UGT insta al Consejo de Europa a que exija a España una reforma de la indemnización por despido

El sindicato UGT eleva la presión al Gobierno para que aborde una reforma de la indemnización por despido improcedente. Este jueves ha presentado un escrito dirigido al Consejo de Europa, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que reclama “medidas de ejecución efectiva por el Estado español” de la decisión de fondo que tomó el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Este órgano dependiente del Consejo de Europa señaló el año pasado que España incumple la Carta Social Europea con su normativa sobre indemnización por despido improcedente.

“El Estado español, a través de todos sus poderes públicos, en especial el legislativo, pero también el ejecutivo y el jurisdiccional, está obligado al cumplimiento efectivo y sin demora de las obligaciones que se fijan en la Carta Social Europea“, interpreta el sindicato que dirige Pepe Álvarez.

El escrito de petición de medidas de ejecución efectiva por el Estado español alude a la decisión de fondo del CEDS del 20 de marzo de 2024 y a la recomendación del mismo órgano del 27 de noviembre del mismo año, exigiendo su cumplimiento efectivo. UGT subraya que el Gobierno aprobó en abril el plan anual normativo (PAN) de 2025, que incluye una reforma legal de “garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea, reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”. Pero , a la vez, recuerda que ya incluyó este cambio en el plan normativo de 2024, una respuesta que considera “débil”.

“La previsión en el PAN 2025 es muy vaga y no se específica que, entre las garantías para cumplir con la Carta, estén la reforma de las indemnizaciones, ni la recuperación de los salarios de tramitación, ni mucho menos la posibilidad de que se acuerde la readmisión de la víctima del despido injusto”, protesta UGT. El sindicato también indica que ni el Ejecutivo español ni el poder legislativo han anunciado “medidas concretas para adecuar el proceso de despido improcedente a lo resuelto” por el CEDS.

Ante este panorama, el escrito reclama al Consejo de Europa “que se requiera al Estado español para un cumplimiento efectivo del artículo 24 de la Carta Social Europea [que reconoce el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada], mediante una ejecución adecuada e inmediata de sus obligaciones”.

Para que ello se haga realidad, el sindicato pide que se incluyan en las compensaciones por despido injustificado o improcedente, entre otras medidas, los salarios de tramitación. Así es como se conoce al reembolso de las pérdidas económicas sufridas por el trabajador entre la fecha del despido y la decisión del órgano de apelación. Además, UGT también exige la posibilidad de readmisión de la persona trabajadora, y una compensación “de cuantía suficientemente elevada que disuada al empleador y repare el daño sufrido por la víctima”.

El sistema de despido tasado en días de España, que establece un máximo de 33 días de salario por año trabajado con un tope 24 mensualidades, resulta en compensaciones cuantiosas cuando la relación laboral ha sido larga, pero a la vez produce indemnizaciones ínfimas cuando ha sido corta.

Fragilidad parlamentaria

Esta reclamación de UGT se ve reforzada por otra resolución del CEDS, en este caso ante una reclamación de CC OO, en la que el organismo europeo también dicta contra la normativa española por despido improcedente aunque todavía no se ha publicado. El Ministerio de Trabajo dijo tras la primera resolución que convocaría a los agentes sociales para abordar una reforma, pero aún no lo ha hecho. Meses después, dice estar pendiente de que se haga pública la respuesta a CC OO para tomar ambas resoluciones en cuenta.

Con el actual equilibrio de fuerzas del Congreso, cuesta imaginar que prospere una reforma de esta características. Las formaciones de la derecha están manifiestamente en contra de cambiar la indemnización por despido. Distintas fuentes del diálogo social vienen apuntando que este cambio tiene aún menos posibilidades de fructificar que la reducción de jornada.

Ni siquiera hay consenso dentro del Gobierno, con Economía en contra de abrir este debate, en línea con el planteamiento patronal, pese a los pronunciamientos del Consejo de Europa. El Tribunal Supremo reforzó esta posición en diciembre del año pasado, al cortar el paso a las indemnizaciones adicionales que venían concediendo algunos juzgados. Sin embargo, reconocía que no tomaba en cuenta la ratificación de la Carta Social Europea en 2021, con lo que se espera un nuevo pronunciamiento que termine de fijar doctrina.