sindicatos, no quieren abrir este melón, que quedó fuera del perímetro de la reforma laboral. “Lo que plantea Europa es una reclamación que está ahí, pero que es lo que es”, ha señalado Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), tras la celebración de la Asamblea General de la patronal que ha tenido lugar este miércoles, informa Gorka R. Pérez. Garamendi, que venía defendiendo que la posición respecto a la legislación española del CEDS no es vinculante, ha celebrado que el fallo del Supremo concuerde con “lo que estábamos planteando nosotros”. “Desde hace más de un año muchos pronunciamientos se estaban amparando en una norma que Europa no exige, y que estaba generando una gran inseguridad jurídica”, ha remachado.

“El Estado español”, ha destacado UGT en un comunicado, “aceptó someterse al Protocolo de Reclamaciones Colectivas del Consejo de Europa”. De ahí que, conocidas las decisiones que daban la razón a este sindicato y a CC OO, UGT subraye que “no pueden ser reducidas a meras declaraciones simbólicas”. “Convertir en papel mojado los resultados de estos procedimientos debilita la seguridad jurídica, desprestigia nuestras instituciones y cuestiona el valor de los compromisos internacionales ratificados por España”, agrega UGT.

El sindicato de Pepe Álvarez va más allá: “Desoír lo resuelto por el órgano de garantías de la Carta Social Europea en un procedimiento contradictorio al que España se comprometió a acatar, supone una regresión en la tutela de derechos fundamentales. La sentencia, tal como ha sido anticipada, responde a una lógica puramente empresarial, que desconoce el desequilibrio estructural de poder en las relaciones laborales y legitima un modelo de despido libre, barato e injusto”. También destaca que “en España, tanto el Tribunal Constitucional como la Sala Tercera del Tribunal Supremo han sostenido que los tratados internacionales de derechos humanos y la doctrina de los órganos que los interpretan forman parte del canon constitucional de protección”.

CC OO también ha reaccionado al anuncio del Supremo con una posición muy crítica: “No es nueva la resistencia de nuestros tribunales a comprender integrado nuestro ordenamiento por tratados internacionales de contenido social y a aceptar la competencia en materia de interpretación y control de los órganos regulados para dicho cometido en esos tratados”.

El sindicato liderado por Unai Sordo subraya que al ratificar la Carta España “quedó voluntariamente vinculada al sistema de supervisión del cumplimiento de la Carta; lo que significa que queda sometida a las decisiones del CEDS como órgano competente, establecido por el propio tratado, para determinar si los Estados cumplen o no con sus obligaciones en relación con la Carta; así viene siendo reconocido por el propio Tribunal Constitucional, por el Consejo de Estado y por una amplia mayoría de la doctrina más especializada”.