La Fiscalía pide casi cuatro años de cárcel por fraude fiscal para la pareja de Ayuso

La Fiscalía ha pedido este miércoles tres años, nueve meses y un día de cárcel para el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el caso de fraude fiscal de 350.910 euros, según dos fuentes judiciales con conocimiento del caso. La noticia se conoce después de que la jueza de instrucción procesara a Amador, el paso previo a que se siente en el banquillo. Esta petición no excluye la posibilidad de que la pareja de Ayuso pacte una pena menor a cambio de reconocer su culpa, un acuerdo que será posible siempre que se cierre antes del juicio.

La petición de pena da por primera vez una idea de cómo valora el Ministerio Público la gravedad de los hechos. Amador, dueño de dos consultoras de sellos de calidad, usó 15 facturas consideradas falsas por Hacienda y confeccionadas por tres supuestos cómplices, con el fin de pagar menos en los impuestos de sociedades de 2020 y 2021, cuando sus ingresos crecieron considerablemente. El valor de esas facturas ascendía a 1,7 millones de euros y las incluyó para deducir indebidamente esos ingresos, según la inspección que le hizo la Agencia Tributaria.

Por ello, se enfrenta a una posible condena de dos delitos de fraude fiscal del 305 del Código Penal, castigados cada uno de ellos con penas de entre uno y cinco años, en concurso con un delito de falsificación en documento mercantil del 392 del Código Penal, con penas de entre seis meses y tres años.

En concreto, la Fiscalía pide un año y nueve meses por el fraude fiscal en el ejercicio 2020 del impuesto de sociedades, cuando Hacienda apreció que la cuota defraudada ascendía a 155.000 euros; y dos años y un día por el ejercicio 2021, cuando esa cuantía fue superior y llegó a 195.951 euros. El escrito pide como atenuante que se considere reparado el daño, ya que el empresario ha ingresado ya la cantidad defraudada.

La Fiscalía y Amador habían negociado un pacto en junio del año pasado por el que la pareja de Ayuso reconocía su culpa y aceptaba ocho meses de prisión. Este tipo de acuerdos de conformidad suelen permitir a los reos eludir el ingreso en prisión, siempre y cuando el juez así lo acuerde y no existan antecedentes penales.

Aquel acuerdo fue papel mojado porque el día que lo llevaban al juzgado, las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid objetaron y avisaron a la jueza de que el empresario debía ser investigado por otros delitos. La magistrada aceptó esa petición y finalmente abrió una pieza separada por los negocios de Amador con el grupo sanitario Quirónsalud.

La noticia sobre el escrito de acusación de la Fiscalía ha sido adelantada al final de la tarde por OK Diario, un digital que informa de una petición de seis años de cárcel. El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha comentado de inmediato esa noticia en la red X, insinuando que el presidente del Gobierno está detrás de la petición de la Fiscalía. “Sánchez, a la desesperada: el fiscal pide 6 años de cárcel a González Amador pero el que terminará en la cárcel es el fiscal General del Estado. Y ella… La de las saunas… Van tós pá’lante, se pongan como se pongan”.

La magistrada del juzgado de instrucción 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, procesó a Amador el 29 de mayo, tras un año y dos meses de investigación. Esta decisión suponía que Iglesias se preparaba para enviar el caso a la Audiencia Provincial, que será la encargada de juzgar al empresario.

Antes de dictar el auto de apertura oral, la jueza debe recibir los escritos de las partes. Fuentes de las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid le dicen a este diario que aún no han enviado los suyos. El juicio tardaría aún varios meses en celebrarse.

La jueza Iglesias está tomando las últimas decisiones en el caso antes de retirarse ya que ha comunicado su decisión de jubilarse. Según habían adelantado fuentes de los juzgados esta iba a ser su última semana antes de colgar la toga, porque el mes de agosto tomará sus vacaciones, antes de que la jubilación sea efectiva.

Iglesias dejará a medias el otro procedimiento que abrió contra Amador, por un presunto soborno en el ámbito empresarial. En esa pieza, la pareja de Ayuso es investigado por un pago sospechoso de medio millón a un ejecutivo de Quirón que le ha dado negocio durante años.

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